Sofía Chinchilla C.. 7 octubre
Imagen ilustrativa. Fotografía: John Durán
Imagen ilustrativa. Fotografía: John Durán

Un proyecto de ley que busca dar rango constitucional al derecho humano al agua pasó su primer filtro en la comisión especial que lo analizó, y avanzó a su trámite de plenario.

La propuesta, que reformaría el artículo 50 de la Constitución Política, recibió un dictamen afirmativo este lunes. Lo respaldaron, de forma unánime, José María Villalta, del Frente Amplio; Paola Valladares y Aida Montiel, del Partido Liberación Nacional; y Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Lo que propone el plan es añadir un párrafo a la carta magna, en el cual se establecería que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida”.

El líquido, además, se declararía como “un bien de la Nación”, cuyo uso, conservación y explotación debe regirse por ley.

“Tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”, dice la propuesta.

Según el repaso histórico que hace la iniciativa, este es el cuarto intento que emprende la Asamblea Legislativa, desde el año 2002, para darle rango constitucional al derecho humano al agua.

Otros textos, que impulsaron en su momento figuras como la expresidenta Laura Chinchilla y el fallecido exlegislador frenteamplista José Merino del Río, nunca se concretaron por diferencias políticas entre las bancadas y por limitaciones en el plazo de los trámites.

Este nuevo expediente lleva la firma de los 57 legisladores.

Además de reformar el artículo 50 constitucional, el plan agregaría un transitorio a la carta magna, que aclararía que la reforma mantiene vigentes "las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua”.

En el mismo sentido, en la introducción de la propuesta, los legisladores declaran que su intención es dejar intacto el marco normativo que permite que las concesiones de agua las otorgue el Poder Ejecutivo, por plazos específicos, en apego a lo que dicte la ley vigente.

“En forma expresa manifestamos que esta reforma no pretende que las concesiones de agua tengan que ser otorgadas por la Asamblea Legislativa, ni tampoco modificar el marco normativo vigente que le atribuye esta competencia al Poder Ejecutivo”, dice el proyecto de ley.

Luego de recibir el dictamen positivo en comisión, la propuesta pasará al plenario legislativo. Por ser una reforma constitucional, deberá atravesar dos debates en una primera legislatura, para luego pasar por el tamiz de la Sala Constitucional.

Si lo consigue, el presidente de la República deberá citar el número de expediente en el que se tramita (el 21.382) en su discurso del 1.° de mayo, y así el plan entraría en la fase final del proceso legislativo, que consta de tres debates más.