Sofía Chinchilla C.. 30 noviembre, 2017

La Sala Constitucional le ordenó al Gobierno no emitir licencias para pesca de arrastre, mientras resuelve un recurso de amparo que impugnó esa técnica de captura de camarón.

La resolución congela el acuerdo que tomó la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) el 10 de noviembre, con el cual se crearon nuevos permisos para ejercer la pesca de arrastre.

Con esa medida, el Gobierno revivió la técnica, la cual estuvo suspendida desde el 2013 por orden de la misma Sala IV. En ese año, los magistrados constitucionales resolvieron que ese tipo de pesca ocasiona un grave daño ambiental, y ordenaron que no se emitieran nuevos permisos para practicarla.

No obstante, el Gobierno de Luis Guillermo Solís considera que el modelo que propone mitiga esas consecuencias, y aprobó la emisión de nuevas licencias.

El recurso que congela esos permisos lo presentó el miércoles el abogado ambientalista Álvaro Sagot. La orden de suspensión la emitió el juez Fernando Cruz este jueves, mientras dicta una sentencia. El caso se tramita en el expediente 17-018790-0007-CO.

"Estamos ante una violación del principio precautorio, partiendo del hecho de que no existen estudios científicos que permitan tomar esa decisión", dijo Sagot.

La Sala le dio tres días al Incopesca para rendir su informe.

El Gobierno argumenta que la pesca de arrastre es necesaria debido a que 3.750 habitantes de la costa Pacífica dependen de esa actividad económica. Foto: Pablo Montiel / Archivo.
El Gobierno argumenta que la pesca de arrastre es necesaria debido a que 3.750 habitantes de la costa Pacífica dependen de esa actividad económica. Foto: Pablo Montiel / Archivo.

Gustavo Meneses, presidente ejecutivo de Incopesca, informó de que no ha sido notificado sobre la resolución del magistrado Cruz.

El funcionario confirmó que el acuerdo de Junta Directiva que reactivó la pesca de arrastre quedó en firme el jueves 23 de agosto.

En él, el Gobierno establece zonas de exclusión para el uso de redes, la exigencia de usar sistemas de localización, el empleo de dispositivos que reduzcan la captura de peces y tortugas, así como la definición de horarios y lugares para la descarga del producto.

Al anunciar los nuevos permisos, el Ejecutivo aseguró que cuenta con estudios científicos que respaldan la idoneidad de su decisión.

No obstante, la fundación Marviva y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), de la UCR, rebaten ese argumento, e insisten en que no existe evidencia de que la pesca de arrastre se pueda practicar de forma segura en el país.