El jefe de la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank, aseguró este miércoles que mienten y recurren a engaños quienes impulsaron un proyecto de ley para evitar el matrimonio igualitario, mediante la creación de una figura llamada “uniones civiles” para las parejas homosexuales.

“Algunos, de manera irresponsable, de manera populista y buscando llevar votos a sus filas electorales, le han vendido a la población que esa iniciativa iba a dejar sin efecto lo resuelto por el alto tribunal constitucional, lo cual es absolutamente falso”, afirmó Cruickshank durante una conferencia de prensa convocada por su partido en el Congreso.

Asimismo, el PRN expuso que, si bien se oponen a la norma sobre el aborto terapéutico y tomarán acciones legales contra esta, no recurrirán a amenazas como bloquear los proyectos de ley de interés del Poder Ejecutivo.

El diputado explicó que, aunque no comparten la idea del matrimonio homosexual, no firmaron la iniciativa del PUSC y del bloque fabricista Nueva República “con el pleno conocimiento de que ningún proyecto de ley tiene la virtud de suspender los efectos de una resolución de la Sala Constitucional”.

En agosto del 2018, el Tribunal declaró inconstitucional el artículo del Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y otorgó al Congreso un plazo de 18 meses para adecuar el resto de la legislación relacionada, antes de que entre en vigor.

“Aquellos que han vendido, a través de redes sociales, que la iniciativa va a impedir efectos de sentencia de la Sala IV, están mintiendo y una vez más no les importa polarizar el país a través de este tipo de engaños que están propiciando en los costarricenses”, enfatizó Cruickshank.

El lunes, la bancada del PRN anunció su negativa a firmar la propuesta que impulsaban María Inés Solís, jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), e Ivonne Acuña, del bloque independiente Nueva República, para que las parejas gais tuviesen que formalizarse mediante uniones civiles.

Un día después, el martes, la jefa socialcristiana desistió de impulsar la iniciativa legal, que ni siquiera llegó a presentar, cuando sus propios compañeros de bancada le restaron el apoyo. En un principio, Ivonne Acuña dijo tener 25 firmas.

‘Matrimonio igualitario entrará en vigencia’

A pesar de que Auña alegó que la figura del matrimonio era solo una de las figuras que se podían utilizar para garantizarles derechos a las parejas gais, Restauración tiene una visión distinta.

Si bien insistió en que su bancada sigue en contra del matrimonio igualitario, Eduardo Cruickshank indicó que hay una sentencia de la Sala Constitucional, y que el tribunal estableció un plazo de 18 meses para que esta figura entre en vigor.

“El 26 de mayo del 2020 entrará en vigencia el matrimonio igualitario, muy a pesar del criterio de una amplia mayoría de los costarricenses", alegó Cruickshank.

El vocero del PRN enfatizó que su negativa a firmar el plan de María Inés Solís era, básicamente, porque consideran que el plan “no tiene la virtud de suspender los efectos de una resolución de la Sala Constitucional”.

El texto que la jefa del PUSC desistió de promover ordenaba crear un registro especial de parejas homosexuales.

Además, establecía que, si uno de los miembros de una unión civil fallecía, al cónyuge sobreviviente no se le otorgaría la custodia de los hijos del fallecido, al tiempo que a los convivientes civiles se les prohibiría adoptar en pareja.

Acciones contra norma técnica, pero sin amenazas

En cuanto a la norma técnica sobre aborto terapéutico, que el presidente Carlos Alvarado se comprometió a firmar antes de que termine el año, Restauración Nacional aseguró que, como fracción, solamente tomarán acciones legales en el momento en que conozcan el contenido de ese documento.

Xiomara Rodríguez dijo que la bancada está totalmente en contra de una norma técnica, porque alegó que “esos temas van en contra de la idiosincracia del costarricense” y provienen, según ella, de una infiltración de “ideologías que vienen a dañar y contaminar el pensamiento del costarricense”.

No obstante, se desmarcaron de las amenazas que lanzó la fabricista Ivonne Acuña, la semana pasada, cuando dijo que si avanza la norma sobre aborto terapéutico, ella y al menos 11 legisladores más dejarían de votar proyectos de “interés para el Poder Ejecutivo”.

Cruickshank detalló que las acciones serían, en caso de encontrar una violación a la Constitución en la norma técnica, acudirían a la Sala IV y, en caso de considerar que hay una violación legal, llevarían el reclamo al Tribunal Contencioso Administrativo.