PUSC cubriría préstamo del BCT con deuda política, pero 12 personas tendrán bonos sin valor

Sin embargo, el resto de bonos, colocados entre 12 personas físicas y jurídicas, no cobrarían ningún valor económico.

Estas personas compraron los certificados o los aceptaron como medio de pago por publicidad u otros servicios.

Entre los tenedores que no podrán canjear los bonos socialcristianos se encuentran un medio de comunicación, empresarios allegados al partido y hasta diputados del actual Congreso.

Así se desprende de una proyección elaborada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). De acuerdo con ese análisis, en el mejor de los escenarios, los bonos A del PUSC, por un valor facial de ¢3.350 millones, cobrarían el 64,8% de su valor, es decir, alrededor de ¢2.170 millones.

Esos certificados de cesión fueron entregados en su totalidad a la entidad bancaria como respaldo del crédito electoral con el que se financiaron los gastos de la campaña de 2022.

De acuerdo con Randall Quirós, presidente saliente de la Unidad, con esa parte al menos se aseguran cubrir las obligaciones con el BCT, de modo tal que el partido no quedarán con pasivos producto de esta última campaña.

En tanto, sobre los bonos obtenidos por personas y empresas, Quirós aseguró que ellas los adquirieron o aceptaron conociendo el riesgo que tienen esas transacciones, las cuales dependen de la cantidad de votos obtenidos por el partido para presidente de la República y diputados.

“Nosotros emitimos la serie A y toda la serie A está garantizada al fideicomiso. El 64% (del valor de los bonos) nos da el 100% del financiamiento en que nosotros incurrimos; nosotros no vamos a quedar con deuda”, aseguró el representante de la Unidad.

De acuerdo con Quirós, el BCT realizó desembolsos con base en una encuesta electoral de carácter privado, que fue midiendo las posibilidades de la candidata Lineth Saborío en la contienda presidencial.

“Nosotros contratamos una casa encuestadora, a través de la fiduciaria, Cofin S.A., que nos fue midiendo (durante la campaña). Era la única encuesta a la que Cofin y BCT le hacían caso para girar dineros al partido”, dijo Quirós.

Según los estados financieros que la agrupación socialcristiana entregó al Tribunal, el BCT realizó desembolsos por un total de ¢2.100 millones, cifra muy similar al valor que tomarían los certificados. Quirós sostuvo que el crédito quedará cubierto.

El jerarca del partido aseguró que, con base en ese sistema de encuestas, “nunca nos endeudamos más allá de lo que, por dicha y gracias a Dios, logramos obtener en los votos. Entonces nuestra cobertura está totalmente garantizada para el banco BCT”.

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Tenedores de bonos B no tendrán retribución

Copiado!

Quienes no correrán con esa misma suerte son los tenedores de bonos B, pues no verán retribuidas sus inversiones o servicios brindados a la Unidad durante la campaña.

Como la deuda pública lograda por el PUSC ni siquiera lora cubrir la totalidad de la primera emisión, las series de sus bonos B y C no tomarían valor alguno. Esos certificados de cesión ahora no son más que papeles.

Al inicio de la campaña electoral, la Unidad emitió ¢3.000 millones en la segunda serie y ¢2.000 en la tercera. No obstante, solo colocó ¢83,5 millones en la contienda. Según Quirós, todos esos bonos son categoría B.

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La mayor parte de los certificados sin valor quedó colocada en Televisora de Costa Rica, empresa que los aceptó como método de pago a cambio de publicidad para la candidata presidencial. Recibió bonos que potencialmente significaban ¢29,5 millones.

También se encuentran otros financistas minoritarios como los abogados Benjamín Vargas Méndez, con bonos por ¢23,5 millones, y Douglas Soto Campos, con ¢11 millones, así como el empresario Amadeo Quirós Marten, con ¢7 millones.

Sobresalen también las inversiones de los actuales diputados socialcristianos Horacio Alvarado Bogantes, con ¢4 millones, y María Marta Carballo, con ¢1,5 millones.

La lista suministrada por la agrupación política al Tribunal Supremo de Elecciones no detalla si esos tenedores compraron los certificados o los recibieron como medio de pago.

Al respecto, Randall Quirós señaló que “al final de cuentas, efectivamente, había unas personas que habían hecho algunos préstamos con alguna esperanza de que se pudiera realiza, pero al final, como no se pudo concretar, van a ser como una especie de donaciones”.

El presidente saliente de la Unidad agregó que “ya la gente estaba absolutamente clara de que si eso no pasaba, simplemente pasaba como una donación”. Esos certificados de alto riesgo fueron colocados con un descuento del 15%.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) recibió el 13,8% de los votos totales emitidos para presidente de la República y diputados. La excandidata Lineth Saborío quedó en quinto lugar, con el 12,4% de los votos en la elección presidencial; en tanto la agrupación obtuvo nueve diputaciones, para ser la tercera fuerza en el Congreso.

Eso le dio acceso a un monto máximo de ¢2.738 millones por concepto de contribución estatal, cuyo pago dependerá de la aprobación de la liquidación de gastos por parte del Tribunal.

De acuerdo con las normas electorales, la Unidad se reservará ¢274 millones por gastos de organización y ¢82 millones para capacitación de sus estructuras, que corresponden al 10% y 3% de los recursos de de la deuda política. Esos porcentajes están fijados en los estatutos del partido.