La Sala Constitucional concluyó que fue correcta la detención del alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, quien es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricato, por el aparente otorgamiento ilegal de patentes de licores y de comercialización para negocios en su cantón.
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Por mayoría de cinco contra uno, los magistrados rechazaron, este vienes, un recurso de hábeas corpus en favor de Thompson, en el cual se cuestionaba la actuación del Ministerio Público y del Juzgado Penal alajuelense.
Al final, la Sala IV consideró que la detención contra el alcalde era necesaria mientras se allanaban las oficinas del ayuntamiento.
“Las actuaciones realizadas se enmarcaron dentro de las potestades conferidas por ley al Ministerio Público y al Juzgado Penal; además, se indicó que la intimación se le hizo hasta el momento en que se tuvo la prueba recabada en el allanamiento y que una vez puesto a la orden de la jueza penal, ésta actuó de forma célere, para no generar una innecesaria privación de libertad del imputado”, señala el fallo N.° 2015-14.054.
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Solo la magistrada Nancy Hernández salvó su voto y declaró con lugar el recurso. Ella calificó como “desproporcionada” la detención de Thompson, pues en su criterio no existía ningún peligro de que el sospechoso se fugara o se ocultara.
La Nación intentó contactarlo esta tarde pero no atendió las llamadas al celular de su esposa.