Gerardo Ruiz R.. 29 octubre, 2018
Sede del Incofoop, en calle 20, San José. Fotografía Marcela Bertozzi

El futuro de 7 exdirectores y 2 exempleados del Instituto Costarricense de Fomento Cooperativo (Infocoop) quedó en manos de la contralora general de la República, Marta Acosta.

El 19 de octubre pasado, una oficina de la Contraloría General de la República trasladó a Acosta los recursos de apelación de las 9 personas contra una resolución de la división Jurídica de ese órgano, la cual les impuso una prohibición para ejercer cargos públicos durante cinco años.

La oficina Jurídica los encontró responsables administrativamente, en grado de culpa grave, por la mala fijación de la Tasa de Equilibrio Institucional (TEI) que el Infocoop cobra a las cooperativas que adquieren préstamos.

El 19 de octubre, la Contraloría rechazó un recurso de revocatoria que presentaron los sancionados en un procedimiento administrativo de la Hacienda Pública que se ejecutó bajo el expediente CGR-PA-2017008121. No obstante, ahora será la contralora la que, en última instancia, resuelva la apelación.

Los sancionados que recurrieron la resolución son Alfredo Rojas Durán, exgerente de Financiamiento y Eliécer Ureña Quirós, exgerente administrativo financiero; así como los exdirectivos Freddy González Rojas, Álvaro Gómez Ferreto, Óscar Ávila Solé, Gerald Calderón Sánchez, Álvaro González Alfaro, Juan Carlos Jiménez Segura y Carlos Alberto Castro Ríos.

Al presentar el recurso de revocatoria contra la resolución de setiembre, las personas sancionadas alegaron que el asunto por el que se les castigó había prescrito. No obstante, la CGR rechazó dicho argumento.

“No se ha configurado la prescripción de la responsabilidad administrativa, y al respecto se debe reiterar en primera instancia, la potestad constitucional de recomendar la aplicación de sanciones a los servidores de los sujetos pasivos por infringir normas del ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública desarrollada en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, se lee en la resolución del 19 de octubre.

Según la CGR, esos exfuncionarios recomendaron y aprobaron, respectivamente, una tasa de equilibrio institucional (TEI) que impidió al Infocoop recuperar correctamente créditos y afectó el crecimiento de la entidad.

El órgano contralor determinó que los sancionados echaron a andar, hace diez años, una metodología de tasa de equilibrio que le causó al Infocoop el riesgo de que los ingresos por intereses de la cartera de créditos, de más de ¢100.000 millones, no cubrieran los gastos de operación y las transferencias.

Esa tasa de equilibrio, afirmó también la Contraloría, impedía que esos ingresos alcanzaran para recuperar la pérdida del valor real del dinero concedido en créditos, pues le dieron valor de cero a las variables de inflación y crecimiento en el cálculo matemático de la TEI.

La división Jurídica determinó, en setiembre pasado, que el error impide ahora que los intereses de los préstamos alcancen para generar ingresos para un crecimiento sostenido del Instituto, lo cual le impide ampliar aún más la cobertura de los servicios que brinda a las cooperativas.

Para Gustavo Fernández Quesada, director ejecutivo a.i. del Infocoop, el fallo de la CGR “demuestra que la Intervención ordenada por el Consejo de Gobierno fue algo totalmente acertado, para el buen resguardo de los fondos públicos”.

“Según nuestras estimaciones, la manipulación de la tasa de equilibrio hizo que el INFOCOOP dejara de percibir más de ¢15.000 millones, pues se dieron créditos con tasas blandas sin que mediaran los correspondientes estudios de impacto social que la ley establece. Esto demuestra una gestión del INFOCOOP que colocaba el acento en el criterio político, más que en el criterio técnico”, respondió ante una solicitud de reacción que le hizo este diario.

Fernández también manifestó que el mal cálculo de la tasa de equilibrio obligó al Infocoop a sacrificar “sustancialmente” la labor de fomento cooperativo en áreas como creación de nuevas cooperativas, asistencia técnica, capacitación y supervisión.

“Estas funciones las realiza el Instituto gracias al retorno de los créditos, siendo la tasa de equilibrio el referente para medir la recuperación del dinero que se invierte en estas labores”, explicó.

Otro caso

Esta la segunda ocasión en el cálculo de la TEI genera acciones contra los representantes del movimiento cooperativo.

En febrero del 2017, el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, decretó la intervención del Infocoop, entre otros motivos, por los presuntos perjuicios que la TEI le provoca al Infocoop.

La junta interventora reveló posteriormente que la auditoría forense ejecutada al Instituto detectó que, entre el 2009 y el 2016, el Infocoop dejó de percibir casi ¢15.000 millones por la manipulación de la tasa de equilibrio.

A raíz de la intervención del Infocoop la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó allanamientos en los domicilios de Freddy González, Alfredo Rojas y Álvaro Gómez, todos suspendidos por la Contraloría, además de las residencias de otras tres personas y de las instalaciones del Infocoop.

El Ministerio Público les atribuye a González, Rojas y Gómez, así como a los demás imputados, formar parte de una “red criminal” que distrajo fondos destinados a ayudar al movimiento cooperativo que habrían terminado en manos de personas y organizaciones cooperativas afines a los miembros de la supuesta red.

Según la Fiscalía, ese manejo irregular de la cartera crediticia del Infocoop le generó al Instituto pérdidas superiores a los ¢9.000 millones.

El director ejecutivo del Infocoop adelantó que la Contraloría trasladó su pronunciamiento al Ministerio Público. Según él, este órgano analiza incluir las conclusiones de la Contraloría en el expediente del caso Infocoop.

Vieja historia

El hallazgo del presunto mal cálculo de la TEI trascendió en diciembre del 2016, cuando la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría realizó una auditoría al manejo de la cartera de créditos del Instituto.

En aquel momento, el informe de auditoría concluyó: “Se determinó que, para el cálculo de la tasa de equilibrio, el Infocoop le da un valor de cero a los componentes de inflación y crecimiento del activo productivo, por lo que el indicador de tasa de equilibrio no refleja realmente la tasa de interés que, en forma ponderada, debe generar el activo productivo de la Institución para cubrir los gastos y transferencias; y por tanto, la TEI tampoco es el punto donde los ingresos por intereses generados por el activo productivo se igualan a los gastos y transferencias”, explicó el órgano contralor.

En esa misma fiscalización se determinó que el Infocoop no hacía una supervisión adecuada ni periódica de los financiamientos otorgados a las cooperativas, arriesgado los fondos públicos que utiliza para girar empréstitos a las empresas de ese tipo.