14 diputados de tres fracciones legislativas presentaron, este viernes, la consulta facultativa de constitucionalidad de la reforma fiscal ante la Sala IV, cinco días antes de que ese proyecto se pusieren discusión por el segundo debate.

El documento fue presentado ante la Sala Constitucional a la 1:21 p. m. de este viernes y contiene firmas de 12 legisladores del Partido Restauración Nacional (PRN), el del Frente Amplio, José María Villalta, y el jefe del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz.

Marulin Azofeifa y Carmen Chan, del PRN, no firmaron el documento, pues no estuvieron en la Asamblea Legislativa jueves y viernes.

Para llevar el expediente 20.580 a consulta de los magistrados constitucionales solo se requerían de las firmas de al menos 10 congresistas.

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“Presentamos la consulta porque queremos buscar el rostro humano a este proyecto. Estamos convencidos de que este proyecto violenta el principio constitucional de justicia tributaria al obligar a los dos deciles más bajos de la sociedad, que ganan unos menos de ¢50.000 y otros menos de ¢100.000, a pagar un impuesto que sobrepasa sus posibilidades”, dijo el diputado Eduardo Cruickshank, del PRN, a través de un comunicado de prensa.

Entre los aspectos plan fiscal consultados están una alegada “violación al principio de justicia tributaria al establecer un impuesto del 1% a los artículos de la canasta básica”.

También reclaman los legisladores que es inconstitucional incluir dentro del 8% del PIB destinado a la educación los recursos destinados a la Red de Cuido y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

También, consideran que reducir los montos destinados a las universidades estatales es un roce a la Carta Magna.

Los diputados consultaron si es posible derogar la norma que fija un monto específico tomado de la recaudación en renta y que hoy se destina al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Según el PRN, hay una violación al principio de conexidad por incluir en la reforma fiscal el perdón de deudas tributarias a través de la amnistía, así como derogar los destinos específicos que hoy se envían al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), las juntas de educación y los CEN-Cinai.

El octavo argumento que lanzaron los parlamentarios contra la iniciativa tributaria es contra la propuesta para establecer límites al crecimiento del gasto corriente, tal como lo establece la regla fiscal, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), particularmente en lo relativo al seguro de enfermedad y maternidad (SEM).

Aparte de los alegatos que coinciden con los reclamos hechos por universidades estatales y varias instituciones, los diputados consultantes alegan que hay un artículo del plan fiscal que “pretende suprimir el derecho a la negociación colectiva en materia salarial y establece que la misma solo será posible mediante ley”.

Reclamaron los congresistas, además, que obligar a los jerarcas de las instituciones a denunciar las convenciones colectivas, también limita el derecho a la negocaciación o la prórroga automática de los contratos de convenciones colectivas.

La Sala Constitucional, a través de una nota de prensa, confirmó la presentación de la consulta de los diputados e informó que se tramitará bajo el número de expediente 18-016546-0007-CO.

PLN: Hay más aspectos por consultar

Consultado sobre la decisión de los restauracionistas de consultar ocho aspectos de fondo, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, apuntó que hay varios aspectos más que se deben consultar sobre la reforma fiscal.

“Parece ser que no consultaron las cuatro objeciones que hizo la Corte Plena. Si fuera así, yo estimo necesario consultar esos cuatro temas de fondo.

“Primero, por una razón de carácter institucional, porque es sumamente necesario saber si la Sala va a mantener su criterio, porque ha rechazado que la materia salarial afecte la organización y el funcionamiento del Poder Judicial”, explicó Benavides.

El verdiblanco añadió que, si esas objeciones no se aclaran, dejarían la necesidad de votar con 38 votos el proyecto de ley, en segundo debate o, por el contrario, proceder a modificar el texto para eliminarlas.

Las cuatro objeciones sobre las que a Benavides le parece fundamental que la Sala Constitucional se pronuncie está en el criterio enviado por la Corte Plena a la Asamblea Legislativa.

La primera es si la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) y su participación en el diseño de la política de evaluación de los funcionarios es o no una intromisión de poderes.

También se buscará que la Sala determine si los topes salariales y los pluses en general afectan de alguna forma la independencia del Poder Judicial.

De igual forma, se trataría de aclarar si hay problemas en reformar las transferencias o destinos específicos, y si eso podría afectar los recursos que por leyes especiales hoy se dan a varias dependencias judiciales.

Igualmente, se consultaría si la regla fiscal puede aplicarse sobre los recursos de la Corte.

Sin observaciones del procedimiento

Aunque en varias ocasiones el diputado Cruickshank aseguró que había numerosos vicios de procedimiento dentro del trámite del plan fiscal, en la consulta facultativa presentada por su fracción no hay una sola referencia a posibles inconstitucionalidades por la forma.

Por vía telefónica, el legislador alegó que la razón de que no se incluyeran observaciones sobre el procedimiento fue una decisión tomada por la mayoría de la fracción de Restauración Nacional.

Además, apuntó que existe jurisprudencia del propio tribunal constitucional “en el sentido de que, cuando se hace una consulta a un proyecto de ley, independientemente de si se hace por la forma o por el fondo, la Sala procederá de oficio a conocer el procedimiento”.

“Como controlador de la constitucionalidad de las leyes, la Sala ha dicho que está en la obligación de entrar a conocer ese aspecto y no tendría ninguna lógica que, detectando ellos vicios de procedimiento, no los declaren y permitan de esa manera que un expediente llegue a ser ley y que cualquier ciudadano, a futuro, presente una acción y tengan que declarar una inconstitucionalidad”, comentó Cruickshank.

El diputado añadió que no quieren influenciar, de ninguna manera, en la observación de la Sala y prefieren que sean los magistrados, sin la influencia de nuestros argumentos, los que revise “con toda la objetividad del caso” y, de hallar vicios, que ellos resuelvan.