La Sala IV avaló la forma en que el Banco de Costa Rica (BCR) le cerró las cuentas bancarias a la empresa Latinamerica Trust & Escrow Company S. A. (Latco) , en noviembre del año pasado, por dudas sobre el origen del dinero que manejaba allí.
Los magistrados concluyeron que el BCR cumplió con el debido proceso y descartó una actuación arbitraria en contra de la firma, la cual se dedica a bienes raíces y a la administración de fideicomisos en territorio nacional.
Con esos argumentos, la Sala IV rechazó el viernes pasado un recurso de amparo de Latco en contra del cierre de sus cuentas, aunque sí declaró con lugar el alegato de Serguei Swirgsde, presidente de la compañía, de que se violó el derecho a la intimidad de la firma al filtrarse a la prensa el documento que dio pie a la decisión del Banco.
El BCR decidió cerrar las cuentas de Latco por dudas sobre el origen de $67 millones que recibió, durante tres años, desde Malta y Dubái.
El dinero provenía de dos empresas propiedad de una costarricense , las cuales reportaron ingresos por $1.528 millones en el 2014, en dichos países. Se trata de la gerenta del sportsbook 5 Dimes (negocio de apuestas en línea), en Montes de Oca.
Según una investigación del BCR, el perfil socioeconómico de la gerenta Marisol Carvajal Cordero no encajaba con el de una persona que manejara cientos de millones de dólares en el extranjero. Además, remitió el caso a la Fiscalía.
Argumentación. En el recurso de amparo, Swirgsde alegó que el BCR les cerró las cuentas sin darles un tiempo prudencial para enviar la documentación que se le requirió sobre el origen de los $67 millones. Agregó que tampoco se les advirtió de que la no presentación, conllevaría ese castigo.
Él argumentó que los datos solicitados debían ser traídos desde Malta y Dubái, y que el trámite era complejo porque necesitaba que fueran autentificados en un consulado y Costa Rica no tiene en ninguno de esos dos países.
Al respecto la Sala IV respondió: “No es cierto que los datos que el Banco le pide a Latco requirieran complejos trámites de legalización de documentos o gestiones internacionales, pues se trata de datos que, por el tipo de actividad que realiza la amparada, que inclusive está sujeta a supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras, debía tener a mano”.
“Estima la Sala que no se ha infringido en perjuicio el principio de intimidación, ni que las actuaciones del Banco resulten discriminatorias, por lo que en cuanto a este extremo el recurso debe ser desestimado”, reza la sentencia.
El abogado de Latco, Rafael Gairaud, afirmó que respetan el criterio de la Sala, aunque no lo comparten.
Derecho a la intimidad. Los magistrados sí declararon con lugar el recurso y condenaron al BCR al pago de costas, daños y perjuicios, por violentar el derecho a la intimidad.
De acuerdo con la Sala IV, esa entidad debió actuar con diligencia en el resguardo del informe que envió a la Fiscalía sobre la investigación a Latco, ya que La Nación tuvo acceso a él.
“El hecho de que los recurridos (la presidenta del BCR, Paola Mora y el gerente general, Mario Barrenechea) indiquen que no entregaron la información a un tercero —el medio de comunicación— no los exime de responsabilidad, pues evidentemente un documento que era de uso interno trascendió en los medios de comunicación con la violación del secreto bancario en perjuicio de la amparada”, reza el fallo N.° 2016006373.
La presidenta del BCR dijo que serán respetuosos del fallo de la Sala; no obstante, agregó que analizan las alternativas en relación a la condena, pues negó que el documento fuera de uso interno y que se filtrara a la prensa desde esta entidad financiera.
“El documento que cita La Nación en la noticia del 1.° de marzo último, no era de uso interno, sino que iba dirigido al Ministerio Público y, además, también fueron informadas otras dependencias públicas por mandato legal. En razón de ello, en criterio del Banco no se ha establecido que la filtración del mismo fue por una falta a nuestro deber de confidencialidad”, declaró Mora.
Por su parte, el abogado de Latco anunció que acudieran a la vía judicial para cobrar al BCR los daños causados a Latco.
“En el momento oportuno se van a iniciar todos los procedimientos, a nivel de los Tribunales de Justicia, para que se establezca los responsables y la magnitud económica de esa responsabilidad por el daño producido”, expresó el abogado.