Michelle Campos.   12 abril
La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos es la institución que más crecimiento presentó en el gasto de remuneraciones. Foto: Luis Navarro

Seis instituciones públicas duplicaron su gasto en salarios durante la última década y, de estas, dos registraron crecimientos muy superiores al 100%.

La que reportó el mayor incremento fue la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que aumentó el costo de su planilla en un 155%.

En el 2010, la Aresep destinaba poco más de ¢4.000 millones al pago de remuneraciones y, para el 2020, la cifra había superado los ¢10.300 millones.

Después de la Autoridad Reguladora, los mayores aumentos en el costo de las planillas se produjeron en las universidades públicas en el siguiente orden: Instituto Tecnológico (Tec), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad de Costa Rica (UCR).

En el Tec, el pago en remuneraciones creció en un 146%. El presupuesto para ese fin pasó de ¢19.000 millones a ¢48.000 millones, entre el 2010 y el 2020.

En la UNA y en la UNED, el incremento fue de un 112% y, en la UCR, de un 101%.

La sexta institución que duplicó su gasto en salarios fue el Poder Judicial, que pasó de ¢194.000 millones a más de ¢380.000 millones en una década, para una diferencia del 96%.

Estos datos se desprenden de un análisis realizado por La Nación, con base en información suministrada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la ejecución de gastos relacionados con la partida de remuneraciones en el sector público.

El Gobierno, por su parte, alcanzó un crecimiento salarial del 83%, mientras que otras instituciones se acercaron, con tasas superiores al 74%. Tal es el caso del Banco Popular (81%), la Caja Costarricense de Seguro Social (75%) y el Banco Central (74%).

Todos estas entidades aumentaron su gasto en salarios al tiempo que la deuda pública y el déficit fiscal se ensancharon. La deuda del Gobierno, por ejemplo, alcanzó los ¢24,4 billones (millones de millones) en el 2020.

El análisis incluyó a las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los bancos públicos, las superintendencias, las universidades, la CCSS, la Aresep y empresas públicas como el Instituto Nacional de Seguros (INS), Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Refinadora Costarricense de Petróleo.

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Creación de intendencias en Aresep

En la Aresep, el mayor incremento del gasto en remuneraciones se registró en el 2013, cuando el monto creció un 23% en comparación con la ejecución que esa entidad presentó en 2012.

Roberto Jiménez Gómez, regulador general, afirmó que el incremento fue producto de la creación de las intendencias encargadas de fiscalizar los servicios de agua, energía y transporte.

“Entre el 2010 y el 2014, se crean las intendencias y se separan ciertas labores por sectores; entonces, hay un crecimiento para dotar a la institución de recurso humano”, dijo.

Según declaró Jiménez, esta reestructuración hizo que la entidad pasara de contar con aproximadamente 100 colaboradores a cerca de 700 funcionarios.

“Había que dotar a la institución de esas facultades, competencias y recursos humanos especializados. En el periodo en que yo he estado, no ha habido aumentos de gasto, la Aresep ha mantenido las mismas plazas”, agregó.

El jerarca, que entró en el 2016, dijo que hoy la entidad cuenta con un sistema de salario único que ha contribuido a frenar los gastos.

A diferencia de otras instituciones, donde el crecimiento de las remuneraciones va de la mano con un aumento en los pluses salariales, en la Aresep la subpartida de incentivos creció a un ritmo mucho menor que el gasto total en remuneraciones y tiende a decrecer desde el 2019.

Mientras el gasto salarial subió en más de un 150%, los pluses lo hicieron en un 54%.

Para los años 2019 y 2020, el gasto total en remuneraciones de la Aresep decreció un 1% con respecto al 2018, que fue el punto más alto: ¢10.440 millones.

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Pluses en universidades

En las universidades públicas, los pluses sí van muy de la mano con el crecimiento del gasto salarial.

En el Tec, mientras el costo total de las remuneraciones creció un 146%, los incentivos subieron en un 163%.

De hecho, el Instituto Tecnológico es la institución con el mayor crecimiento en sobresueldos entre las instituciones analizadas para este artículo.

Los incentivos pasaron de costar ¢9.800 millones a ¢25.000 millones en diez años.

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La misma situación se presentó en la UNA: mientras los salarios totales crecieron en un 112%, los incentivos lo hicieron en un 150%.

En el 2018, por ejemplo, la partida de pluses creció en casi un 9% con respecto al 2017.

El año pasado, aun con el año del inicio de la pandemia, la UNA registró una tasa de crecimiento del 4% en sobresueldos.

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En el caso de la UNED, los incentivos crecieron un 126% mientras el gasto salarial total subió en un 112%.

El año de mayor crecimiento fue el 2014, con un 13%, aunque ese año la inflación creció en poco más de un 5%.

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En la UCR, en la misma década, las remuneraciones aumentaron un 101% y los incentivos un 126%.

Esta universidad es la que tiene el mayor presupuesto de todas. Su gasto salarial pasó de ¢105.000 millones a ¢212.000 millones.

El mayor de los incrementos anuales se efectuó en el ejercicio presupuestario del 2011, con un 13%.

Ese año coincide con la decisión tomada por el Consejo Universitario (CU) de la UCR de aumentar a un 5,5% las anualidades de los funcionarios, a partir del año 2010.

Un informe interno de esa casa de enseñanza señaló que el CU aprobó el incremento el 29 de setiembre del 2009, pese a que la Contraloría Universitaria le adelantó las consecuencias de esa medida: un crecimiento “desproporcionado” del gasto.

En el 2019, la Universidad de Costa Rica ejecutó ¢112.200 millones en pluses salariales, su máximo nivel. El año pasado, el rubro bajó a ¢111.700 luego de que decidió adoptar las medidas de contención de gasto estipuladas en la reforma fiscal, mientras un tribunal resuelve un reclamo universitario en contra de estas.

Para este análisis, no se incluyó a la Universidad Técnica Nacional (UTN) porque, en el 2010, esta era una institución de reciente creación. Fue fundada en el 2008.

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Poder Judicial señala nuevas funciones

En el Poder Judicial, mientras el gasto total en remuneraciones subió en un 96%, el dinero destinado a pluses creció en un 101%.

El año de mayor crecimiento fue el 2011, con un 14%.

La subpartida de pluses de este poder de la República aumentó en ¢88.000 millones en los diez años tomados en cuenta para este análisis.

“El crecimiento de los salarios tiene una relación directa con la inyección de recurso humano a través de legislaciones diversas, creadas para atender las distintas competencias que el legislador asigna a este poder de la República, donde por el carácter del servicio que presta, más del 90% del peso de su presupuesto lo constituye el recurso humano”, afirmó la institución.

Según la respuesta de la oficina de prensa del Poder Judicial, mediante la aprobación de leyes, el Congreso le asignó a la administración de Justicia 1.034 nuevas obligaciones, entre el 2010 y el 2020.

Para el año 2010, añadió, este poder contaba con 9.724 puestos, mientras que para el 2020 su personal había subido a12.596 funcionarios.

“Esto significa un aumento de 2.872 puestos en ese periodo, la gran mayoría de esas plazas están asociadas a la atención de nuevas legislaciones; un gran porcentaje de estas plazas han sido utilizadas para ampliar los servicios”, dijo.

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El Gobierno Central, es otro de los grupos que más crecimiento presentó en la partida dirigida al pago de salarios, con un 83%.

Para el 2010 el Gobierno ejecutó por este concepto ¢1,3 billones (millones de millones), para el 2020, el monto ascendió a ¢2,4 billones.

En la partida de pluses, las acciones de este sector lo llevaron a incrementar el gasto en un 94% en 10 años.

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Fuertes alzas en incentivos

En la subpartida de incentivos, también resaltan dos instituciones con grandes crecimientos en sus gastos entre 2010 y 2020.

Se trata del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Defensoría de los Habitantes, que aumentaron los fondos destinados al pago de pluses en un 91% y un 74% respectivamente.

En el caso del TSE, el dinero para ese fin pasó de ¢5.800 millones a ¢11.200 millones.

Por su parte, la Defensoría pasó de gastar ¢1.400 millones a ¢2.500 millones en ese mismo periodo.

Desaceleración en crecimiento

Según un informe de la CGR del 26 de marzo, las regulaciones establecidas en la Reforma Fiscal, aprobada en diciembre del 2018, disminuyeron “el dinamismo de los incentivos salariales en el sector público; no obstante, persisten las disparidades entre sectores.

En el Gobierno Central, por ejemplo, se registró un crecimiento del 0,2% en la partida total y un decrecimiento del -1% en la de incentivos.

El informe señala que, en términos generales, las remuneraciones del sector público crecieron un 0,8% en el 2020, mientras que el crecimiento promedio del periodo 2016-2019 fue del 3,5%.

El gasto en pluses, por su parte, decreció en un -0,1%. El rubro de “otros incentivos salariales fue el que más bajó, con un -3.4%, principalmente por medidas tomadas en el Ministerio de Educación (MEP).

El gasto total en salarios del Estado alcanzó los ¢5,94 billones (millones de millones) el año pasado.

“Desde el año 2018, el gasto ejecutado por concepto de remuneraciones básicas presenta un crecimiento mayor que el de los incentivos salariales, dada la serie de medidas y decretos que se han implementado para controlar este gasto. Además, se observa que la tasa de crecimiento de los incentivos salariales es menor que la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) para finales de 2020. No obstante, este comportamiento no es homogéneo en todo el sector público, dadas las disparidades de los esquemas salariales”, señala la Contraloría.

El documento añade que las diferencias de dinamismo han disminuido con la reforma fiscal, pero “hacen falta cambios estructurales que unifiquen reglas con miras a la eliminación de disparidades salariales y a la mejora de todo el proceso regulatorio”, lo que dependerá del “ámbito de cobertura” de la nueva ley de empleo público.

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