Política

Terrenos ociosos del Estado serían subastados para bajar deuda pública, pero el PLN se opone

La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa dictaminó, afirmativamente, un proyecto de ley que autorizaría a todas las instituciones del Estado a vender activos ociosos, con tal de obtener recursos frescos para pagar deuda pública.

La iniciativa, propuesta por el diputado fabricista Jonathan Prendas desde el 31 de julio del 2018, se dictaminó esta tarde en esa comisión con cinco votos a favor y dos en contra de diputados de Liberación Nacional (PLN).

El proyecto autorizaría a las instituciones para que, a partir de un inventario anual de sus bienes muebles o inmuebles, determinen cuáles pueden ser calificados como ociosos para traspasarlos al Ministerio de Hacienda.

Una vez que esa Hacienda tenga dominio sobre ellos, deberá realizar subastas públicas para venderlas y usar el dinero para destinarlo al pago de la deuda pública.

“El producto de la subasta pública ingresará íntegramente al erario público y será destinado, en su totalidad, al servicio de la deuda pública”, dice el artículo 6 de la iniciativa.

Los inventarios, previo al traspaso a Hacienda, deberán estar listos el 31 de marzo de cada año. Si en alguna institución no existen terrenos ociosos, deberá quedar registrado en el informe.

El mismo texto define que, para sus efectos, se entenderá por activo ocioso “aquel bien mueble o inmueble que, estando disponible para su uso, en la ubicación y en las condiciones esperadas, requeridas y necesarias para utilizarlo, no genere utilidades o beneficios ni se le pueda dar el uso previsto para el que fue adquirido”.

La deuda pública subió en ¢2,6 billones (millones de millones) en solo nueve meses, entre enero y setiembre de este año. Tras ese incremento, el saldo al 30 de setiembre alcanzó a ¢23,8 billones, equivalentes a un 68,4% del producto interno bruto (PIB).

Por su parte, para este año, el Ministerio de Hacienda proyecta un déficit fiscal del 9,3% de la producción.

Carece de datos

Sin embargo, el plan de Prendas no estima cuántas propiedades ociosas pueden estar en poder de las instituciones públicas y, tampoco, hace un cálculo de cuánto sería el impacto en la reducción de la deuda.

“El primer paso al aprobar esa ley es hacer ese listado. El gobierno debe ver qué tiene y qué no usa”, justificó el fabricista.

Su propuesta, según comentó a este medio, nació en el 2018 a raíz de una consulta de su despacho al Gobierno, con tal de conocer qué propiedades ociosaa se podrían vender o destinar a proyectos específicos.

En aquella ocasión, agregó Prendas, el Gobierno no logró responder cuántos terrenos o vehículos, por ejemplo, tenía disponibles para esos fines.

“Eso nos motivó a plantear este proyecto de ley y decirle al Gobierno haga cada año una lista de los activos ociosos que tiene. Defina si los va a tener ociosos o los va a poner en funcionamiento y, a partir de ahí, ahora sí, pues véndalo y genere esa plata para amortización de la deuda que tiene el país”, explicó.

En la actualidad, la Ley de Contratación Administrativa faculta a las instituciones a deshacerse de bienes de ese tipo.

No obstante, la legislación no especifica el destino de los recursos obtenidos por la venta. Esa falta de claridad podría estar generando un vacío jurídico que, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, haría que las instituciones eviten venderlas.

El retenerlas, continúa la justificación, provoca "costos asociados a su mantenimiento y resguardo”.

Por tal motivo, el texto autoriza su venta e indica que, en el proceso de traspaso a Hacienda, deberá participar la abogacía del Estado y tiene que ser del conocimiento de la Contraloría General de la República (CGR).

En cuanto a la subasta, esta deberá cumplir con los lineamientos de la Ley de Contratación Administrativa.

Dentro de un plan de ajuste fiscal que sería presentado al Fondo Monetario Internacional (FMI), comunicado al país en el mes de setiembre, Zapote propuso generar ingresos por ¢54.755 millones mediante la venta de terrenos ociosos del Estado.

No obstante, el plan fue retirado tras el cuestionamiento generalizado de los sectores por estar recargado de impuestos.

La idea se retomó en el diálogo multisectorial convocado por el Gobierno y, el pasado sábado, ese foro avaló ese tipo de ventas como parte de las medidas temporales de ingresos. Se estimó el ingreso en al menos un 0,20% del PIB, unos ¢70.000 millones.

Dictaminaron afirmativamente la iniciativa Prendas y su compañera del bloque fabricista Nidia Céspedes; Víctor Morales Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC); Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y el independiente Dragos Dolanescu.

En contra votaron los liberacionistas Jorge Fonseca y David Gourzong.

Gourzong, previo a votar por el fondo, pidió la palabra para recordar las observaciones hechas al plan por parte de Hacienda y la PGR.

“Hacienda dice que se considera jurídicamente innecesario, en tanto que se basa en normativa derogada y deja por fuera la consideración de procedimientos ya existentes”, justificó el verdiblanco.

Se quejó de que el plan limitaría la donación o préstamo de propiedades a otras entidades y que la Contraloría señaló que la redacción no presenta elementos distintos a versiones de propuestas anteriores.

“Resulta conveniente que se realice un estudio que permita estimar cuánto sería el monto estimado de abono a la deuda pública”.

“Eso implica que tienen que haber peritajes previos de esos bienes para decidir lo que significa eso y la Contraloría recomienda tener certeza de que estos, en el futuro, no van afectar los planes en el Estado”, agregó el liberacionista.

Ahora, la iniciativa deberá pasar al plenario legislativo, con sus respectivos informes de mayoría y minoría, en un plazo no mayor de ocho días hábiles, donde deberá recibir mociones de revisión.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.