El miércoles 10 de diciembre sirve para explicarlo: el presidente Luis Guillermo Solís estaba en México acompañados de dirigentes empresariales en actividades de atracción de inversiones, mientras el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, se asentaba en la Asamblea Legislativa para encaminar una decisión que iba a enfadar con seguridad a esos dirigentes empresariales.
El partido Frente Amplio, respaldado por algunas cúpulas sindicales, presionaban fuerte para que Solís retirara el veto al Código Procesal Laboral, como finalmente ocurrió el viernes 12 de diciembre.
Entonces se desató el enojo de algunos de los dirigentes empresariales que tres días antes estaban corteses presentando al mandatario tico en círculos de inversionistas en el Distrito Federal. Dos meses antes estaban felices con la respuesta dada por el Gobierno a la huelga en los puertos de Limón, con acción policial y contratando personal sustituto.
Este es el dilema del gobierno de Luis Guillermo Solís, que tras ocho meses de gestión comienza este 2015 aferrado a sus malabares para evitar quedar mal con sectores importantes o con partidos representados en la Asamblea Legislativa.
Ante la fragmentación política y las demandas variadas de sectores, Solís prometió diálogo y parece haber cumplido, pero los sectores y partidos ven más allá y no lo consideran suficiente, sino como la base de contradicciones o indefiniciones.
Aunque coinciden en la disposición al diálogo, sus resultados tienen inconformes a los aliados de Frente Amplio (FA) y a los opositores del Partido Liberación Nacional (PLN), así como a la Unión de Cámaras (Uccaep) y al sindicato de ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos).
Estos son solo algunos grupos, parte de las decenas de interlocutores de índole política, ambiental, productiva o social. La discusión del presupuesto de este año, por ejemplo, tuvo presión de instituciones públicas, como la misma Corte Suprema de Justicia o las universidades.
“El problema son las señales contradictorias a la hora de la toma de decisiones”, concluyó Ronald Jiménez, presidente de Uccaep
De manera similar lo resume Albino Vargas, secretario general de ANEP, no sin antes declararse contento por la “buena relación” con el Gobierno. “Tiene una política oscilante”, declaró, aunque “podría ser una virtud para salir avante con la fragmentación política y social”.
El jefe de los diputados liberacionistas, Juan Luis Jiménez Succar, cree que la relación del Ejecutivo con los sectores es incierta. “Es una relación muy rara, penumbrosa. No ha habido una decisión firme. Un día amanece bien con un sector y otro día con otro”, señaló el legislador, quien opina que eso causa “falta de certeza jurídica” y afecta la economía.
Incluso Gerardo Vargas, vocero de la bancada de Frente Amplio socia del Ejecutivo, encuentra ineficaz el diálogo oficialista.
“Hay apertura a todos. El presidente ha hablado con empresarios, sindicatos, grupos campesinos y está bien, pero el tema no es ese. Quiere quedar bien con todos y entonces le cuesta perfilar su gobierno a un lado y a otro. Lo considero más bien una debilidad. A veces quiere quedar bien, pero diay, otro sector se le enoja. Está como en la cuerda floja”.
Así lo ve Vargas, jefe de Frente Amplio, cuyos votos sostienen al Partido Acción Ciudadana (PAC) en la Presidencia del Congreso, con ayuda del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
FA y socialcristianos son una suma que, de por sí, representa otro dilema para el PAC.
Para esta información no fue posible hablar con el ministro Jiménez ni con su viceministro Daniel Soley, pues no contestaron sus celulares.
Meses atrás, el presidente Solís reconocía la dificultad de atender intereses particulares de sectores. “Vamos a tener que entender que no existe ninguna posibilidad de resolver los mayores nudos del desarrollo social pensando que lo que perjudica al otro me beneficia a mí, en una suerte de suma cero muy perversa.
“Me atormenta la idea de entramparnos en un debate que lleva a una fragmentación abusiva de los sectores, en detrimento del interés general (...) Espero que seamos sabios para ello”, dijo en agosto, al cumplir sus 100 días.
Después lanzó el proceso de “mesas de diálogo”, el cual ha recibido críticas de los participantes, como la ANEP y el PLN.