Rebeca Madrigal Q.. 16 septiembre, 2018
Jueves 19 de Agosto 2015. Grandes cooperativas como Dos Pinos están exentas del pago sobre la renta. Foto Rafael Murillo.
Jueves 19 de Agosto 2015. Grandes cooperativas como Dos Pinos están exentas del pago sobre la renta. Foto Rafael Murillo.

¿Será este el momento de que grandes cooperativas, como las financieras o las productoras de leche, estén obligadas al pago del impuesto sobre la renta?

Las diputadas María Inés Solís y Yorleny León, del PUSC y del PLN, respectivamente, consideran que ya es hora.

La legisladora socialcristiana anunció que intentará revivir la idea de gravar a las cooperativas, que hoy están exentas de pagar renta, dentro del proyecto de reforma fiscal.

Para ello, reiterará en el plenario legislativo una moción que fue desechada durante el periodo de discusión de mociones de fondo en la comisión fiscal.

Cobrando renta a las cooperativas, se recaudarían unos ¢12.500 millones por año, según cálculos del Ministerio de Hacienda, en caso de cobrarles a estas organizaciones de un 5% a un 20% de impuesto sobre las utilidades netas.

El gobierno de Carlos Alvarado planeaba cobrar este tributo a las cooperativas, pero eliminó la idea en la última versión de reforma fiscal que presentó al Congreso.

El resto de empresas sí debe pagar hasta un 30% de impuesto sobre sus utilidades.

En el Congreso, se ha visto un ‘intenso’ lobby de los cooperativistas que se oponen a tributar como cualquier otra empresa, según la diputada liberacionista, Yorleny León.

Esos esfuerzos fueron blanco de críticas de la diputada María Inés Solís y, por eso, ella insistirá en la iniciativa.

“Dado el lobby generado por un sector cooperativo y una fracción legislativa (históricamente respaldada por el sector), lograron que, en el último texto presentado por el Ministerio de Hacienda, se excluyera a las cooperativas del pago de renta... No podemos dejar que el lobby dado por los poderosos empresarios pertenecientes al sector cooperativo siga influyendo en las decisiones políticas. Hay cooperativas que históricamente han sido beneficiadas por los huecos legales, sin embargo, con esta moción se hace la lucha para acabar con estos privilegios y ser más equitativos entre los sectores”, señaló Solís.

En la etapa de comisión fiscal, la moción de María Inés Solís solo fue respaldada por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.

No la apoyaron los liberacionistas Gustavo Viales y Silvia Hernández, de PLN; Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional; Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y José María Villalta, del Frente Amplio.

Consultados varios diputados por La Nación, la propuesta todavía no tiene un apoyo contundente de ninguna fracción legislativa, aunque está siendo evaluada por Liberación, el PUSC y Restauración Nacional.

A partir de este lunes, se reiterarán en el plenario las mociones que fueron rechazadas en la comisión fiscal. En este recinto, todos los diputados podrán manifestarse a favor o en contra de las enmiendas propuestas.

Gobierno quitó impuesto

En un primer intento de reforma fiscal, la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, intentó cobrar a las cooperativas el impuesto de renta, pero diferenciado tal como se aplica a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Sin embargo, en el último texto de reforma fiscal la propuesta se retiró, porque no tenía viabilidad política, según reconoció Aguilar en un foro reciente sobre reforma tributaria.

Consultado sobre los motivos del cambio de criterio, el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, quien lidera la discusión fiscal, señaló que fue el mismo gobierno que, tras una reflexión con los cooperativistas, eliminó la imposición.

Los jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) descartaron el lobby que señaló María Inés Solís.

Sin embargo, la diputada León confirmó que los cooperativistas tuvieron una fuerte presencia en el Congreso, casi que a diario y que, en algunos días, se presentaban entre 10 y 15 representantes del cooperativismo.

“Cooperativas fue uno de los sectores más insistentes, todas las veces siempre los remitimos a Hacienda. Fueron muy intensos”, dijo la diputada verdiblanca.

León reconoció que, en algún momento, se les condicionó a Hacienda la discusión fiscal, hasta que se atendieran los sectores que decían sentirse afectados con la plan de impuestos.

Sin embargo, su jefe de fracción, Carlos Ricardo Benavides, descartó cualquier injerencia.

Gustavo Viales, de Liberación y quien fue parte de la comisión fiscal, dijo a La Nación que mantendrá su posición de no apoyar la moción de Solís porque ese fue un acuerdo entre el gobierno y las cooperativas.

Aunque Acosta negó intervención de los diputados en el proceso de negociación, dijo que sí recibió llamadas preguntando por el avance en las negociaciones; no dio un nombre en específico.

Señaló que los diputados “son sensibles a los intereses de diferentes grupos”.

“Hay particularidades de los diferentes sectores que deben ser abordadas de forma culta. Fue una conversación con los cooperativistas, con todas. Cuando conversamos con ellos, encontramos algunos temas relevantes, como el que deberíamos migrar de la renta producto a la renta persona”, señaló el viceministro.

Además, destacó que las cooperativas “parten de un principio y es que los dueños son los cooperativistas y entonces ellos, bajo ese concepto, no pagan impuesto de renta”, sino que al distribuir los excedentes es cuando se tributa.

La reforma fiscal sí aumenta de un 5% a un 10% el impuesto que los cooperativistas deben pagar cuando se les reparte utilidades, pues ellos son los propietarios.

Este último ajuste le garantiza a Hacienda ¢8.200 millones adicionales; en el primer texto se cobraba 7%, lo que hubiese significado ¢5.700 millones más.

Este tipo de empresas alega, además, que la ley les exige pagar cargas parafiscales para el movimiento cooperativista.

Para Acosta fue una negociación justa, al aumentar el porcentaje sobre los excedentes, aunque con renta los ingresos hubiesen aumentado en ¢12.500 millones.

Sin embargo, el funcionario defendió que la suma del impuesto a los excedentes y a las rentas de capital, sobre los cuales se cobraría 15%, permite más ingresos de lo que se esperaba con el último texto de la reforma que impulsó el expresidente Luis Guillermo Solís, en la pasada administración.