La figura de Ángel Tobías Arce Alpízar, de 64 años, fue clave dentro del esquema de presunto pago de dádivas a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), por parte de empresas proveedoras, a cambio de ventajas en sus negocios.

Aunque no era funcionario público, se le veía muy seguido en las instalaciones de la entidad pública.

Para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, Tobías Arce servía de enlace entre firmas contratistas del Estado y empleados del Conavi que podían acelerar el pago de facturas y emitir informes favorables para las diferentes compañías.

Además, los servidores que al parecer recibían las dádivas podían acceder a información confidencial del Conavi.

En suma, Arce era el mensajero de al menos 11 empresas que, en mayor o menor medida, utilizaron sus servicios entre noviembre del 2019 y principios del 2021, dice el expediente judicial del Caso Cochinilla.

Arce es señalado por el OIJ como un gestionador para las empresas, con una función clave de intermediario y, según la investigación, de agente corruptor.

La pesquisa judicial determinó que al menos 11 contratistas lo emplearon para entregar dinero en efectivo y regalos en especie a funcionarios de departamentos clave del Conavi.

Entre esas compañías, la constructora MECO fue la principal empleadora de sus servicios.

Junto a Tobías Arce trabajaba su hijo Alex Arce. Ambos fueron detenidos durante los allanamientos que realizaron las autoridades judiciales el lunes, como parte de la investigación de Caso Cochinilla.

Aparte de MECO, dice el expediente, también recurrieron a los servicios de Tobías Arce las firmas Dinaju S. A., Galindo Solutions S. A., Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc), Constructora FCC, Constructora Herrera, Montedes, LGC, Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S. A. (Cacisa), la constructora española Puentes y Calzadas y Constructora Santa Elena de Poás.

La Policía Judicial reconoce en Tobías Arce una de las figuras más importantes de toda la estructura, pues, dice, como intermediario entre empresarios e instituciones, buscó acelerar los procesos de pago y, con eso, cobrar comisiones.

“La función que cumple este imputado es esencial, pues además de evitar que los empresarios se vean expuestos, también parece ser una persona con suficiente capacidad de acceso a los funcionarios comprometidos con el objeto criminal, lo que facilita, a través de las dádivas, afianzar una impresionante red de contactos facilitadores”, dice el expediente judicial.

El mecanismo con el que operó Tobías Arce, dice el documento, fue justificar las dádivas mediante aparentes facturas falsas a nombre de la sociedad Trac Pesados.

Las facturas de esta sociedad, añade, le permitían “disimular la ilegalidad de sus pagos”.

En el caso del Meco, el expediente judicial precisa que las facturas de Trac Pesados, por falsos servicios profesionales, eran usadas para justificar la salida del dinero y cobrárselas a la propia Administración.

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Entre los principales receptores de los regalos y pagos en dinero que hacían las empresas a través de Tobías Arce estaba el exgerente financiero del Conavi, Carlos Solís Murillo, concluyen en el informe las autoridades judiciales.

Agrega que para la realización de sus actividades, principalmente en asociación con Abel González Carballo, gerente de Operaciones de MECO, Arce contaba con el aval de Carlos Cerdas Araya, propietario de la firma constructora.

Incluso, Arce Alpízar decidía a quién sí había que darle premios y regalos y a quién no, como consta en una conversación telefónica que sostuvo con una empleada de la compañía Puentes y Calzadas.

Entre los regalos que daba, están botellas de licor de ¢20.000, pagos de diversos montos, desde ¢30.000 hasta ¢600.000, así como la promesa de entregar ¢1,5 millones.

Igualmente, fue el articulador de desayunos, almuerzos y consumo en bares para grupos de funcionarios del Conavi, en diferentes momentos.

El OIJ describe que Arce era un tramitador de facturas para MECO o cualquier compañía que le pagara por ser intermediario y, pese a no ser un funcionario público, “todos los días su presencia se intercala entre el MOPT, el Conavi, Aviación Civil y algunas municipalidades”.

“Gracias a la interceptación de las comunicaciones, se logró establecer que Tobías Arce es una pieza fundamental de constructora MECO”, dice también el expediente.

La pesquisa también estableció que él no cotiza formalmente para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) desde el 2006 y no aparece como empleado de ninguna empresa.

Por esas actividades de Tobías Arce y la condición fundamental que desempeñó en las “actividades criminales de la organización” y la “naturaleza misma de sus movimientos”, el OIJ y el Ministerio Público presumen la responsabilidad penal del individuo.