La Sugef les advirtió a los diputados de que algunos bancos no soportarían una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de los créditos bancarios, aunque esta se aplique solo a cuatro productos crediticios.

Así se refirió la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) al borrador más reciente del proyecto de ley para autorizar una moratoria bancaria para las personas y empresas afectadas económicamente por la crisis del coronavirus.

El plan, que se discute en una mesa legislativa virtual, se centraría en las carteras de préstamos personales, de vivienda, vehículos y consumo (incluidas tarjetas de crédito).

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Sin embargo, este fin de semana, la Sugef les indicó a los legisladores que esa medida "generaría tensiones de liquidez que podrían poner en peligro la estabilidad del sistema financiero”.

Así se lo comunicó a la mesa legislativa, el superintendente general de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro.

“En el global, el sistema financiero nacional (SFN) resiste la moratoria, pero individualmente no se puede obtener esa conclusión”.

“Eso significa que el análisis detallado de impactos nos permite concluir que la medida propuesta generaría tensiones de liquidez que podrían poner en peligro la estabilidad del sistema financiero", afirmó Alfaro.

Aunque en la comunicación no se detalla el número de bancos que sufrirían problemas de liquidez, Alfaro explicó que, entre las semanas seis y ocho después de que se aplique la moratoria, “la medida empieza a tener efectos sistémicos importantes”.

En ese sentido, los diputados de la mesa decidieron elaborar una nueva propuesta que acorte la moratoria a ocho semanas.

Luego, quedaría a criterio de los bancos decidir si el plazo de la prórroga se podría ampliar por más tiempo.

Así lo explicó Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien es el encargado de plasmar en un texto borrador los acuerdos que, durante las reuniones virtuales, logran los congresistas de la mesa.

“Hicimos algunos ajustes, vamos arreglar el tema del texto para ir aterrizando una posibilidad de moratoria durante ocho semanas, que no sería una afectación al sistema financiero. De acuerdo con lo que dice Sugef, ocho semanas no implicarían mayores riesgos”, explicó el socialcristiano.

Si durante ese plazo ocurriera alguna afectación a un banco, este podría recurrir a mecanismos existentes como el Mercado Integrado de Liquidez (MIL), añadió el diputado.

El MIL lo organiza el Banco Central de Costa Rica (BCCR). A través de él, sus participantes negocian entre sí operaciones diferidas de liquidez, en moneda nacional y extranjera, garantizadas y no garantizadas.

Abarca afirmó que se mantendrían en pie el resto de filtros contemplados en la propuesta de ley: la moratoria solo aplicaría para los afectados económicamente por la emergencia con créditos de cuatro tipos y los beneficiarios no deben tener una mora mayor a los tres meses.

Además, la mora no se aplicaría a las cuotas de seguro de cada préstamo.

Tampoco podrían acceder las operaciones hipotecarias ni prendarias que cuenten con una póliza de desempleo en la que una aseguradora se comprometió a pagar las cuotas del crédito por 11 meses, mientras la persona se reubica en otro trabajo.

En todo caso, aquellos clientes que apliquen al beneficio deberán cancelar las cuotas una vez que venza el crédito, en un periodo similar al de la moratoria.

Cobros judiciales

Tanto Pablo Heriberto Abarca como Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), explicaron que la mesa virtual legislativa también evalúa aplazar por tres meses los cobros judiciales de los créditos en mora.

El socialcristiano, no obstante, aclaró que esa propuesta es incipiente.

Ramos dijo: “Ese periodo para la no ejecución de garantías no puede ser por ocho semanas. Se dijo que tiene que ser mucho mayor porque este es un estado de excepción que implica, también, medidas excepcionales. Porque la gente que no puede pagar no es por su propia voluntad, sino por una situación de la economía mundial”.

Según el diputado oficialista, otra propuesta que se evalúa consiste en incluir al sector financiero no regulado y que algunas instituciones financieras no cobren intereses sobre los intereses de los créditos.

“El tema de la capitalización de los intereses (pago de intereses sobre intereses) está prohibido en el artículo 505 del Código de Comercio. Por lo tanto, deberíamos también retomar eso y dejarlo claramente establecido”, añadió Ramos.

También, según indicó, se pretende retomar la iniciativa de reforzar la Central de Información Crediticia (CIC) o de información de deudores, ampliando el espectro de información de los deudores al que este sistema puede acceder.

El CIC ayudaría a que los bancos conozcan el nivel de endeudamiento de las personas, con el fin de ponerles un límite.

“Y si alguna de las entidades insiste en prestarle a alguien que está sobre el límite, bueno, que sea bajo su riesgo y que no contamine las carteras de otros”, expuso Ramos.