Yeryis Salas. 20 octubre, 2020
Bloqueo registrado en La Teresa de La Rita en Pococí (Limón), sobre la ruta 247, que permite el paso de mercaderías entre Guápiles y Pococí. / Fotografía: Reiner Montero
Bloqueo registrado en La Teresa de La Rita en Pococí (Limón), sobre la ruta 247, que permite el paso de mercaderías entre Guápiles y Pococí. / Fotografía: Reiner Montero

La Sala Constitucional declaró con lugar un segundo habeas corpus contra el Gobierno, presentado por un abogado de Puntarenas, por no levantar los bloqueos que se mantuvieron por varios días en carreteras de todo el país.

La semana pasada, la Sala también había dado la razón a un ciudadano de San Carlos afectado por los cierres de las vías y condenó a los ministerios de Presidencia y Seguridad.

En esta ocasión, los magistrados reiteraron sus argumentos utilizados en el voto anterior y recriminaron que el paso vehicular quedara sometido a la aprobación de los manifestantes, lo que violentó la libertad de los conductores.

“Ciertamente, los bloqueos eran intermitentes, pero también es muy claro que eran los manifestantes quienes, cada cierto lapso, permitían la apertura de uno o ambos carriles, posteriormente obstruían nuevamente la vía pública”.

“El libre tránsito estaba supeditado a la voluntad de los manifestantes. Igual que en el caso recién resuelto, se dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando a salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los bloqueos”, detalla el voto del viernes pasado.

Este habeas corpus fue interpuesto por el abogado Wálter Brenes, vecino de Jacó de Garabito, en Puntarenas, quien reclamó que, por los bloqueos en esa zona, pasó una semana sin poder salir de su casa.

El voto fue resuelto por los magistrados Fernando Castillo (presidente), Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro, Marta Esquivel y Ronald Salazar.

Inicialmente, se trató de un recurso de amparo contra el presidente Carlos Alvarado, pero tras darle trámite, la Sala Constitucional lo cambió por un habeas corpus contra cuatro jerarcas del Gobierno: el ministro de Seguridad, Michael Soto; el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto; el director general de la Fuerza Pública, Daniel Calderón; y el director general de la Policía de Tránsito, German Marín.

En su respuesta a los magistrados, Prieto aseguró que, según registros policiales del 30 de setiembre, las autoridades sí intervinieron en las rutas cercanas a la zona donde vive el recurrente: Jacó, Caldera y Parrita.

Además, argumentó que se trató de una gran cantidad de bloqueos y que la Policía no podía desatender sus labores comunes de seguridad en todo el país.

Asimismo, el director de Fuerza Pública aseguró que “que el tiempo que se demoró en realizar las intervenciones policiales, para el levantamiento de los bloqueos, reestablecer el libre tránsito y el orden público, es el estrictamente necesario para realizar la planificación del abordaje de un evento que, a todas luces, dejó de ser pacífico y requería la movilización de gran cantidad de oficiales”.

Según las respuestas de Calderón y Soto, la policía atendió 795 bloqueos en diez días, decomisó 185 artefactos explosivos, principalmente bombas molotov y dinamita, al tiempo que registró 101 policías heridos.

El pasado jueves, luego de 16 días de bloqueos constantes, la Fuerza Pública anunció que ya no se registraban cierres de carreteras.