Josué Bravo, Esteban Oviedo.   18 marzo
El edificio del Infocoop en San José, calle 20. Foto: Alonso Tenorio

Con dinero público, el Estado destina cada año miles de millones de colones a un fondo de préstamos para cooperativas que, si fuera un banco regulado, ya estaría en un grave grado de irregularidad.

Se trata de la cartera de créditos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la cual asciende hoy a más de ¢170.000 millones distribuidos en 325 préstamos activos.

¿Cuál es la situación actual de este fondo exclusivo? El grado de morosidad es muy alto, el dinero se concentra en solo 30 de las más de 700 cooperativas existentes y la distribución es muy desigual por zonas del país: en Limón la inversión es casi nula, por ejemplo.

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Además, la mayor parte del dinero se destina a cooperativas de ahorro y crédito, es decir, a empresas cooperativas que se dedican al negocio de préstamos de dinero. Allí, la inversión suele ser más segura.

En tanto, el dinero concedido a cooperativas agroindustriales y de servicios tiene altos índices de morosidad.

Así se desprende de un análisis de este medio sobre la base de datos del Infocoop.

La cuarta parte de los 325 créditos está morosa, ya sea en cobro judicial o con más de 180 días de atraso en el pago de las cuotas, es decir, seis meses.

Por cantidad de dinero, los préstamos en problemas equivalen al 17% de la cartera total.

¿Qué pasaría con un banco si el 17% de su cartera entra en irregularidad? Pasaría mucho, pues la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) considera anormal cuando más del 3% entra en cobro judicial o en una morosidad superior a 90 días, ni siquiera a 180 días, como ocurre en el Infocoop.

Si el porcentaje en problemas supera el 15%, la Sugef considera que existe una “irregularidad grado 3”. Si ese deterioro se suma a otros como iliquidez o mala rentabilidad, el ente regulador exigiría un plan de acción o incluso podría intervenir la institución, con el fin de proteger el dinero de los ahorrantes.

En el caso del Infocoop, el cual está exento de regulación financiera, la mayor parte del dinero proviene de las ganancias de los bancos públicos, los cuales están obligados por ley a girar cada año el 10% de sus utilidades al Infocoop.

Solo entre el 2013 y el 2018, el Instituto recibió ¢48.560 millones de los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR).

Con ese dinero, el Infocoop ha girado préstamos a cooperativas con tasas hasta del 2% anual y, aun así, entran en problemas de morosidad.

Tal es el caso de los ¢5.530 millones otorgados en el 2014 al ingenio Atirro de Turrialba (Agroatirro), operación que entró en cobro judicial.

Concentración en 30 cooperativas
30 cooperativas concentran casi el 75% de la cartera de crédito. Fuente: Infocoop.

El 4% de las cooperativas acapara el 74% de los préstamos del Infocoop.

Ante el Ministerio de Trabajo están registradas 731 organizaciones de este tipo. Sin embargo, de estas solo 156 tienen préstamos con el Instituto, de las cuales 30 concentran casi ¢127.000 millones.

La que más crédito tiene es la Cooperativa Agroindustrial de Servicios Múltiples de Productores de Palma Aceitera (Coopeagropal), ubicada en la zona sur. Esta obtuvo casi ¢7.800 millones mediante cuatro operaciones firmadas en el 2015 y una en el 2016, con una tasa del 9% anual cada una.

Según la base de datos del Infocoop, Coopeagropal tiene más de seis meses de morosidad y adeuda la totalidad de lo prestado.

Dentro de las 30 cooperativas con mayores créditos, cuatro están morosas o en cobro judicial. Otra del sector agroindustrial en esa condición es el Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y Montes de Oro R.L. (Coocafé), que acumuló ¢5.370 millones en dos operaciones. Una está regular y la otra con más de seis meses de morosidad.

De hecho, el presidente Carlos Alvarado participó en diciembre de 2016 en la aprobación del primer crédito por ¢2.875 millones –el cual está al día–, cuando era directivo del Infocoop como ministro de Trabajo.

Luego, Coocafé obtuvo otro préstamo por ¢2.492 millones en el 2017, a una tasa del 9%, el cual está en problemas.

La cuarta cooperativa es Coopeaserrí, dedicada a los préstamos de dinero. Esta obtuvo ocho créditos por ¢1.700 millones durante el gobierno de Laura Chinchilla, pero quebró y, hace tres años, el Juzgado Civil y de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José (Desamparados) ordenó su cierre y disolución.

Agroindustria y servicios, los que menos reciben

De la cartera total de créditos del Infocoop, el 45% fue concedido a negocios de préstamos de dinero, mientras que el 30% a la agroindustria y el 25% a los servicios.

Estos dos últimos sectores son los que menos reciben y, a la vez, los que más problemas tienen.

El 35% del dinero prestado a cooperativas de agroindustria está moroso o en cobro judicial, una cifra muy alta.

En el caso de las empresas cooperativas dedicadas a servicios, el porcentaje en problemas es de un 20% y, en ahorro y crédito, de solo el 2%.

Análisis de créditos vigentes desde 1999. Fuente: Infocoop.
Créditos casi ausentes en zonas más pobres del país

En Limón, el Infocoop solo tiene colocado el 1% de su cartera. En Guanacaste, está el 4% y, en la zona norte, el 11%.

En cambio, la región central, si bien es la más poblada, concentra el 64% de la cartera.

Las regiones periféricas suelen tener índices de pobreza mucho más altos que la central, según la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por ejemplo, mientras en la GAM la pobreza es de un 16,7%, en el Caribe es de un 27,4%.

Mayor monto en problemas otorgado en gobierno de Solís

La mayor parte de los créditos del Infocoop que están morosos o en cobro judicial fue otorgada durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

De los ¢28.500 millones en problemas, casi ¢20.000 millones tuvo su origen en la administración anterior.

¢8.900 millones tienen más de seis meses de morosidad y casi ¢11.000 millones están en cobro judicial.

Prácticamente, el 90% de los préstamos del Infocoop en cobro judicial nacieron en el gobierno de Solís, así como la mitad de los que tienen más de seis meses de morosidad.

En la lista, además de los créditos de Coopeagropal y Coocafé, está el de Coopevaquita, ubicada en Corredores y dedicada a la palma aceitera, con una deuda de ¢528 millones y con más de seis meses de morosidad.

Coopevaquita obtuvo la operación el 8 de diciembre de 2015. El saldo actual es de ¢226 millones.

También, exceden los 180 días de mororidad, Agroatirro, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Costa Rica R. L. (Fenacoot) y la Cooperativa Autogestionaria de Servicios de Transporte en Costa Rica R. L. (Coopecostarica).

Fenacoot obvuto un crédito de ¢1.000 millones y Coopecostarrica tres créditos por ¢730 millones en total.

El gobierno de Solís tenía el modelo de economía social solidaria (ESS) como eje clave de su política de gobierno para combatir la desigualdad y la pobreza. La idea era que, entre otros, el sector cooperativo fuera uno de sus pilares.

El Gobierno definió la ESS como las actividades económicas y empresariales realizadas en el ámbito privado por entidades y organizaciones, para satisfacer el interés colectivo de quienes las integran y el interés general, económico y social de los territorios donde se ubican.

En el año 2015, Solís firmó un decreto con el que se declaró de interés público el fomento y desarrollo de las organizaciones y empresas de la ESS.

Ese mismo año, el diputado Víctor Hugo Morales Zapata, electo en la papeleta del PAC, promovió en la Asamblea Legislativa el proyecto Ley Marco de la Economía Social Solidaria, pero la iniciativa no prosperó.

El proyecto pretendía impulsar a través del Estado las actividades productivas de empresas del cooperativismo, el sindicalismo y el solidarismo, así como de asociaciones de productores o de artesanos, entre otras.