Aunque por años el PUSC clamó por que el gobierno tomara acciones concretas para contener el gasto público y el empleo estatal, ahora la fracción socialcristiana se muestra reacia a apoyar el proyecto de ley que eliminaría las anualidades del 2021 y el 2022 como medida para paliar el golpe económico de la pandemia del coronavirus.

“En un momento delicado para la economía del país, gran parte del sector comercial depende del empleo público; tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones que toquen el empleo público”, argumentó Shirley Díaz, subjefa de bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Al señalársele que el PUSC es uno de los partidos que más ha impulsado las reformas en el empleo público, la diputada contestó:

“Estamos en medio de una pandemia, en medio de la recesión financiera más grande que ha vivido la humanidad desde los años 30. No es la misma condición de una campaña política como la anterior, que acabábamos de pasar, por una parte; por otra, lo que pedimos es un análisis profundo a la hora de tomar decisiones y, sobre todo, una ruta clara a la hora de tomar decisiones”.

La subjefa insiste en que deben revisar otros gastos antes de entrar a proyectos como el propuesto por el gobierno para eliminar las anualidades de dos años, el cual el Ejecutivo estima que generaría un ahorro de ¢44.000 millones.

“Nosotros, como fracción, no hemos dado una postura, pero sí coincidimos en que hemos hecho un análisis del presupuesto y vemos partidas que generarían mayor retribución al Presupuesto Nacional que las anualidades mismas”, aseguró Díaz.

Su posición coincide con la expresada el fin de semana por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, luego de que la Contraloría General de la República considerara viable eliminar anualidades como medida de urgencia ante la caída en los ingresos estatales.

Abarca insistió en que, si bien el proyecto de anualidades de una opción por discutir, se pueden hacer otros ajustes “sin afectar salarios”.

El incentivo por anualidades consiste en un pago adicional a los empleados públicos por cada año laborado, el cual se acumula en el salario. La propuesta del gobierno es que, ante la crisis fiscal que vive el país, acrecentada por la pandemia, no se sumen las anualidades de los años 2021 y 2022.

“Consideramos muy importante hacer un recorte, con la seriedad y el análisis profundo de los diferentes renglones del Presupuesto. Una vez que ese análisis profundo y certero se logre, podemos analizar los aspectos del empleo público”, insistió Díaz.

La subjefa alegó que quieren tener “muy claro el panorama general” sobre los préstamos que pide el gobierno y analizar el presupuesto.

“Tampoco tenemos tampoco claridad sobre cuál va a ser el recorte en gastos, asesorías, pasajes, viajes, en fin, muchos renglones del Presupuesto Nacional, horas extra, donde hay casi que un altísimo porcentaje de funcionarios en la casa. Hay que tener claridad sobre eso, antes que tocar otros rubros del presupuesto que comprometen directamente los ingresos de los ciudadanos”, continuó.

Este medio trató de hablar con el jefe de fracción del PUSC, Rodolfo Peña, sobre el tema de anualidades, pero la oficina de prensa de la bancada dispuso que Díaz lo haría por el partido.

PLN: ‘Empleados públicos deben ser solidarios con la patria’

En Liberación Nacional (PLN), el jefe de fracción, Luis Fernando Chacón, aseguró que la nueva versión del proyecto de anualidades corrige defectos de la propuesta original. Eso sí, subraya que en momentos en que el sector público es importante para sostener la economía, también debe ser solidario.

“Tenemos absolutamente claro que los empleados públicos, en su totalidad, sin excluir a ningún sector, deben ser solidarios con la patria. Una manera de serlo es dejando de recibir esa expectativa, que no es un salario, sino una expectativa de ingreso”, apuntó.

Chacón, incluso, manifestó que Liberación está en la mejor disposición de revisar el proyecto y gestionar su apoyo.

En el mes de abril, por causa de la pandemia, la recaudación de impuestos cayó en un 23%.

La tercera gran fracción del congreso, Restauración Nacional, afirmó en voz de su jefa, Xiomara Rodríguez, que la bancada aún permanece en etapa de análisis de la nueva versión.

Añadió que está pendiente de realizarse una sesión de trabajo para ver exclusivamente esa propuesta e, incluso, debatirlo en una de las comisiones especiales que se crearían en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, tal como dice el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, el expediente 21.917 entró a estudio de la Comisión de Asuntos Económicos, de donde espera que salga pronto.

Aunque ya no existe la urgencia de aprobarlo antes de junio, para que no se pague la anualidad del 2020, Sánchez apunta que es importante darle un trámite relativamente ágil al plan, para que todas las instituciones puedan dejar fuera de sus anteproyectos de presupuesto esa expectativa de gasto para el próximo año.

Quien tampoco promete un panorama favorable para la propuesta es el jefe del Partido Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas, quien arguye que el gobierno de Carlos Alvarado “no ha trazado una ruta clara sobre cómo afrontará esta crisis económica”.

“Un día envía un proyecto para no pagar las anualidades del 2020, al otro día dice que sí paga las de este año, pero no las del 2021 y 2022. Al otro día, dice que no va a realizar aumentos salariales los próximos cuatro años y luego se le ocurre una idea de impuesto solidario", criticó.

Vargas recalcó que todo eso genera incertidumbre y descontento en los funcionarios públicos y que los “organismos internacionales dicen que es un error reducir los ingresos de las personas o poner más impuestos para enfrentar la crisis".

La independiente Ivonne Acuña argumentó que, en su criterio, es positivo que este año no se suspenda el pago de la anualidad, porque “el bolsillo de los costarricenses ya está golpeado”.

Añadió que ya los empleados públicos tienen presupuestado ese ingreso y aseveró que es mejor no hacer ese “recorte de forma abrupta”.