Sofía Chinchilla C..   9 marzo
En julio del 2017, los funcionarios judiciales de mantuvieron en huelga durante 13 días, en protesta contra la reforma al régimen jubilatorio de la Corte. Foto: Julieth Méndez.

Siete dirigentes sindicales y un exmagistrado constitucional acudieron a la Sala IV para impugar la reforma aprobada por el Congreso, en el 2018, para el cerrar el déficit de ¢5,3 billones que presentaba el régimen de pensiones del Poder Judicial por las condiciones tan ventajosas que ofrecía.

A ellos se les suma el presidente de una cooperativa judicial y un funcionario judicial. En total, el tribunal estudia diez acciones de inconstitucionalidad.

Los recurrentes objetan, por ejemplo, la decisión de los diputados de subir la edad de retiro y de reducir el cáculo de la pensión. Un sindicato, Anprojud, cuestiona también el cobro de una contribución solidaria a las pensiones de más de ¢4 millones.

Los legisladores también aumentaron el tiempo que deben servir los funcionarios de la Corte para pensionarse y la cotización que deben hacer los funcionarios.

Ocho acciones se acumularon en tramitan expediente 18-007819-0007-CO, otras dos tienen el trámite pendiente.

Según la información suministrada por la Sala Constitucional, los líderes gremiales que figuran en las acciones son:

-Mario Mena, de la Asociación Nacional de Empleadis Judiciales (Anejud)

-Juan Carlos Sebiani, de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud)

-Hernán Campos, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud)

-Álvaro Rodríguez Zamora, de la Asociación de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC)

-Damaris Molina, de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial (Asojupen)

-Jorge Luis Morales, del Sindicato de la Judicatura (Sindijud)

-Adriana Orocú, de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud)

Por su parte, el exmagistrado que acudió a la vía constitucional es Eduardo Sancho, quien fungió como juez de la Sala IV entre 1990 y el 2002. Este medio intentó conocer los motivos por los cuales Sancho impugnó la reforma al sistema de jubilaciones judiciales, no obstante, indicó que no se referiría al tema.

Las otras dos acciones se presentaron a nombre de Johnny Mejías, de Coopejudicial, y el funcionario Luis Ángel Ramírez Valverde.

Ocho de las acciones impugnan la reforma en su totalidad, mientras que otras dos piden que se dejen sin efecto los artículos que introdujeron los cambios más sustanciales.

Uno de ellos es el 224, el cual redujo las pensiones judiciales del 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios. También, subió la edad de retiro de 62 a 65 años.

Artículos impugnados, ante la Sala IV, de la reforma a las pensiones judiciales.

Otro numeral que está bajo estudio es el 224 bis, con el que se duplicó de 10 a 20 años el mínimo de años servidos que se requieren para acogerse a una pensión anticipada.

Además, se impugnó el artículo 236 bis, el cual estableció contribuciones solidarias que van de un 35% a un 55% del monto de las jubilaciones que sobrepasen los ¢4 millones. Dichos recortes alcanzaron, por ejemplo, a las pensiones de 19 exmagistrados. Con esos topes, el Estado se ahorrará anualmente ¢395 millones.

Damaris Molina, de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial (Asojupen), aseguró que su acción la presentó en nombre del frente gremial de la Corte. Según dijo, su oposición principal es al aumento del 11% al 13% en la cotización de los trabajadores.

“La población judicial, por lo menos la que está afiliada a Asojupen, constituye la base de la pirámide laboral del Poder Judicial, donde están los conserjes, los escribientes (auxiliares) de las categorías más bajas, están quizás algunos mandos intermedios y, contados con los dedos, algún mando superior, entonces nuestras asignaciones están bastantes restringidas. Es más, hay un endeudamiento bastante alto entonces esta reforma ha dejado a mucha gente insolvente”, afirmó Molina.

La líder de Asojupen también critica que a los empleados judiciales se les haya aplicado una nueva deducción a su salario, de 0,5%, para el financiamiento de la Junta Administradora del Fondo.

Molina, además, reprochó que los magistrados no accedieran a la petición que hicieron los gremios para que se suspendiera la reforma al sistema de pensiones mientras se resolvían las acciones de inconstitucionalidad. Según los registros de la Sala, dicha pretensión se rechazó el 22 de febrero.

Hernán Campos, secretario general de Sitrajud, sostiene que el trámite legislativo a través del cual se tramitó la reforma, presentó vicios de procedimiento. Por el fondo, sus críticas se enfocan en la decisión de los diputados de subir a 20 los años que se deben laborar en la Corte para poder optar por una jubilación judicial.

Según el líder gremial, dicho cambio deja en indefensión a los familiares de los funcionarios que fallezcan antes de llegar a ese punto.

Campos también considera que las cuotas obreras y las edades de jubilación se aumentaron de forma desmedida.

“En el estudio actuarial que hace el Instituto de Estudios Económicos de la UCR, ellos recomiendan que la gente se le jubile con el 85% del promedio de los últimos 120 salarios. La Asamblea Legislativa nos modificó sin ningún respaldo técnico esas condiciones y puso que la gente se iba a jubilar con el 82% de los últimos 240 salarios, es decir, nos duplicaron el tiempo de servicio y bajaron el porcentaje del estudio técnico, ahí ellos cometen un gravísimo error”, dijo Campos.

El estudio actuarial al que hace referencia el secretario gremial, propuso elevar la edad de retiro de 60 años a 65 años, subir la cotización de trabajadores y jubilados del 11% al 15%; y que el monto de la pensión fuera de entre 72,5% y 85% del salario del empleado, en vez del 100%. Finalmente, los diputados eligieron el 82%.

“Sí había que aplicar una reforma, pero no de esa forma tan grosera”, añadió el secretario de Sitrajud.

El régimen de jubilaciones del Poder Judicial contaba, hasta octubre anterior, con 3.932 personas jubiladas y 13.809 trabajadores.

La reserva el régimen ascendió a ¢506.255 millones a julio pasado, según los estados financieros del fondo a setiembre pasado.