La diputada liberacionista Sandra Piszk quiere imponerle un tope salarial de ¢5,3 millones a la mayor cantidad de jerarcas públicos posibles, entre los cuales algunos ganan hasta ¢10 millones mensuales.
El límite está planteado en el proyecto de ley 19.506, conocido como plan de empleo público.
El artículo 10 del texto, redactado por Piszk, le impondría el tope a los funcionarios de elección popular, así como a jerarcas y subordinados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al igual que a los del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entidades autónomas, empresas del Estado y municipalidades.
No obstante, la legisladora quiere evitar cualquier duda, por lo que prepara varias mociones para aclarar que el límite también recaerá sobre los magistrados y la contralora, por ejemplo. Además, propondrá ponerle coto al sueldo de los gerentes de bancos y empresas públicas, aunque no necesariamente con el mismo monto.
El proyecto de empleo público excluye a los jerarcas de las entidades estatales que participen de forma directa en cualquier actividad en competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o el Instituto Nacional de Seguros (INS). No es el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que actúa en monopolio.
No obstante, Piszk considera que debe establecerse un límite para los funcionarios de esas entidades, aunque no necesariamente el de ¢5,3 millones. "La idea es poner un tope para limitar los más altos salarios de la Administración y que quede claro que estos no solamente se dan en el poder Ejecutivo, sino también en bancos y otras instituciones. Estamos trabajando en una moción que también les ponga límite, pero considerando sus especiales características de competencia", declaró.
El límite equivale a 20 salarios base de la categoría más baja de la Escala de Sueldos de la Administración Pública.
Algunos de los salarios que podrían verse disminuidos si se aprobara una medida de este tipo serían los de los magistrados, que oscilan entre ¢7,3 millones y ¢9,3 millones; el del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de ¢8,3 millones; y el del alcalde de San José, de más de ¢7,6 millones.
Salarios mensuales de algunos funcionarios de Gobierno superiores a ¢5 millones:
- Superintendente de Pensiones: ¢10 millones
- Magistrado del Poder Judicial: de ¢7,3 millones a ¢9,3 millones
- Presidente del TSE: ¢8,3 millones
- Alcalde de San José: ¢7,6 millones
- Procuradora General Adjunta: ¢6,3 millones
- Contralora general: ¢5,9 millones
- Directora de Vigilancia de la Salud: ¢5,7 millones
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Incluirá a magistrados
Con respecto a los magistrados, en el proyecto actual no queda consignado claramente que su salario se verá afectado por la norma propuesta, por lo que Piszk planea incorporarlos vía moción.
La moción que preparan podría afectar por ejemplo la remuneración del jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones, que devenga más de ¢8,3 millones al mes. Así como el caso de la vicepresidenta del TSE, que gana ¢6,9 millones cada mes. Otros magistrados propietarios y suplentes también se verían afectados pues algunos de sus salarios rondan entre los ¢7,2 y los ¢6 millones mensuales.
Afectaría a instituciones con régimen de salario único
El proyecto actual tampoco aplica para los funcionarios cuyo salario sea único, sin remuneraciones adicionales. Este, por ejemplo, es el caso de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, con las mociones que trabaja la liberacionista, quedaría claro que quienes devengan salario único sí se verán afectados por el tope salarial de los 20 salarios base.
El resto del proyecto de ley se dedica a ordenar las retribuciones adicionales o pluses del sector público.
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