Mediante un sobrevuelo de la Fuerza Pública por la zona, el Gobierno de Costa Rica confirmó que Nicaragua retiró el campamento militar que había instalado en la playa de isla Calero, al extremo norte, frente al mar Caribe.
El destacamento fue trasladado a unos 150 metros al sur, ya en suelo nicaragüense, propiamente en la playa de la laguna Los Portillos, que colinda con la zona donde se encontraba antes el puesto.
Según la Cancillería, la verificación se realizó el pasado 6 de febrero, cuatro días después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconoció la soberanía costarricense sobre ese territorio y ordenó la salida de los militares nicas.
Ese mismo día el alto Tribunal con sede en la Haya, Holanda, reiteró que isla Calero es en su totalidad de Costa Rica, salvo la laguna Los Portillos (Harbor Head) y su playa, que son territorio de Nicaragua.
Para acceder a esa zona, los nicaragüenses deben hacerlo por el mar, pues el territorio que rodea la laguna es de soberanía costarricense.
Posteriormente, el 12 de febrero, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, remitió una nota a su contraparte tica, Manuel González, informando sobre el cumplimiento de la sentencia del tribunal con sede en La Haya, Holanda.
"Hago de su conocimiento que el 3 de febrero del 2018 fue trasladado el campamento militar a que se hace referencia en los párrafos 77 y 78 de la referida sentencia, al territorio que le fue reconocido a Nicaragua en la zona costera de la Laguna de Harbor Head (Los Portillos), dando así cumplimiento a lo dispuesto por el alto tribunal", apunta la nota de Moncada.
"Nos alegra mucho el gobierno de Nicaragua haya dado cumplimiento inmediato a lo ordenado por la CIJ", dijo González en un comunicado de prensa.
Desde finales del 2016, las autoridades costarricenses detectaron la presencia de militares en un sector de la playa de 1,8 kilómetros de isla Calero, por medio de sobrevuelos. Posteriormente, se confirmó el hallazgo con imágenes satelitales.
Ante la reticencia de Managua de retirar ese destacamento, el gobierno de Luis Guillermo Solís decidió elevar, en enero del 2017, el caso a la CIJ y pidió unir esa querella con otra que ya se tramitaba, también a solicitud de Costa Rica, para definir los límites marítimos, tanto en el Caribe como en el Pacífico, con el país vecino, pues ambos expedientes estaban relacionados.