Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC, defendió ayer al aspirante que él postuló para diputado en el tercer lugar de la papeleta de San José: el dirigente cooperativo, Víctor Morales Zapata.
Solís sostuvo que Morales ha dado explicaciones satisfactorias sobre cuestionamientos a su labor cuando fue presidente del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Luego de que el candidato anunciara su intención de que el líder cooperativista llegue a la Asamblea Legislativa en el 2014, empezaron a llegar documentos sobre cuestionamientos a Morales a los medios de comunicación.
Al respecto, Solís dijo: “Él ha tenido que enfrentar muchas acusaciones desde que estaba en el movimiento cooperativo. Si esto es un segundo piso de esos procesos, administrado por enemigos personales, hay descargos para esas acusaciones. Me parece que son satisfactorios. Si hay otras, quiero ver cuáles son”.
Añadió que no sería correcto que los cargos se discutan sin que nadie se haga responsable de presentarlos. Así lo afirmó en la asamblea que el Partido Acción Ciudadana (PAC) celebró ayer para escoger a sus aspirantes a diputado.
Morales enfrenta una demanda de cobro judicial del Infocoop por un tiquete aéreo que costó poco más de ¢1 millón.
El caso se remonta a abril del 2007, cuando él presidía esa entidad. El Instituto compró el tiquete para que el dirigente participara en un encuentro cooperativo en España. Sin embargo, él se abstuvo de ir, por lo que la entidad se lo cobró.
Morales argumentó que depositó el monto del tiquete en marzo del 2010 al ser notificado del proceso judicial, pero que el Infocoop insistió en cobrar intereses a lo que él se opuso y el caso sigue en juicio.
Según dijo, desistió de ir al viaje porque sabía que, al calor de la discusión del TLC con Estados Unidos (al que él se oponía), no sería reelegido en el cargo en mayo del 2007. En su criterio, la entidad debió redireccionar los recursos del tiquete.
Al 30 de junio de 2013, Morales aparecía en una lista de deudores del Banco Popular con más de 30 días de atraso. No obstante, ayer mostró documentos, según los cuales está al día con dos créditos por más de ¢100 millones con esa entidad financiera.
En su criterio, estos cuestionamientos son un “tema político” porque él conoce bien el sector.