Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una opinión consultiva según la cual el país debe abrir la puerta al matrimonio igualitario, el candidato presidencial del PUSC, Rodolfo Piza, afirmó que él apuesta por una ley de unión civil "que garantice la no discriminación entre las parejas del mismo sexo".
El socialcristiano sostiene que, aunque está de acuerdo en concederles derechos patrimoniales a las parejas gais, se opondría a reformar el Código de Familia, el cual hoy reserva la figura de matrimonio solo para la unión entre un hombre y una mujer. Piza contestó consultas de La Nación al respecto:
– Usted menciona la implementación de una ley de unión civil que garantice “la no discriminación entre las parejas del mismo sexo y los derechos de todas las personas, sin violentar nuestro marco cultural, jurídico y constitucional”. ¿Hasta dónde llega esa afirmación? ¿Cuál es el alcance que tiene?
"Significa que no es necesario modificar el Código de Familia ni alterar el concepto de matrimonio entre hombre y mujer para garantizar la no discriminación de las parejas del mismo sexo y los derechos de todas las personas. Esos objetivos y los efectos jurídicos de la opinión consultiva de la Corte IDH pueden lograrse con una ley de unión civil".
– En un eventual gobierno suyo, ¿las parejas del mismo sexo tendrían el derecho a heredar, a la visita carcelaria, a la adopción, a los préstamos bancarios? ¿Las personas podrían cambiarse el nombre y sexo en el Registro Civil?
"Las parejas del mismo sexo deben tener todos los derechos patrimoniales de cualquier otra pareja, al igual que en temas como las visitas carcelarias o la seguridad social. No creemos en modificar la legislación de familia; y el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil contiene una serie de implicaciones para la seguridad jurídica que deben sopesarse muy cuidadosamente, junto al interés de las personas que promueven esos cambios".
– ¿Modificaría los actuales programas de educación sexual?
"Se debe brindar una educación sexual adecuada a la edad de los estudiantes, basada en la afectividad, el respeto y la tolerancia, pero sin incorporar los excesos propios de una determinada ideología ni pretender cambiar los valores de sus familias.
"Las llamadas Guías de Educación Sexual no fueron consultadas con los padres de familia, a quienes corresponde decidir sobre la educación moral y religiosa de sus hijos, como lo establecen los pactos internacionales de derechos humanos, tanto los de derechos civiles y políticos, como los de derechos económicos, sociales y culturales. Las partes de las guías de educación sexual no consensuadas serán eliminadas, mientras se desarrollan las consultas con los padres de familia en cada centro educativo".
– ¿A qué se refiere cuando menciona que en su gobierno acudirá “a las instancias internacionales para cerrar la puerta a fallos que vayan en contra de nuestros valores”? ¿Usted mantendría a Costa Rica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
"Se trata de garantizar, mediante los mecanismos jurídicos y diplomáticos, la doctrina de respeto a las decisiones internas de cada país que, en estos temas, ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto evitaría que se erosione la base de apoyo social y permitiría fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual el país debe pertenecer.
"Se debe resguardar el concepto del derecho a la vida desde la concepción, concepto que se incorporó en la Convención Americana precisamente para proteger los derechos humanos del nasciturus y frenar cualquier normativa, protocolo o interpretación que pretendiera ampliar el aborto. Acudiremos a esas instancias para evitar que se den resoluciones para promover o ampliar el aborto o interpretaciones que vayan más allá del texto o del objeto y fin de los tratados internacionales de derechos humanos. Para ello, podemos efectuar las reservas del caso e impulsar resoluciones hemisféricas que dejen todavía más claro que es un derecho de cada país resolver esos temas de manera interna, de acuerdo a su marco cultural, jurídico y constitucional".