Rebeca Madrigal Q.. 7 septiembre
El jerarca de la CCSS, Román Macaya, es investigado por los diputados. Foto: Rafael Pacheco
El jerarca de la CCSS, Román Macaya, es investigado por los diputados. Foto: Rafael Pacheco

Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), comparecerá ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el próximo 19 de setiembre, por los acuerdos que firmó con los sindicatos del sector salud.

Así lo confirmó la liberacionista proponente de la investigación y presidente de ese foro legislativo, Yorleny León.

El pasado 22 de agosto, los diputados acordaron abrir una investigación sobre el acuerdo que Macaya firmó con los sindicatos de la CCSS el 20 de febrero, el cual derivó en una huelga y en el incumplimiento de las medidas de ahorro de la reforma fiscal en la institución.

El documento firmado por el jerarca y los representantes sindicales planteó mantener el pago de los pluses salariales como porcentajes del salario base, o incluso como porcentajes del salario base más otros componentes, a pesar de que la reforma fiscal ordenó transformarlos a montos nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto público.

Luego del acuerdo de febrero, el Gobierno reafirmó en un decreto que los incentivos debían pasar a montos nominales. Los sindicatos, entonces, se fueron a huelga y, finalmente, Macaya y el Poder Ejecutivo accedieron a mantener el pago porcentual mientras intentaban que un juzgado declarara nulo el primer pacto.

León confirmó, además, que el próximo jueves 12 de setiembre recibirán en audiencia a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien está en desacuerdo con el acuerdo con los sindicatos, porque considera que las reglas de la reforma fiscal sí alcanzan a la CCSS.

Los diputados también llamaron a la contralora general, Marta Acosta, para que rinda un informe sobre el impacto económico que podría tener este acuerdo. La fecha de su comparecencia está por confirmarse.

Precisamente, el pasado jueves, la Contraloría General de la República ordenó a la junta directiva de la CCSS ignorar estos acuerdos porque no constituyen un acto administrativo y, por ende, no generaron ningún derecho laboral a los trabajadores.

Además, la resolución del ente contralor ordena a la institución abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad del acuerdo del 20 de febrero.

El presidente Carlos Alvarado dijo que la CCSS debe acatar lo ordenado por la Contraloría.

En agosto, Macaya fue denunciado ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción está a cargo de la investigación.

Pese a estas pesquisas, el mandatario Alvarado mantiene la confianza en el presidente ejecutivo.