Política

Recibos de Internet subirán 1% para financiar a la Cruz Roja

Proyecto recibió 43 votos a favor y cinco en contra en la Asamblea Legislativa; la idea es inyectarle recursos por ¢3.500 millones anuales a la institución

Los diputados aprobaron en primer debate, este martes, un proyecto de ley que impondría un cobro del 1% sobre todos los servicios de Internet con el fin de inyectarle recursos por ¢3.500 millones anuales a la Cruz Roja Costarricense, ante las necesidades de financiamiento de esta institución.

Se trata de un proyecto para ampliar la base sobre la que se cobra un impuesto ya existente, del 1%, sobre la facturación telefónica.

Actualmente, la ley carga el tributo en los servicios de telefonía, sea convencional y móvil, pero los recursos que ingresan por esta vía se tornaron insuficientes.

Ahora, con el proyecto impulsado por Karine Niño y 22 diputados más, se establece que dicho tributo del 1% se deberá cobrar en las facturas de todo tipo de servicios de telecomunicaciones.

43 diputados votaron a favor de la iniciativa y cinco se pronunciaron en contra: los fabricistas Carmen Chan, Nidia Céspedes y Jonathan Prendas; el independiente Erick Rodríguez y la liberacionista Aida Montiel.

Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), argumentó que la reforma fue necesaria porque ya los costarricenses no utilizan tanto como antes los servicios de telefonía.

La contribución se cobrará ahora sobre los servicios de telefonía móvil de cualquier tipo, la tradicional, la de voz por protocolo de Internet (VoIP), así como los servicios de Internet fijo y móvil y las líneas dedicadas.

Las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones son las encargadas de percibir y retener la contribución parafiscal y liquidarla en los primeros 15 días del mes.

Además, los legisladores incluyeron a los CEN-Cinai entre las entidades exentas de pagar dicha contribución parafiscal.

La liberacionista Yorleny León dijo que la Cruz Roja llena de orgullo y que la institución ha estado siempre a la par de los costarricenses.

León enfatizó que el impuesto recae sobre todas las gestiones de transferencia de datos, incluidos los servicios prepago, que constituyen el 77% de las líneas móviles en el país y la principal forma en que los hogares de bajos ingresos acceden a la red.

“Es más común el uso de las líneas prepago entre las personas con niveles de instrucción más bajos y cuyos ingresos son menores a los ¢500.000 mensuales”, declaró León.

Básicamente, dijo que se les está poniendo un impuesto a las familias de clase baja que usan telefonía móvil para tener acceso a mecanismos de educación.

Alegó que no menosprecia la importancia del conocido “impuesto rojo”, pero sí advirtió que mientras se hace eso, los diputados no hacen el mismo ejercicio de responsabilidad con otros impuestos ya existentes y, más bien, hay iniciativas en el Congreso para atrasar la entrada en vigencia de esos tributos.

Específicamente, hay intenciones de varios legisladores para frenar la vigencia del 1% del impuesto al valor agregado (IVA) a la canasta básica, que igualmente impacta a las familias de menores recursos.

El frenteamplista José María Villalta argumentó sobre el proyecto: “Sin su servicio (el de la Cruz Roja), no podríamos atender a las personas que sufren un problema de salud, un accidente, de forma rápida y expedita. El servicio que presta la Cruz Roja es esencial, pocos podrían considerarse más esenciales”.

Recordó que, en el 2008, se creía que la ley solucionaría un problema muy viejo, la ausencia de un mecanismo de carácter parafiscal para financiarse, pues antes la Cruz Roja dependía de aportes de diversas instituciones.

El oficialista Luis Ramón Carranza dijo que aprobar el proyecto también es hacer honor a todos los voluntarios de la Cruz Roja, porque todos los días arriesgan sus vidas en su labor de rescate.

Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, destacó la labor cruzrrojista por su ayuda, por ejemplo, en la creación de brigadas en la comunidad indígena de Grano de Oro de Turrialba, cuya lejanía dificulta el acceso a servicios de rescate de la CRC.

El único que cuestionó directamente la contribución parafiscal fue el fabricista Jonathan Prendas, pues alegó que hay muchas dudas sobre el manejo administrativo de la Cruz Roja y la decisión de darle una fuente directa a la institución, a través de una carga que provendría de lo que pagan las familias más pobres por su Internet prepago.

Añadió que ya hay siete leyes de impuestos que destinan recursos a la institución y su insuficiencia se debe, principalmente, a la mala administración.

“Yo no quiero ponerle más impuestos a la gente. No podría yo premiar la mala administración, pese a la labor loable”, apuntó y criticó que no avance el proyecto para frenar la vigencia del IVA.

La proponente del proyecto, Karine Niño, respondió a los cuestionamientos de Prendas en el sentido de que las críticas vinieron de personas que no acudieron a la Comisión de Económicos para evacuar sus dudas.

“Es evidente que él no se leyó el proyecto y que no tiene claridad. Uno, porque el proyecto no incluye el IVA, esa carga parafiscal no aplica sobre el IVA; no conoce bien cómo se distribuyen los superávits de la Cruz Roja”, dijo.

Alegó que la forma más viable de haber evacuado esas dudas era ir a las sesiones y no llegar al plenario a decir “datos para crear morbo y tratar de opacar un proyecto”.

Niño añadió que Prendas no sabe que la ley ya establece la forma en que se distribuyen los recursos que percibe la Cruz Roja, y alegó que prácticamente el 90% va a comités auxiliares, para la contratación de socorristas.

La liberacionista explicó que se necesitan 360 socorristas y actualmente solo tienen a mano 40.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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