Aarón Sequeira. 30 junio
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y los viceministros Rodolfo Cordero y Nogui Acosta. Foto: Mayela López.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y los viceministros Rodolfo Cordero y Nogui Acosta. Foto: Mayela López.

La reforma fiscal prohibiría que los empleados públicos reciban cesantías mayores a los 12 años (un salario por cada año).

Actualmente, algunas instituciones pagan hasta 20 años gracias a acuerdos contenidos en convenciones colectivas, aunque el Código de Trabajo solo exige ocho años para casos de despido con responsabilidad patronal.

Sin embargo, el Gobierno pretende ponerle límite a esas concesiones adicionales mediante la vía legal.

Así lo establece el borrador del nuevo texto de la reforma fiscal que el Ministerio de Hacienda distribuyó entre diputados y asesores de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, este jueves.

En el título sobre cambios a los salarios públicos, se plantea una nueva redacción del artículo 39 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, donde dice que todos los empleados estatales tendrán derecho a una cesantía máxima de ocho años.

Sin embargo, se advierte de que la indemnización no podrá superar los 12 años aun para los funcionarios que, a la entrada en vigencia de la reforma, hayan acumulado más de ocho años en su empleo.

Ese ajuste legal va de acuerdo con un fallo de la Sala Constitucional, dado a conocer a inicios de junio, según el cual es irracional y desproporcionado reconocer a los trabajadores del sector público un pago de cesantía superior al 50% de lo establecido en el Código de Trabajo.

Esa sentencia, dictada el 5 de junio, se dio al declarar parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad en contra de la convención colectiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).

En el mismo título de la reforma fiscal referido a los ajustes al empleo público, se introducen otras normas anunciadas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en su comparecencia ante la comisión fiscal.

Específicamente, se reducen los porcentajes de los pagos por dedicación exclusiva y por prohibición.

Aquí puede consultar el texto completo de la moción propuesta por el Gobierno a los diputados:

En cuando a dedicación exclusiva, los nuevos artículos se ajustan a la directriz presidencial que ya está vigente, y que establece el pago para licenciados en un 25% y para bachilleres en un 10%.

En la versión que venían trabajando los anteriores congresistas se establecía un 55% para licenciados o superiores, un 20% para bachilleres y un 30% para profesores universitarios.

En cuanto al plus conocido como prohibición, el nuevo texto propone un 30% para licenciados o superiores y un 15% para los bachilleres, en vez de un 65% y un 30%.

Pluses nominales

Tal como Aguilar lo había prometido, también se determina que el pago por buen desempeño, o anualidad, se reconocerá de forma nominal, aunque se mantiene la nota de “bueno” como la mínima para acceder a ese pago.

“A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo por anualidad de los funcionarios públicos cubiertos por este título será un monto nominal fijo para cada escala salarial, monto que permanecerá invariable”, dice el nuevo artículo 50 de la Ley de Salarios.

Eso sí, para determinar ese monto nominal fijo, se aplicará un 1,94% del salario base para las clases profesionales y del 2,54% para las no profesionales, esto en lo que corresponde al 2018. De ahí en adelante, se pagará solo el monto nominal correspondiente.

Actualmente, hay anualidades hasta del 10% en algunas instituciones públicas.

La aplicación de los montos nominales aplicará para todos los demás incentivos salariales o compensaciones que existan a la entrada en vigencia de la reforma fiscal, según lo propone Hacienda.

Aunque en la iniciativa fiscal no haya nada relacionado con las convenciones colectivas, la ministra de Hacienda ya había explicado que las nuevas negociaciones se tendrán que ajustar a los criterios que imponga la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Otra de las medidas anunciadas por Aguilar y que se incluyó dentro del borrador es la prohibición de crear de nuevos pluses o incentivos salariales, salvo que se haga a través de un proyecto que se tramite y apruebe en el Congreso.

Texto para trabajar

El presidente de la Comisión Fiscal, el oficialista Welmer Ramos, confirmó que este jueves se le entregó a los diputados una copia del borrador y detalló que la idea es trabajar sobre esa nueva redacción, para la presentación de mociones de fondo, que será el próximo jueves.

“El jueves es el día para la presentación de mociones por parte de los diputados. Hay una comisión de la Asamblea y de Hacienda para que todos los diputados puedan asesorarse de los pormenores. Creo que el lunes tenemos una actividad”, dijo el exministro de Economía.

Consultado por La Nación, Ramos destacó que la reforma fiscal elimina los pluses por discrecionalidad y por confidencialidad, además de que fija topes a los salarios del presidente y los jerarcas públicos, así como de los jefes de entidades en competencia.

“No se permitirá aprobar gastos sin fuente de financiamiento bien determinada, hay que revisar las exoneraciones y a todas se les pone plazo, porque no pueden ser indefinidas”, comentó el presidente de la Comisión de Reforma Fiscal.

Se les consultó a Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), y a Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), sobre el borrador del nuevo texto de la reforma fiscal, pero alegaron que no habían tenido acceso a ese documento aún.

Ramos también destacó que se deja bien clara, en la nueva redacción, la definición de grupo de interés económico, con el fin de evitar que haya “creatividades” en las empresas para dispersarse y tributar a otro nivel.