EscucharLos concejos municipales de los cantones de San Carlos y Alajuela pidieron a la Asamblea Legislativa, en los últimos días, abrir una nueva comisión para que se investigue la incidencia del narcotráfico en los partidos políticos y, a la vez, rechazaron el informe del foro parlamentario aprobado el pasado 22 de diciembre.
La solicitud la hicieron a través de una moción promovida por regidoras del Partido Acción Ciudadana (PAC), con la que cuestionaron los alcances de la comisión que investigó de manera escueta la penetración del narco en las municipalidades de la zona sur.
La propuesta aprobada por los regidores manifiesta preocupación por el informe de mayoría de esa comisión especial, que evitó, por ejemplo, cuestionar las acciones del diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien hizo gestiones en favor de dos personas ligadas a una supuesta banda narco.
Ese informe, una vez aprobado, fue enviado a las 82 municipalidades del país. En el documento, también se evitó realizar conclusiones sobre el vínculo del liberacionista Carlos Viales, alcalde de Corredores, con el puente construido en la finca de un supuesto narco, y el de su hijo, el diputado Gustavo Viales, quien habría visitado el condominio donde fue detenido ese supuesto narcotraficante, para recoger una documentación.
La preocupación de los regidores viene porque consideran que el informe se redactó “sin que la comisión profundizara en un tema de tanta trascendencia para la democracia costarricense”.
En la moción aprobada ya en dos municipalidades del país, se pide a la Asamblea Legislativa abrir una nueva comisión especial investigadora que deje de lado “los intereses partidistas y se enfoque en la búsqueda de soluciones a este grave flagelo que afecta la democracia de nuestro país”.
Unánime y tres en contra
En el Concejo Municipal de San Carlos, la propuesta fue aprobada de forma unánime por los nueve regidores, mientras que en Alajuela tuvo el voto afirmativo de ocho regidores, mientras que tres lo emitieron negativo.
En el concejo sancarleño, la moción fue avalada por los liberacionistas Yuset Bolaños, Luis Fernando Porras, Juan Diego González, Alexánder Vargas y Ashley Brenes. Así como por José Pablo Rodríguez y Vanessa Ugalde, de Progreser; Luis Fernando Solís, del PUSC; y Diana Corrales, del PAC, la proponente.
En el caso alajuelense, votaron a favor de reabrir la investigación los regidores Leslye Bojorges, Kathia Guzmán y Guillermo Chanto, del PUSC; María Cecilia Eduarte, del PLN; Ana Patricia Guillén, de Despertar Alajuelense; Germán Aguilar, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Randall Barquero, de Nueva República; y Selma Alarcón, del PAC, quien propuso la moción.
Los votos negativos fueron de los liberacionistas Alonso Castillo, Gleen Rojas y Mercedes Gutiérrez.
‘Trabajo por hacer, investigar más’
La sancarleña Diana Corrales dijo en la sesión de su concejo, el 17 de enero, que a los diputados les faltó trabajo por hacer, personas por llamar e indagar más. La regidora dijo que está consciente de que la campaña electoral afectó esa investigación, porque “algunos partidos decidieron no seguir indagando”.
“Es una situación grave, porque en las campañas vemos que surgen partidos de la nada, con dinero a su disposición para llevar campañas, donde sabemos que no se gastan dos o tres pesos. Creo importante que la Asamblea siga investigando”, agregó.
El presidente municipal de San Carlos, Juan Diego González, apoyó la propuesta, pero enfatizó que él no cree tanto en crear otra comisión, escogida por los mismos diputados actuales y, por el contrario, abogó sobre la necesidad de que el Poder Judicial investigue, que los responsables paguen y que no se hagan show políticos.
Para la regidora del cantón central de Alajuela Selma Alarcón, también del PAC, el informe de la investigación que lideró la diputada independiente Zoila Volio no analizó toda la prueba, no recibió a todos los testigos requeridos y se hizo a la carrera.
En particular, la rojiamarilla enfatizó en que nada se investigó sobre el puente construido en la finca de un supuesto narco, en Corredores, y agregó que se deben dar recomendaciones válidas a las municipalidades sobre cómo evitar la intromisión del narcotráfico.
El liberacionista Alonso Castillo justificó que votó en contra de la moción “en apego al Código Municipal, porque el artículo 3 dice que la jurisdicción territorial de la Municipalidad de Alajuela es el cantón respectivo”.
“No puedo votar algo que no es de este cantón, aunque estoy de acuerdo en cualquier investigación y que se lleve cualquier denuncia a fondo, si existe en el cantón de Alajuela”, apuntó.
El diputado Luis Ramón Carranza, del PAC, dijo a La Nación que desde ese partido político están promoviendo que los concejos municipales rechacen el informe de la comisión narco.
“Regidoras y regidores han presentado una moción para pedir a la Asamblea que el tema no se deje caer, porque es necesario investigar los ligámenes del narcotráfico en la política, hay que seguir haciendo el esfuerzo, esa es la línea”, agregó Carranza.
