Aarón Sequeira.   22 mayo
La reforma al sistema de elección de los diputados aún no logra superar la etapa de admisibilidad en el Congreso. Los actuales parlamentarios Shirley Diaz (izq.), María Inés Solís, Óscar Cascante y Rodolfo Peña participan en la discusión sobre si la iniciativa debe ingresar o no a la corriente legislativa. Foto: Rafael Pacheco

El proyecto de reforma a la Constitución Política para modificar el sistema de elección de diputados casi logra un importante avance este miércoles, por la mañana, en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio e Integración Nacional (PIN) frenaron la votación que habría definido si se admite la iniciativa para su trámite legislativo.

Aunque los legisladoras liberacionistas acortaron sus intervenciones para agilizar el trámite, el frenteamplista José María Villalta echó mano de su arsenal contra el proyecto, gracias a la media hora que le “regaló” la socialcristiana Aracelly Salas y, al final, sumó 35 minutos al micrófono.

Según las normas reglamentarias anteriores, cada congresista puede hablar durante media hora para expresar su posición sobre una reforma a la Carta Magna.

La jefa del PUSC, María Inés Solís, también contribuyó a bloquearle el camino al proyecto, al cederle su media hora al diputado Wálter Muñoz, del PIN, quien logró extender el debate hasta la hora prevista para que terminara la sesión del plenario.

La reforma

La sesión extraordinaria del plenario se realizó gracias a un acuerdo multipartidario que establece sesiones, todos los miércoles, durante los meses de mayo y junio, para tratar de agilizar una presa de reformas constitucionales pendientes.

El tercer proyecto en la lista era, precisamente, el expediente 20.127 sobre la elección de diputados, el cual se encuentra en la etapa de admisibilidad. Si los diputados lo aceptan, pasará a estudio de una comisión dictaminadora.

Dicha iniciativa modifica el sistema de elección de los diputados, con el fin de que se elija la mitad del pleno por distritos electorales y la otra mitad, por el sistema de listas cerradas actual.

Lo anterior implicaría un aumento en la cantidad de diputaciones, las cuales pasarían de 57 a 84.

La reforma toca siete artículos de la Constitución Política (96, 106, 107, 108, 110, 116 y 117) que establecen el marco general de la elección de los congresistas.

También se tendrían que crear los distritos electorales de donde se elegirán los diputados, uno por cada distrito. Los aspirantes a legislador ganarían el puesto por mayoría simple en la elección.

La iniciativa está en el Congreso desde octubre del 2016, acumulando polvo, pero se reactivó en el último periodo de sesiones extraordinarias, a instancias del Poder Ejecutivo.

La propuesta fue construida por un grupo de la sociedad civil conocido como Poder Ciudadano Ya.

El documento lleva las firmas de legisladores de cinco partidos representados en 2016 en el Congreso: Unidad, Liberación, Acción Ciudadana, Frente Amplio y Movimiento Libertario.

La jefa de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, destacó que el nuevo sistema podría permitir una mayor representación de las poblaciones costarricenses.

“Esto permitirá traer al seno del Parlamento problemas, necesidades y realidades que el día de hoy no es posible visibilizar. La modificación propuesta pretende contar con una representación multiétnica y pluricultural”, destacó la verdiblanca.

Hernández alegó que hay muchos territorios que hoy no tienen la suficiente representación en el Congreso.

En cambio, la también liberacionista Franggi Nicolás se manifestó en contra de la iniciativa, pues alegó que elevar el número de diputados aumentaría la cifra de asesores, lo implicaría mayor burocracia y gastos.

"La mora legislativa (en el trámite de los proyectos) no mejoraría con aumentar los diputados. Hay que buscar que este parlamento sea más expedito en promulgar proyectos y los partidos tienen que mejorar su oferta de representación", indicó Nicolás.

Por su parte, el frenteamplista José María Villalta alegó que el plan sería un retroceso grave.

“No es válido tramitar reformas que implican una regresión en materia de derechos humanos. Esto implica una reforma estructural a la organización político territorial del país, que debería discutirse únicamente por una asamblea nacional constituyente", aseveró.

Además, alegó que se está cambiando el principio de proporcionalidad que hoy rige el sistema de elección de los congresistas.

“Estoy de acuerdo en que hay territorios sin representación, pero eso se puede resolver ampliando el número de diputados”, agregó Villalta.

Presupuestos plurianuales

Aunque no lograron someter a votación la admisibilidad del proyecto sobre el sistema de elección de diputados, el plenario sí aprobó este miércoles dos iniciativas en sus primeros debates de segunda legislatura.

Se trata también de reformas constitucionales, una para que se permita la presentación de presupuestos plurianuales y otra para establecer la protección especial del Estado a las personas con discapacidad.

La intención del primero de esos proyectos, bajo expediente 19.584, es introducir principios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad en el planteamiento de los gastos del sector público, en un marco más amplio que la fijación de gastos anuales.

La modificación incluye dos párrafos en el artículo 176 de la Constitución Política que crean el marco general para que las instituciones puedan proponer planes de gastos con miras a mediano plazo y ya no presionados por las circunstancias fiscales del año presupuestario común.

De acuerdo con la contralora general, Marta Acosta, el principal beneficio de la reforma constitucional aprobada es la introducción del principio de sostenibilidad.

"Este proyecto tiene como fin último preservar el Estado Social y Democrático de Derecho, porque el impacto es a través de servicios públicos más eficientes", comentó Acosta en noviembre, cuando se aprobó el plan en primer debate.

El proyecto, específicamente, introduce un párrafo primero en el artículo mencionado, que dice así:

“La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta”.

Además, establece en su nuevo párrafo tercero que los principios de este artículo constitucional pueden aplicarse para la administración pública en su sentido más amplio.

Según la contralora, la modificación no significa que las instituciones estatales dejen de presupuestar sus gastos de forma anual, sino que permitiría una mayor disciplina en la administración y que se puedan plantear gastos a mediano plazo.

De esa forma, una municipalidad que tenga que aplicar un aumento salarial y tenga el dinero para hacerlo, por el momento, pero no sepa si a dos o tres años pueda afrontar ese gasto, debe planificar mejor su presupuestación.

O bien, que una entidad tenga proyectada una obra de infraestructura y tenga fondos, actualmente, para los estudios de preinversión, pero no sepa si a mediano plazo los vaya a tener.

La idea es que la extinción del año presupuestario no implique la pérdida de los recursos destinados a un servicio u obra.

Protección a personas con discapacidad

La otra reforma constitucional aprobada en primer debate añadiría cinco palabras al artículo 51 de la Carta Magna.

En dicho apartado se consagra la protección especial del Estado que gozan la familia, la madre, el niño, la niña y las personas adultas mayores.

De aprobarse el cambio, a la lista se añadiría la frase: “y las personas con discapacidad”.

Dicha modificación fue propuesta en el 2012, por legisladores del periodo 2010-2014.

Luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionara ambas reformas en su primer informe de labores ante el Congreso, el pasado 2 de mayo, los proyectos pueden avanzar en su trámite calificado, que implica tres debates.

Ahora faltan dos votaciones para que estas iniciativas se conviertan en leyes de la República.