En tres años, del 2018 al 2020, el sector público creó 713 nuevas pensiones de lujo, provenientes de los regímenes del Magisterio Nacional, Poder Judicial y Gobierno (exfuncionarios de Hacienda y exdiputados).
La cifra fue suministrada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) con base en datos de esos tres sistemas jubilatorios.
Cada una de esas nuevas pensiones de lujo supera los ¢2,2 millones, monto a partir del cual la ley obliga a cobrar una contribución solidaria en los regímenes del Magisterio y de Gobierno.
En el Poder Judicial, para que una jubilación se encasille en esa categoría, esta debe ser mayor a ¢2,6 millones.
Esos fueron los topes establecidos por los diputados, en el 2019, al aprobar la última reforma a las pensiones de lujo para subir los aportes solidarios.
En setiembre del 2018, un artículo de La Nación reveló la existencia de 3.800 pensiones superiores a ¢2,5 millones en aquella época.
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Luego, en setiembre del 2019, el Partido Restauración Nacional (PRN) reportó que 4.100 jubilaciones superaban los ¢2,2 millones en ese momento.
Entre el 2018 y el 2020, el sistema que más pensiones de lujo generó fue el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), el cual cubre a docentes de universidades públicas y del Ministerio de Educación (MEP), principalmente.
El RTR aprobó 323 jubilaciones superiores a ¢2,2 millones en estos tres años.
Le sigue el régimen del Poder Judicial, con 249 pensiones y, por último, aparecen los regímenes de Gobierno, con 141.
En el sistema de la Corte, entre el 2019 y el 2020, el número de nuevas pensiones bajó drásticamente de 140 a 11, después de que entró a regir una reforma que aumentó la edad de jubilación, ajustó el cálculo del monto de pensión y subió el porcentaje de cotización, para tratar de equilibrar las finanzas.
Diputados atrasan tercera reforma
Mientras tanto, los diputados atrasan la aprobación de la tercera reforma a las pensiones de lujo, cuyo objetivo primordial es cerrar los regímenes Gobierno y trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los funcionarios públicos que aun podrían pensionarse con alguno de esos sistemas de pensiones.
Si bien esta iniciativa no cerraría la llave a los regímenes más caros y de los cuales se pensionan más personas —Magisterio y Poder Judicial—, sí lo haría con los sistemas de Gobierno.
Con ello, el Estado se ahorraría más de ¢115.000 millones en nueve años, según un cálculo actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), administradora de las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional.
Pese a que el proyecto de ley (expediente 21.345) se discute en la Asamblea Legislativa desde abril de 2019, los legisladores no han logrado llegar a un acuerdo.
Más bien, la iniciativa de ley se ha topado con una serie de trabas en el camino.
Por ejemplo, en marzo del 2020, cuando ya el texto había superado el primero de dos días de mociones de fondo, una gestión del Partido Liberación Nacional (PLN) suspendió su avance durante tres meses, mientras se realizaba un estudio actuarial para determinar el posible costo administrativo de trasladar a los funcionarios de esos regímenes especiales al del IVM de la CCSS.
Fue hasta setiembre cuando se retomó la discusión y se dio trámite al segundo día de mociones de fondo en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde se trabaja el proyecto de ley.
Pasada esa etapa, el documento ahora solo espera el primer y segundo debate en plenario para que se convierta en ley de la República.
Sin embargo, la iniciativa no ha sido convocada por el Gobierno a sesiones extraordinarias, periodo durante el cual el Ejecutivo coordina la agenda legislativa, y que este 2021 se extenderá hasta el 31 de julio.
En enero de este 2021, Víctor Morales Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y principal promotor de dicho proyecto de ley, dijo a La Nación que el plan debía esperar a que el Congreso discutiera la agenda de proyectos relacionados con el préstamo por $1.750 millones que gestiona el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De momento, el proyecto sigue paralizado y, mientras tanto, más y más personas se siguen jubilando con las condiciones que les otorgan esas pensiones.
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Regímenes caros
Las “pensiones de lujo” son jubilaciones con condiciones muy favorables, cuyo costo supera por mucho el aporte que los beneficiarios hicieron a lo largo de su vida laboral. Algunos, por ejemplo, se pensionaron a los 50 años con el 100% del promedio de los últimos mejores 24 salarios. Unas llegan a los ¢13 millones.
En el caso del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional y de los regímenes de Gobierno, estos conforman las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, que les cuestan más de ¢700.000 millones anuales a los contribuyentes.
Estos son sistemas jubilatorios que fueron cerrados en 1992, por ser deficitarios, pero el Gobierno debió asumir su pago, pues ya miles habían adquirido el derecho de pensionarse al amparo de estos regímenes.
Aunque las del Poder Judicial no forman parte de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, estas son las jubilaciones más altas pagadas con fondos públicos.
De hecho, a pesar de la reforma a la que fue sometido en el 2018, el fondo de jubilaciones del Poder Judicial presenta un hueco actuarial de ¢736.058 millones y no tiene la capacidad para garantizar el pago de pensiones para todos sus beneficiarios en el futuro, según una valuación actuarial de esa entidad, de marzo de 2020.
Las dos reformas previas
Los diputados aprobaron la primera reforma a las pensiones de lujo en junio de 2016.
Esta impuso una contribución especial solidaria de entre el 25% y el 65% a las pensiones de los regímenes de Gobierno que excedieran los ¢2,5 millones, es decir, el equivalente a diez veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública en ese momento.
De esa medida se excluyeron los sistemas del Magisterio Nacional y del Poder Judicial.
Asimismo, se estableció que estas pensiones aumentarán al ritmo de los ajustes salariales que el Poder Ejecutivo decrete para los empleados públicos por el costo de la vida, con lo cual se anuló el incremento de un 30% anual que recibían los 124 pensionados del régimen de Exdiputados.
También se incrementó, de un 7% a un 9%, la cotización de los jubilados y de los empleados públicos que contribuyen para estos regímenes.
Además, se aumentó la edad de retiro de 55 a 60 años. Esta medida empezará a regir en junio de este 2021, pues se había establecido que entraría en vigor cinco años después de aprobada la ley.
La segunda reforma la aprobaron los legisladores en noviembre de 2019.
Esta amplió el espectro de pensionados a quienes se les cobraba contribución especial solidaria desde el 2016.
Antes de esta segunda reforma, 920 pensiones eran gravadas por ese concepto; después de ella, el aporte solidario tuvieron que pagarlo 4.118 pensionados de lujo, o sea, 3.198 adicionales.
Esa normativa modificó los topes máximos y exentos de las pensiones de regímenes especiales sobre los que debía hacerse esta contribución.
Anteriormente, solo pagan contribución solidaria las jubilaciones superiores a ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.
Con la nueva ley, el cobro se impone a las pensiones mayores de ¢2,2 millones del Magisterio y del Gobierno, así como las que superen los ¢2,6 millones en el Poder Judicial.