Josué Bravo.   7 julio
El Régimen No Contributivo de la CCSS anunció que no tramitaría nuevas solicitudes de pensiones por problemas de financiamiento. Foto: Jorge ARCE / LN

La reforma al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), impulsada por los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, permitirá destinar ¢21.000 millones al financiamiento de pensiones para personas en pobreza.

Esa cantidad de dinero será utilizada para aumentar el financiamiento del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), justo cuando la CCSS suspendió el otorgamiento de nuevas jubilaciones para pobres por falta de recursos.

Los ¢21.000 millones corresponden al acumulado histórico de fondos no retirados de las cuentas individuales del ROP en las operadoras de pensiones complementarias.

Se trata de fondos que, por diversas razones, no fueron reclamados por sus dueños, muchos de los cuales fallecieron hace más de diez años.

El giro de esos recursos al Régimen No Contributivo fue planteado por la superintendente de Pensiones (Supen), Rocío Aguilar.

La idea fue incluida en el texto sustitutivo de la reforma a la Ley de Protección al Trabajador, la cual fue dictaminada positivamente en la Comisión de Hacendarios y ahora va al plenario legislativo.

En un principio, este proyecto levantó polémica porque pretendía habilitar la posibilidad de que las personas retiraran el 100% de las pensiones del ROP en un solo tracto, al retirarse. Luego, el texto fue modificado y se habilitaron cuatro modalidades de retiro, así como medidas excepcionales para los próximos diez años.

De acuerdo con Rocío Aguilar, las acumulaciones de dinero no utilizado que se aprovecharán para el RNC “nacieron al inicio del ROP”, el cual fue creado en el año 2000.

“Aprovechamos el proyecto para resolver el tema de que la Ley de Protección al Trabajador no previó, bajo ninguna norma, qué se hace con esos fondos que nadie reclama. Ahí estaríamos pensando en la prescripción decenal (a los diez años)”, explicó la superintendenta a los diputados.

Para la superintendente, una excelente opción es destinar los recursos al RNC, “sobre todo en un momento en que este régimen tiene un desajuste bien importante”.

Desde el 1.° de junio, la CCSS suspendió la recepción de solicitudes para nuevas pensiones, debido a la reducción de ingresos que provocará la pandemia el próximo año.

Los ¢21.000 millones alcanzarían para sostener pensiones del RNC a 10.000 personas por dos años.

El RNC es una pensión de carácter asistencial concedida por la seguridad social a personas que no cotizaron durante su vida laboral. Lo administra la Caja y se nutre de otras fuentes como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y la Junta de Protección Social (JPS).

El beneficio lo reciben mayores de 65 años, personas con discapacidad que no pueden trabajar, así como huérfanos, viudas e indigentes. Actualmente, el RNC cubre a 128.845 personas, a quienes se les otorga una pensión de ¢82.000 mensuales.

Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) e integrante de la comisión de Hacendarios, agregó que una de las mejoras importantes del texto sustitutivo es ese tipo de giros.

“Los recursos del ROP, que no hayan sido retirados en un plazo de 10 años a partir del fallecimiento del afiliado o pensionado, van a ser girados por las operadoras de pensiones a favor del Régimen No Contributivo”, explicó la congresista.

Esta obligación sería normada en el artículo 77 del proyecto de ley que, del mismo modo, recomienda igual destino para los sobrantes del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

“Una vez ingresados y destinados a los fines del Régimen No Contributivo, no cabe ningún tipo de reclamo posterior, ni procesos oponibles en relación con estos recursos”, dice el texto.

Sobre los procesos de reclamo del ROP por parte de parientes de beneficiarios fallecidos, Aguilar recordó que ahora las familias pueden acudir a la vía laboral para recuperar los fondos mediante una forma “expedita y gratuita”.

Eduardo Cruickshank, legislador del Partido Restauración Nacional (PRN) y presidente legislativo, explicó que antes se usaba un trámite sucesorio que requería de la contratación de un abogado para que ese fondo pasara a manos de las familias, el cual, según dijo, era lento y caro.

Con ese cambio, los beneficiarios de unos 33.000 afiliados fallecidos podrán acudir a la vía laboral, más expedita, añadió el restauracionista.

Estado actual del ROP

Durante su explicación ante los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios, la jerarca de Supen, Rocío Aguilar, informó que a mayo del 2020 las cifras del ROP son las siguientes:

Tiene un saldo de ¢7 billones.

Hay 2,7 millones de afiliados, de los cuales solo 1,2 millones están activos como trabajadores que hacen aportes (aportantes). El resto, según dijo, es el reflejo de la informalidad laboral del país.

–Tiene 10.000 pensionados.

Hay un saldo promedio por aportante de ¢4,4 millones.

–Se identificaron ¢21.000 millones de “registros errores”.

Un 27% de los afiliados apenas tienen un promedio individual acumulado de ¢800.000. “La mitad de afiliados tiene en promedio ¢2,5 millones”, indicó la jerarca.

El 53% de las cuentas tienen baja aportación, menos de 70 cuotas, que serían un poco menos de seis años.

Solo un 24% de los afiliados cotiza 11 meses o más al año, generalmente son funcionarios públicos; el resto tiene mucho menos.