Con 48 votos a favor y tres en contra, la Asamblea Legislativa archivó la solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) de suspender por 25 días al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, por un hecho ocurrido en el 2018 mientras fungía como alcalde de Desamparados.
Los tres votos en contra fueron de Waldo Agüero y Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y de Rocío Alfaro, del Frente Amplio.
Antes de la votación, Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, recomendó al plenario archivar el expediente.
El jerarca legislativo sustentó la recomendación en la ausencia de una norma legal que permita sancionar administrativamente a un congresista por hechos cometidos en otros cargos, antes de asumir el cargo. A finales del mes de setiembre, bajo el mismo alegato, los jefes de bancada habían realizado la misma recomendación.
“Fundamentalmente, debido a la inexistencia de norma constitucional, legal o reglamentaria que permita la aplicación de algún tipo de sanción administrativa que involucre a un diputado de la República, esta Presidencia recomienda al plenario el archivo”, reza la resolución de la presidencia legislativa.
La Asamblea Legislativa abrió el expediente N° 23.160 luego de la solicitud de la Contraloría, en el mes de junio, de que se impusiera una suspensión de 25 días sin goce de salario al exalcalde de Desamparados.
En el año 2018, siendo alcalde, Gilberth Jiménez tardó dos meses y medio en abrir un procedimiento administrativo en la Municipalidad de Desamparados, por la manera en que se le otorgó un permiso de construcción a un habitante de ese cantón.
La Contraloría concluyó que Jiménez fue negligente con su deber de actuar a tiempo y que, con la demora, causó que los hechos denunciados prescribieran.
En la recomendación al plenario, Arias citó una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), del 31 de mayo, en la que declara que, en esa sede, no procede ejecutar la suspensión al hoy legislador por acciones cometidas durante su mandato como Alcalde de Desamparados.
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La Procuraduría General de la República (CGR), en el mes de julio, también había dicho que no existe disposición alguna de rango constitucional, legal o reglamentario que establezca sanciones a los diputados por faltas cometidas en otro puesto público por lo cual la solicitud de la CGR no puede aplicarse.
Arias dijo que corroboró el vacío legal. Citó la resolución 2008-18564 de la Sala Constitucional, del año 2008, la cual concluyó que el órgano competente para imponer una sanción a un legislador es la Asamblea Legislativa, pero esta aún no aprueba un régimen sancionatorio.
El diputado Gilberth Jiménez no puede ser sancionado por el Congreso por hechos cometidos en otros cargos, antes de asumir la curul. Foto: (Asamblea Legislativa)