Las medidas de ahorro en el pago de pluses salariales y cesantías, ordenadas por la reforma fiscal, le darán cinco años más de vida al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS antes de que este se torne insolvente.

Los ajustes aplicados postergarán del 2027 al 2032 la fecha en que los ingresos ya no alcanzarán para cubrir los gastos del principal sistema de salud del país, que cubre a poco más de tres millones de asegurados directos.

El respiro obedece a que, durante los próximos 12 años, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se ahorrará ¢1 billón (un millón de millones) con las medidas de ahorro que la Contraloría General de la República le ordenó aplicar, luego de que la institución se negara a hacerlo.

Así lo refleja una revisión hecha en diciembre del 2019 sobre la última Valuación Actuarial del Seguro de Salud, la cual había sido elaborada en el 2017, con datos del 2015.

La revisión obedece a que la Junta Directiva de la CCSS le solicitó a la Dirección Actuarial y Económica actualizar el informe con base en los efectos de la reforma fiscal, principalmente en el crecimiento de los salarios de sus 57.600 empleados.

El plan fiscal ordenó transformar en montos fijos (nominales) los pluses que antes se pagaban como porcentajes del salario, con la intención de frenar el crecimiento exponencial de los sueldos.

El nuevo informe estimó que, con solo aplicar la reforma fiscal, la CCSS se ahorró entre ¢23.000 millones y ¢26.000 millones en el 2019. Ese ahorro irá creciendo hasta acumular ¢1 billón en el 2032, agrega el reporte.

En términos porcentuales, se trata de una reducción en el gasto del 1,1% en el primer año, la cual ascenderá a un 14,7% al final del período proyectado.

Lo que concluye el estudio es que “el período de suficiencia de ingresos para cubrir los gastos se extenderá por varios años más”.

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Al igual que las valuaciones actuariales del seguro de salud de la Caja, que se realizan cada dos años para conocer la salud del régimen, la adenda se elaboró con una proyección de 15 años, entre el 2017 y el 2032. En ese mismo lapso se realizó la más reciente valuación del SEM.

Sergio Gómez, gerente financiero a. i. de la Caja, admitió que el principal ahorro se verá reflejado, sobre todo, por los ajustes salariales hechos al sector médico.

“La institución es una institución de servicio en donde el tema de las remuneraciones salariales tiene un gran peso y, efectivamente, el cambio en el modelo de pago a nivel institucional va a generar un ahorro en esos rubros, sobre todo a nivel de los profesionales en ciencias médicas”, explicó el vocero.

El seguro de salud representa la mayor cantidad de gastos de la Caja: ¢3,28 billones. El 46%, es decir, ¢1,52 billones, se destinará al pago de remuneraciones de los trabajadores en el 2020. El resto de los recursos, o sea ¢1,76 billones, financiarán hospitales, clínicas, Ebáis, compra de medicamentos y la inversión en infraestructura.

Según Gómez, es probable que se extienda ese período en que los ingresos alcanzarán para sufragar los gastos del régimen.

"Lo que deja entrever el estudio es que, en realidad, de aquí al 2032, según las estimaciones, se va a ir generando un excedente que, al final de cuentas, podría utilizarse como una fuente de financiamiento para cubrir necesidades más allá del 2032″, afirmó.

Cambios de la reforma fiscal

Las dos principales medidas que tuvo que tomar la Caja después de la reforma fiscal se enfocan al pago de cesantía y anualidades.

En el primer caso, desde mediados de diciembre del 2018, la Caja redujo de 20 años a ocho el reconocimiento de prestaciones legales cuando el trabajador se retira.

En cuanto a las anualidades, estas las reconoce actualmente en montos fijos. Corresponden al equivalente a un 1,94% del salario base para profesionales y un 2,54% para no profesionales, tal como lo establece la reforma fiscal o ley 9635.

Anteriormente, por ese incentivo, la Caja pagaba 5,50% a los médicos y 3,50% a enfermeros y nutricionistas.

A los profesionales del área administrativa el incentivo se asignaba entre el 2% y el 2,60%. Ahora, a los no profesionales se les reconoce un beneficio salarial en monto fijo equivalente al 3%, según dicta la ley fiscal.

En oposición a la reforma fiscal, los sindicatos de la Caja paralizaron los servicios en hospitales y clínicas de todo el país a principios de agosto del 2018.

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Portafolio de proyectos

Otra de las áreas de la Caja que analizó el nuevo informe fue el portafolio de proyectos de inversión de la entidad, el cual comprende las obras de infraestructura en curso, como hospitales, Ebáis y torres médicas.

Dichas inversiones se llevan a cabo con los recursos del fondo del SEM, que, a su vez, subsiste gracias a los aportes obreros, patronales y estatales.

Al igual que con el seguro de salud, “la totalidad del portafolio de proyectos de inversión (182), indica un nivel de suficiencia hasta el año 2027”.

Es decir, que a partir del 2027, los gastos ocasionados por esas inversiones superarán a los ingresos. Ya no será en el 2024, como lo proyectaba el último estudio actuarial.

Según explicó el gerente financiero a.i. de la Caja, en el nuevo informe se consideraron proyectos que están actualmente en ejecución y otros "que están muy maduros en cuanto a aspectos técnicos”.

Entre estos, varios hospitales, áreas de salud y proyectos de sustitución de equipamiento médico, los cuales tendrán un efecto importante en los gastos institucionales, amplió el vocero.

Por ejemplo, la construcción de los hospitales Monseñor Sanabria, de Puntarenas; y el William Allen, de Turrialba, así como nuevas torres en el Calderón Guardia y el México.

Detalles del estudio

La ampliación de la Valuación Actuarial del Seguro de Salud 2017 incluye datos que el informe base no contenía, pues este cerró en el 2018, y la reforma fiscal fue aprobada en diciembre de ese año.

“Se amplía el informe considerando el efecto que tiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en forma específica, sobre las remuneraciones asociadas con los profesionales en ciencias médicas, toda vez que los criterios que lo establecen de esa forma fueron emitidos en los meses de setiembre y octubre del presente año (2018), momentos en los cuales ya se había finalizado el informe de la valuación actuarial del Seguro de Salud”, cita la adenda.

La medición tomó en cuenta los gastos de la Caja en atención en salud, así como la utilización de los servicios, la población cubierta, la estancia promedio de los pacientes y el costo de cada uno de los servicios.

Dentro del costo de los servicios se incluyen las remuneraciones del personal que interviene en la prestación del servicio.

El estudio fue elaborado por las actuarias Carolina González Gaitán y Evelyn Guzmán Solano.

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