Los diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) le pusieron trabas al proyecto de ley para reducir la contribución estatal a los partidos políticos en la campaña 2022, por dudas sobre uno de los apartados de la iniciativa.

Parte de los socialcristianos alega estar a favor del ahorro en la contribución estatal a los partidos, que sería de ¢36.000 millones, pero tienen dudas sobre la norma que autorizaría la prórroga de los órganos partidarios por la pandemia de la covid-19.

La Unidad tiene un particular método para elegir sus candidatos a diputados, a través de las asambleas provinciales, y esas postulaciones son únicamente ratificadas por la Asamblea Nacional.

La duda que les genera el proyecto del liberacionista Gustavo Viales es que la propuesta de transitorio XIII ordena prorrogar los nombramientos de los miembros de los órganos partidarios que venzan en el periodo comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y la culminación de los procesos partidarios.

Como lo explicó el legislador Pablo Abarca, el PUSC tiene reparos sobre el hecho de que la misma asamblea provincial que lo eligió a él como candidato a diputado elija a los nuevos postulantes a las diputaciones para el 2022.

El transitorio en disputa dice que la prórroga de los comités ejecutivos partidarios se mantendrá vigente para adoptar los actos de renovación de estructuras partidarias, para lo cual también se mantiene la vigencia de las asambleas y los tribunales de elecciones internas.

También, esa prórroga serviría para presentar las liquidaciones de los gastos electorales y todo tipo de obligaciones legales, así como que las asambleas nacionales partidarias atiendan prevenciones o subsanaciones ordenadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre las candidaturas a puestos de elección popular.

“Hay una confusión con el último párrafo de ese transitorio. Queremos garantizar que, si no hay renovación de estructuras por alguna razón, no se prorroguen las asambleas actuales. Estamos revisando, porque eso nos genera sospechas y queremos tener garantías”, dijo Abarca.

La también socialcristiana María Inés Solís acotó que el objetivo de la iniciativa para permitir que se renueven estructuras sin procesos internos les genera dudas porque “la idea es que cada partido tenga la posibilidad de autorregularse”.

“Los problemas del PLN (Partido Liberación Nacional) no son nuestro problema, ni los del PAC (Partido Acción Ciudadana), o Restauración o el Frente Amplio. Estamos de acuerdo en la reducción de la deuda política, pero gracias a las dudas de doña Shirley (Díaz, subjefa de la Unidad), queremos revisar esto”, adujo Solís.

Shirley Díaz: ‘Les pido que voten en contra’

La posición de Shirley Díaz es más radical sobre el proyecto y, si bien no se centra en la propuesta para reducir la contribución estatal, sí les pidió a los 56 legisladores restantes que voten en contra del proyecto.

Ella alegó que prorrogar los órganos de los partidos políticos “cercena la democracia, bajo la excusa de recortar la deuda política”.

Añadió que existe un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud para realizar todo tipo de actividades de asambleas, juntas directivas, colegios profesionales e, incluso, actividades proselitistas que “por su naturaleza no puedan realizarse de forma virtual”.

“No hay excusa para mezclar esta rebaja de la contribución estatal con la renovación de asambleas. Eso está mal, estamos violentando la democracia y manteniendo estructuras de poder. Más de uno de los que está aquí sentado (en el plenario) se verá beneficiado”, afirmó Díaz.

La diputada, incluso, dijo que esa prórroga es como si la Asamblea Legislativa prorrogara su mandato y el del Poder Ejecutivo hasta 2023 usando como excusa la pandemia. “En todas partes del mundo eso sería un golpe de Estado”, reclamó.

“En los partidos se llama desdemocratización e imposición de estructuras internas de facto, con el cuento de que la deuda política va a disminuir”, agregó.

El resto del proyecto de ley, que supuestamente no está en discusión, plantea la reducción de la deuda política en ¢36.000 millones, al bajar el monto de la contribución estatal a los partidos políticos para las elecciones del 2022 y el 2024, del 0,19% del producto interno bruto (PIB) al 0,085%.

Eso implica disminuir el aporte del Estado de ¢65.500 millones a ¢29.400 millones.

Frente a los reclamos de la Unidad, Gustavo Viales enfatizó en que hubo mucha interrupción de la sesión del plenario por rupturas en el cuórum y por las dudas que manifestó el PUSC

“El TSE solicitó que se permita la prórroga de los órganos partidarios para subsanación de candidaturas y, al parecer, esto no les beneficia a ellos por su metodología. Se busca una mejor redacción”, dijo.

Viales sí criticó las posiciones de la diputada Díaz y alegó que ella misma se contradice en sus propuestas para usar la deuda política, pero a la vez pedir el voto en contra.

José María Villalta, del Frente Amplio, es otro de los diputados que ha usado ampliamente el micrófono para hablar sobre el proyecto, pues intentó, con numerosas mociones, que el ahorro en el aporte estatal fuera mucho mayor.

Él aseguró que, a su criterio, no se debió mezclar la discusión sobre recorte a la deuda política y la prórroga de los órganos partidarios.