Aarón Sequeira. 17 junio
La Policía de Control Fiscal es una de las que tendrá acceso al archivo. Foto cortesía MSP.
La Policía de Control Fiscal es una de las que tendrá acceso al archivo. Foto cortesía MSP.

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, una iniciativa legal que permite el acceso a los archivos criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a todos los cuerpos policiales del país y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El proyecto de ley, bajo expediente legislativo 20.997, tuvo votos afirmativos de los 47 legisladores presentes al momento de la votación y recibirá el segundo debate el próximo 20 de junio.

La intención de la reforma a la ley del OIJ es que las policías y la oficina encargada de las naturalizaciones en el TSE puedan hacer consultas sobre las personas y determinar si tienen expedientes criminales activos.

De igual manera, las consultas permitirían verificar datos de identificación de las personas derivados de reseñas policiales, así como consultar fotografías y asuntos pendientes, como capturas de personas, de vehículos o presentaciones ante la justicia.

El proyecto surgió del seno de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa, como una modificación del artículo 41 de la Ley Orgánica del OIJ.

La idea es mantener el carácter confidencial de los datos contenidos en el archivo criminal de la policía judicial, pero permitirle a las demás policías hacerle consultas necesarias para su labores diarias.

Actualmente, pueden acceder a ese archivo el OIJ, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales que conocen de asuntos penales.

La reforma abriría posibilidades para la Policía de Control Fiscal (PCF), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Policía de Migración y Extranjería, por ejemplo.

En colaboración con los diputados, apoyaron la aprobación en primer debate de la iniciativa el ministro de Seguridad, Michael Soto, y la Oficina de Archivo Criminal del OIJ.

El presidente de la Comisión de Seguridad, el liberacionista Gustavo Viales, aseguró que resulta necesario “estrechar esfuerzos de forma interinstitucional para que los cuerpos policiales puedan tener acceso a la información criminal”.

Alegó que el propósito principal del proyecto aprobado es mantener identificadas a las personas que cometen delitos y los diferentes tipos de actividades criminales que desarrollan.

“De esa manera, el Ministerio de Seguridad puede limitar o negar servicios a individuos no aptos o potencialmente delictivos”, dijo Viales.