Los sindicatos del sector salud que comparecieron este lunes, ante la Comisión Especial sobre Huelgas de la Asamblea Legislativa, se manifestaron totalmente en contra de la iniciativa de ley para frenar los abusos que se comenten durante los movimientos huelguísticos.
En su caso, enfatizaron que no todos los servicios que prestan la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus dependencias, como los hospitales, son servicios esenciales.
Pero, además, les declararon a los diputados que, aunque la iniciativa prohíba las huelgas en los servicios esenciales, no evitarán que de alguna forma se realicen huelgas en servicios tan básicos como los de salud.
Así lo afirmó la secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), Marta Elena Rodríguez González.
Ella apuntó, en su intervención, que el expediente 21.049 para reformar el Código Procesal Laboral es solo una “reacción” contra la “justificada huelga” contra el expediente 20.580, que se convirtió en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Este proyecto menosprecia las organizaciones de personas trabajadoras, no es un juego, pero sí una afrenta a la libertad sindical”, apuntó en torno al proyecto del diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Tanto Undeca como la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) se oponen al proyecto y promueven el “esquema de prestación de los servicios mínimos”.
Según los sindicalistas, eso permitiría la armonización de los derechos de los usuarios a recibir la atención y los derechos de los trabajadores.
En el caso de la ANPE, su vocero, Rodrigo López, criticó que la decisión sobre la reforma a los artículos sobre las huelgas se vaya a tomar por “solo un grupo y no por los sectores representativos".
“Hay un atropello a la posibilidad de diálogo social”, dijo y añadió que hay premura por aprobar la iniciativa. Según López, la reforma limita el derecho a huelga y la libertad de expresión de los grupos, por lo que dijo que sería una violación de la manifestación “pacífica”.
Marta Rodríguez agregó que, durante las huelgas, los trabajadores han “procurado organizar servicios mínimos y atender la hospitalización, salas de operaciones y de emergencias”.
“Nunca se ha expuesto la salud ni la vida de las personas”, insistió la sindicalista.
No obstante, el presidente de la Comisión sobre Huelgas, Carlos Ricardo Benavides, les reclamó por qué al 14 de setiembre, a cuatro días de iniciada la huelga, se habían suspendido 38.000 citas médicas y se habían suspendido 1.201 cirugías, mientras que al 8 de octubre ya se acumulaban 2.500 cirugías suspendidas.
Entonces, les reclamó que no se pueda confiar en los sindicatos de la salud para que establezcan cuáles servicios se van a huelga y cuáles no, ni la forma en que se asegure un funcionamiento mínimo.
Aunque Luis Chavarría, secretario general de Undeca, reconoció una serie de servicios hospitalarios esenciales, así como otros servicios auxiliares también fundamentales, insistió en que se coordina con la administración hospitalaria para determinar quiénes y cuántos empleados se unen a una huelga.
¿Por qué es tan difícil para los sindicatos tener un correo electrónico para recibir notificaciones judiciales?
Aunque un juzgado tuvo que notificar dramáticamente al propio vocero de Undeca de la denuncia del proceso de calificación de huelga que interpuso la cúpula de la CCSS, durante la huelga contra el plan fiscal, ese sindicato y también la ANPE se oponen a la obligación que impondría la ley para tener un correo electrónico para recibir notificaciones.
Su argumento es el mismo. No quieren que una ley aprobada en el Congreso les obligue a establecer una reforma en sus estatutos, donde se diga cuál es el correo electrónico para recibir notificaciones judiciales o, simplemente, para decir en ese estatuto que podrán recibir esas notificaciones por dicha vía.
El reclamo es que dicha obligación legal sería una violación a la libertad estatutaria de las organizaciones sindicales.
Yorleny León, del PLN, les cuestionó las razones para que eso sea algo tan difícil. En tanto, Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), también cuestionó una forma de que eso se resuelva.
Según los sindicatos, también los patronos deberían estar bajo esa misma obligación, pero no solo los patronos de los empleados públicos, sino todos en general.
Benavides ha cuestionado eso como una estrategia de los sindicatos para hacer inviable la reforma al Código de Trabajo, cuando no se está haciendo modificaciones de esa índole, o sea, que afecten a los patronos y empleados del sector privado.