Sofía Chinchilla C..   5 junio
De izquierda a derecha, Henning Jensen, rector de la UCR; Julio Calvo, del TEC; y Alberto Salom, de la UNA.

Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), se comprometió a entregar de forma inmediata los expedientes de los funcionarios de esa casa de enseñanza que han sido sancionados por hostigamiento sexual.

Así lo manifestó el jerarca universitario la tarde de este miércoles, en entrevista en el programa Matices, de Radio Monumental, con el periodista y director de Noticias Monumental, Randall Rivera.

Cuando Rivera le preguntó a Jensen cuándo entregaría la documentación que solicitó La Nación a esa institución, el rector respondió: “Cuando los soliciten”.

El rector de la UCR alegó que la negativa de la UCR a entregar los expedientes no provino de él, porque la petición de información no llegó a su oficina.

La Nación solicitó a las cinco universidades públicas la documentación sobre los hechos comprobados de hostigamiento sexual, omitiendo los nombres de las víctimas. Sin embargo, no hubo respuesta positiva en un principio.

Jensen emitió su compromiso después de que, durante la misma entrevista, el exmagistrado de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, explicara que las sanciones administrativas impuestas a funcionarios estatales son de interés público.

"Por supuesto que una vez terminado ese expediente es de absoluto interés público, sobre todo si se ha cometido una falta con ocasión del ejercicio del cargo, ahí no hay la menor duda”, afirmó Jinesta.

Pese a ello, el jerarca de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, afirmó que tramitará la entrega de la información cuando reciba el criterio de su asesoría legal.

“Estoy repreguntando qué es lo que me están solicitando, que es si son los expedientes o los nombres. No le quepa ninguna duda que actuaré conforme a la ley”, afirmó Salom.

Julio Calvo, rector del Tecnológico de Costa Rica (TEC), dio una respuesta similar.

“Después de que me den la asesoría legal y el criterio técnico como procede. Posiblemente ellos me dirán todas las consideraciones legales con las que tengo que entregarlo, y así quedará registrado”, afirmó.

Al inicio del programa, Rivera indicó que también ofreció un espacio a la Universidad Técnica Nacional (UTN), de la cual no obtuvo respuesta.

Luego de que el rector de la UCR se comprometiera a revelar los expedientes, La Nación gestionó una nueva solicitud de los documentos. La casa de estudios confirmó que se encuentra tramitando el pedido. Este medio también reiteró la solicitud al TEC y a la UNA.

Jinesta: ‘La información hay que brindarla’

Los rectores objetaron la solicitud de entrega de los expedientes por considerar que, en tales documentos, se consigna información sensible, que no debe ser conocida por el público.

No obstante, Jinesta señaló que, en más de 250 sentencias, la Sala Constitucional ha señalado que los expedientes administrativos son de acceso público, por tratarse de funcionarios y recursos estatales.

“No cabe la menor duda de que la información hay que brindarla y que es de interés público, siempre y cuando esté involucrado un funcionario público”, aseveró el jurista.

Según el exmagistrado, dicha regla aplica “siempre y cuando estén completa y absolutamente terminados”. En esos casos, las instituciones tienen la obligación de facilitarlos, luego de borrar de los documentos la identidad de la víctima, así como cualquier dato que la identifique.

Tal restricción no aplica al nombre de los funcionarios públicos, ni tampoco al relato de los hechos, dijo Jinesta.

De acuerdo con Jinesta, podría darse un tratamiento distinto a los casos en los que los denunciados son estudiantes, pues ellos son sujetos de derecho privados.

Pese a que inicialmente la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la UCR indicó que la confidencialidad de los casos se mantiene aún después de terminado el procedimiento administrativo, Jensen coincidió con Jinesta en que los nombres de los ofensores deben hacerse públicos.

“Yo también pienso que el nombre del funcionario, una vez que ha concluido el proceso del académico o del funcionario administrativo, si resulta sancionado, es público, siempre y cuando se encripte el nombre de la víctima”, dijo Jensen.

Calvo y Salom se opusieron a ese criterio.

Calvo y la funcionaria Laura Queralt, de la oficina de Equidad de Género del TEC, afirmaron que la publicación del nombre de un ofensor puede provocar que él tome represalias contra la víctima. Su temor, dijeron, es que las denunciantes se revictimicen y que eso desestimule la presentación de denuncias.

“Si a los dos años vas a estar en las redes sociales, tal vez sin el nombre pero otra vez te van a exponer (...) aquí lo que va a pasar es que no va a haber denuncias”, aseguró Calvo.

No obstante, Jinesta y Rivera apuntaron que, más bien, visibilizar las denuncias que culminan en sanciones puede ayudar a que más víctimas tomen la decisión de reportar los abusos.

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“Hay que empoderar a las víctimas, y lo que empodera a las víctimas es que esto se conozca socialmente, que es una lacra el acoso sexual en la docencia y en otros ámbitos, y eso es lo que le va a dar impulso a las víctimas para que denuncien todas estas irregularidades”, manifestó Jinesta.

Salom, por su parte, consideró que es necesario analizar otras consideraciones.

“¿Qué pasa con la familia del victimario? Hay un tema ético, sí me preocupa qué pasa con el estigma que se generaliza a la familia, los hijos”, cuestionó el jerarca de la UNA.

Nota del editor: la noticia fue actualizada a las 9:35 a. m. de este jueves 6 de junio para aclarar que la entrevista en Matices se realizó el miércoles 5 de junio, no el martes 4