La reforma al empleo público introduciría un marco legal para regular la desvinculación de los funcionarios de una institución que sufra insuficiencia de fondos, o bien, que ofrezca servicios que se tornen innecesarios.

Primero, el proyecto establece que la “falta absoluta de fondos” será causal para la desvinculación laboral, siempre que se paguen las prestaciones fijadas por ley.

En segundo lugar, el texto habilitaría la ruptura laboral si, para generar “una más eficaz y económica reorganización”, una institución requiere prescindir del 60% de los empleados de una dependencia.

Por ejemplo, aplicaría si llega a determinarse que una determinada entidad no debe continuar prestando uno o varios servicios y que, por lo tanto, debe suprimirse del organigrama estatal la estructura que ejecuta dichas tareas, explicó el Ministerio de Planificación (Mideplán).

Dichas alternativas están en el artículo 19 del proyecto planteado por el Poder Ejecutivo para el expediente 21.336.

En esa sección, se especificarían las causas de desvinculación de un funcionario del sector público, como renuncia, jubilación, obtención de dos evaluaciones inferiores a 70 o sanción disciplinaria.

El artículo añadiría la reducción forzosa de servicios, con las dos opciones descritas.

“En ambos casos, tales reducciones forzosas deberán ser precedidas de una rigurosa justificación técnica que fundamente la decisión de la autoridad jerárquica y procederán previo pago de las prestaciones y de la indemnización que pudieren corresponder a cada persona servidora pública”, especifica el proyecto de ley.

El Ministerio agregó que el artículo propuesto se toma del Estatuto de Servicio Civil, el cual ya contempla la reducción de planilla por falta de dinero para los salarios.

No obstante, de momento, aplica solo a los ministerios, sus organismos adscritos y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

En el caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que sufrió una reducción considerable de recursos, fue necesario que el Congreso aprobara una ley para reducir la planilla y pagar indemnizaciones adicionales a las establecidas en el Código de Trabajo.

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Según Mideplán, incluir la disposición en la eventual Ley Marco de Empleo Público permitiría tener “reglas claras y estandarizadas” en todo el Estado.

El ministerio rector del empleo público indicó que, para aplicar la reorganización, el mínimo de afectación por despidos es del 60% de la planilla, para homogeneizar el parámetro vigente en el Servicio Civil.

La norma que regula el mecanismo en el estatuto del Servicio Civil establece que quien debe concluir los contratos de los trabajadores es el ministro del ramo correspondiente.

En caso de que el proyecto de empleo público se apruebe, con la medida tal cual está planteada de momento, dicha acción la ejecutaría “quien tenga la representación judicial y extrajudicial de la institución", el presidente ejecutivo, por ejemplo, si se tratara una entidad descentralizada.

La propuesta de ley de empleo público planteada por el gobierno estandarizaría los salarios para los funcionarios públicos nuevos, según ocho familias de puestos. La idea es que sean salarios competitivos desde el principio, en sustitución del modelo actual, en el que crecen conforme pasa el tiempo por efecto de los pluses.

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El objetivo del Ejecutivo es solventar la inequidad salarial que persiste en el sector público, además de generarle un ahorro al Estado, cuyas finanzas están en condición crítica.

La reforma se discute en momentos en que la Contraloría General de la República urge a hacer una reforma estructural del Estado, para hacer más eficientes las erogaciones e identificar las estructuras creadas en épocas anteriores y que ya no responden a las necesidades del país.

Japdeva, caso modelo

Mideplán confirmó que, si la medida hubiera estado vigente para todo el aparato estatal, habría aplicado al caso de Japdeva.

Dicha institución autónoma aplicó, el año pasado, un plan de reestructuración que implicó finalizar los contratos de 950 personas (el 80% del personal), con el objetivo de regresar al equilibrio financiero, pues acumulaba varios años de pérdidas.

No obstante, a los empleados de Japdeva se les dio la posibilidad, a través de una ley, de acogerse a un traslado a otras instituciones, de recibir bonos adicionales o planes de jubilación anticipada. Las prestaciones y jubilaciones requirieron una previsión presupuestaria de ¢17.900 millones.