La Sala IV declaró inadmisible la segunda consulta facultativa de constitucionalidad, planteada por diputados, sobre el proyecto de ley que fijaría las tasas de usura en los préstamos de dinero.

Este miércoles, el Tribunal explicó que, si bien es posible presentar más de una consulta sobre un proyecto de ley, es necesario que sean planteadas antes de que la Sala reciba la copia certificada del expediente legislativo producto de la primera consulta.

En este caso, un primer grupo de diputados presentó su consulta el 30 de abril y, a causa de ello, los magistrados recibieron la copia del expediente el 7 de mayo.

El segundo grupo de legisladores envió su consulta el 15 de mayo, por lo que la Sala IV consideró que la gestión incumple con los requisitos para ser admitida.

Esa gestión la presentaron 36 diputados, entre ellos el presidente de la Asamblea Legislativa, el restauracionista Eduardo Cruickshank, así como los jefes de fracción de Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN), Enrique Sánchez, Luis Fernando Chacón y Xiomara Rodríguez.

Entre los firmantes también estuvieron el frenteamplista José María Villalta y los diputados independientes Wálter Muñoz y Zoila Volio.

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En la consulta planteada el 15 de mayo, los congresistas alegaron que “se debe cumplir con el artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual prohíbe expresamente la usura".

En esa ocasión, Enrique Sánchez dijo a La Nación: “Un grupo de diez diputados presentó una consulta apenas aprobamos en primer debate el proyecto; revisamos esa consulta y se llegó a la consideración de que estaba sesgada, inducía a errores importantes a la Sala Constitucional en relación con el proyecto".

El proyecto de usura

El proyecto que fue aprobado en primer debate con 50 votos a favor y dos en contra.

Según informó La Nación, este plan establece una fórmula de cálculo, según la cual los créditos no podrán exceder una tasa del 39% en colones y del 31,35% en dólares, incluyendo el dinero prestado mediante tarjetas de créditos.

También se establecen tasas diferenciadas para los microcréditos, es decir, para los préstamos inferiores a ¢675.000. En este caso, los intereses no podrán superar el 55% y, por los microcréditos en dólares, el 45,66%.

Aquellas tasas que sobrepasen los límites planteados en el proyecto se considerarán usura, lo que significa que su práctica será castigada hasta con dos años de cárcel. El plan duplicará la pena cuando la usura se cometa en perjuicio de consumidores y usuarios.

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