Política

Se aproxima perdón de intereses y multas para morosos de CCSS

Se aproxima un perdón de intereses y multas para trabajadores independientes y patronos morosos con la CCSS, luego de que los diputados ajustaron, el martes 22 de marzo, el proyecto de ley que permitiría a la institución proceder con esta condonación.

La medida no contempla el perdón del principal, es decir, de las cuotas adeudadas, pues la Sala IV determinó que tales aportes no pueden ser condonados porque forman parte de la universalización del sistema de seguridad social y, en consecuencia, gozan de asidero constitucional.

Precisamente, los diputados de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad ajustaron el proyecto a la resolución entregada por el Tribunal al Congreso el pasado 19 de febrero.

Cuatro diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (NR) aprobaron una moción de ajuste al texto. Votó en contra el socialcristiano Pedro Muñoz, el proponente original del proyecto que, en un principio, perdonaba también el principal de las cuotas de los trabajadores independientes.

El nuevo texto deja en claro que “la condonación debe basarse en parámetros razonables y objetivos en atención al principio de igualdad, siempre tomando en consideración la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”.

Ahora, el expediente pasará al plenario para ser votado, nuevamente, en primer debate.

Con la moción de ajuste, los diputados eliminaron del texto todas las referencias a un perdón de las cuotas de seguridad social que estaban en los artículos dos y cinco, dejando únicamente la autorización para que la CCSS condone multas, intereses y recargos.

Asimismo, el proyecto mantiene la autorización para que perdonen el principal de las cuotas, intereses, multas y recargos otras cuatro instituciones que reciben fondos de los aportes al seguro social.

Se trata del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.

Para acceder a la condonación, tanto patronos como independientes tendrán que enviar a la Caja una solicitud expresa en un periodo de 12 meses, desde que entre en vigencia la ley. El pago del principal adeudado puede ser acordado en un solo tracto o en cuotas, de acuerdo con las normas de la CCSS.

Aquellos trabajadores independientes que no estén registrados ante la seguridad social, podrán inscribirse para acogerse a la condonación. Asimismo, tanto para patronos como independientes podrán optar por el beneficio si tienen procesos de cobro administrativos abiertos, así como procesos judiciales. Para esto último, deberán pagar los gastos incurridos por la Caja durante el proceso.

Votaron a favor Ana Lucía Delgado, del PLN; Laura Guido, del PAC; Giovanni Gómez, del PRN; y Carmen Chan, de NR.

El ajuste

Delgado, presidenta de la comisión, explicó que, de acuerdo con el teglamento legislativo, el ajuste consistió en limpiar de inconstitucionalidades el proyecto.

En esa línea recordó que, en su resolución, los magistrados dijeron que “conviene advertir que la autorización para la condonación (solo de multas, intereses y recargos) tiene que respetar los fines impuestos por la propia Carta Magna, así como basarse en parámetros razonables y objetivos en atención al principio de igualdad, siempre tomando en consideración la autonomía constitucional de la CCSS, por ser la encargada de la administración y el gobierno de los seguros sociales”, según citó la legisladora.

La verdiblanca volvió a citar que, de acuerdo con la Sala, “tal autonomía configura una garantía para el manejo independiente de los seguros sociales dentro de los límites contemplados en la Constitución Política, sin que puedan suscitarse de manera válida intromisiones arbitrarias e injustificadas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en estos temas”.

Rechazan moción de Pedro Muñoz

En la misma sesión del martes, el foro rechazó una moción de Pedro Muñoz que pretendía dejar establecido que los “deudores y los adeudos” serán “tratados de igual manera, respetando y atendiendo el principio de igualdad.”

El socialcristiano recordó que, según la resolución de la Sala IV, se debe de respetar el principio de igualdad en la condonación. Además, dijo, su proyecto es una autorización a la Caja, no un mandato.

“El espíritu de este proyecto de ley siempre fue que todos los trabajadores independientes recibieran el mismo trato, exactamente el mismo trato, independientemente si son costureras, abogados, jardineros, si son técnicos en computación; que el trato fuera exactamente igual para todos, independientemente de los montos adeudados”, planteó en el foro.

Con un trato en igualdad, añadió el legislador, se evitaría que a los deudores de una misma categoría se les rebaje un 80% y a otros el 90% o 100%.

En la defensa de su moción, Muñoz alegó que el principio generador para asalariados e independientes es el mismo: la obligación a pagar las cargas sociales.

Sin embargo, Georgina García, del departamento de Servicios Técnico, sostuvo que “no siempre habrá tratos de igual manera y no puede considerarse el principio de igualdad como un trato igual para todos”.

La asesora parlamentaria dijo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala IV, el principio de igualdad prohíbe la discriminación, pero este no se debe confundir con la diferenciación.

El principio de igualdad, indicó, es abstracto y “no se puede decir que se viola siempre”, “sino que siempre tiene que ser con respecto a una regulación, ejecución, un beneficio que se va a dar o no. Esta discriminación es importante entenderla. Es un límite para para que arbitrariamente no se afecten a los destinatarios de la norma y no se decida dar un tratamiento diferenciado si las situaciones no son distintas”, explicó.

La diferenciación, por su parte, debe ser justificada y razonada. “La diferenciación está en tratar a personas diferentes de alguna manera y las personas que son iguales, de otra”, resumió la asesora.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

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