En el primer round de consultas a los sindicatos sobre el proyecto de ley de Carlos Ricardo Benavides para frenar los abusos de las huelgas, los gremios de educadores atacaron directo el plan pues aducen que se trata de una represalia por la huelga de 89 días contra la reforma fiscal.

Así lo señalaron Gilberto Cascante, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), y Mélida Cedeño, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), este martes, ante la Comisión Especial sobre Huelgas del Congreso.

“Es inaceptable que por la huelga contra una reforma fiscal no consensuada, ahora sea motivo para una reforma laboral regresiva”, dijo Cascante.

“No es lo más prudente que este proyecto tenga como caldo de cultivo la última huelga contra la reforma fiscal”, apuntó Cedeño.

También atacó que se tramite el plan por la vía rápida y amenazó con que, ante la aprobación de la propuesta, acudirían a denunciar ante la Comisión de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cascante dijo que la ANDE se opone a la rebaja retroactiva de los salarios para los trabajadores que estuvieron en una huelga declarada, en primera instancia, ilegal, pues dijo que la huelga se da bajo el amparo de una presunción de legalidad.

Tanto Castante, como Cedeño y Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), consideran que el proyecto se debe desechar y que no contribuye a la “paz social” en un ambiente de “crispación".

Díaz no cree que sea exactamente una venganza contra los sindicatos, pero adujo que se trata de un plan pactado desde antes para “servir a los intereses de los empresarios privados”, pues arguyó que desde que Benavides era ministro de Presidencia, en el gobierno de Laura Chinchilla, la tenía contra la Reforma Procesal Laboral.

“Creemos que este proyecto viene a promover la esclavitud moderna, en este país que va a celebrar su bicentenario”, dijo.

Incluso, los sindicatos de educadores se oponen fuertemente a la norma para que los gremios de empleados públicos estén obligados a tener una dirección electrónica para recibir notificaciones en primera instancia.

Argumentaron, específicamente, que es una violación de la libertad sindical que se les imponga desde el Gobierno un plazo para que cambien los estatutos y estén obligados a entregar un correo electrónico para recibir notificaciones.

La APSE alegó que se les “impone plazos irracionales para contestar una demanda de calificación de huelga (de tres días a uno) y apelar una sentencia”, pues dijo Cedeño que se configura un seudo procedimiento judicial.

Durante la huelga entre setiembre y noviembre, el gran obstáculo que tuvieron los jueces para notificar a los sindicatos de que había un proceso de declaratoria de ilegalidad, fue encontrarlos en sus oficinas, lo cual retrasó por días la notificación.

Sindicatos: ‘Comedores no es servicio esencial’

A pesar de la afectación que la huelga tuvo en más de 98.000 niños que dependen de la alimentación en comedores del Ministerio de Educación, los sindicalistas rechazaron ligar sus acciones para cerrar centros educativos en medio de la huelga con el impacto a los menores.

Ante pregunta del independiente Erick Rodríguez Steller, los voceros -en particular Gilberto Cascante- se alteraron y negaron que ellos tuvieran culpa por el cierre de esos comedores, con lo que trataron de tirar para otro lado la responsabilidad.

Mélida Cedeño, incluso, negó que sea un “servicio esencial” tal como la Reforma Procesal Laboral los define y en los cuales impide que se paralicen por cuestiones de huelgas.

“Es una ayuda que se da a algunas escuelas y colegios, es un servicio para el que las juntas administrativas tienen que organizarse”, dijo la dirigente de APSE.

El diputado Rodríguez se enfrascó en una discusión lingüística con Cascante por el significado del adjetivo “esencial” en el servicio de comedores.

Pero los sindicatos de la educación se trataron de desligar del servicio de comedores escolares aunque, en la defensa que presentaron en tribunales en contra de que se les declarara ilegal su huelga, trataron de defender los derechos de los trabajadores de los comedores escolares.

“Exponen los motivos que consideran jurídicos para ir a la huelga, como la violación del artículo 33 de la convención colectiva de trabajo que dispone jornada de trabajo de 40 horas, siendo que las y los conserjes y trabajadores de comedores escolares, laboran 42 y 44 horas semanales respectivamente, omitiendo los superiores actuar”, dice el SEC en el expediente judicial 18-001838-0166-LA.

En tanto, el presidente de la Comisión sobre Huelgas, Carlos Ricardo Benavides, les cuestionó a los voceros sindicales si sus organizaciones habían participado de bloqueos del tránsito vehicular en carreteras.

A ello, Cedeño y Cascante se negaron, al tiempo que alegaron que había manuales de huelga donde se les dictaba directrices a los agremiados. Díaz, por su parte, se abstuvo y alegó que se sentía como en un interrogatorio judicial.

Este miércoles, la Comisión Especial sobre Huelgas continúa con la comparecencia del secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.