Cuatro proyectos de ley para reconocer los derechos de las parejas homosexuales se mueven en la Asamblea Legislativa y, a su paso, abren fracturas entre los principales partidos políticos, así como en las organizaciones que defienden a las parejas homosexuales.
Al cabo de esta semana, dos de esas iniciativas quedaron en los primeros lugares de la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
En el primer puesto está un plan para legalizar las uniones por medio de la figura de sociedades de convivencia, mientras que, al segundo lugar, ascendió otro para reconocer las uniones homosexuales de hecho.
Adicionalmente, el lugar 168 de la agenda del plenario lo ocupa otro proyecto sobre sociedades de convivencia. Paralelamente, las organizaciones gais buscan firmas para introducir, mediante iniciativa popular, un plan llamado “matrimonio igualitario”.
La polémica la revivió la propuesta del diputado liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, de darles prioridad a la iniciativas sobre uniones civiles de las parejas gais, lo cual implica una reforma al Código de Familia.
Su compañera de fracción, Paulina Ramírez, alegó desconocer que Liberación Nacional (PLN) hubiese cambiado la posición que tuvo en campaña el candidato presidencial, Johnny Araya, quien dijo que protegería el Código de Familia y solo reconocería los derechos de las parejas gais a través de sociedades de convivencia.
Ramírez aseguró que pedirá cuentas por la decisión de Álvarez.
A la vez, los cinco diputados que con forman el bloque evangélico reclamaron a Liberación Nacional la sorpresiva acción para priorizar el proyecto de uniones civiles.
Se trata de los parlamentarios de Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
“Hemos dicho que queremos dialogar, pero de un momento a otro se nos sacó de ese diálogo. Aquí entra un ataque de ideas, pero antes hay que conversar.
”No hay homofobia, pero no aceptamos el matrimonio del mismo sexo”, advirtió Fabricio Alvarado, de Restauración.
Para rematar, el Frente Amplio le reclamó al Partido Acción Ciudadana (PAC) su inacción en promover la agenda de los derechos de la población homosexual.
El frenteamplista Edgardo Araya se quejó de que los oficialistas Marvin Atencio y Laura Garro quitaron sus firmas a la moción de Álvarez y votaron en contra.
Según Atencio, retiraron sus firmas para evitar que el bloque evangélico obstruyera el quehacer de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Ese grupo, además, puso en jaque el trámite de la reforma a la Banca para el Desarrollo en respuesta a lo ocurrido con las uniones de hecho. Del Gobierno, la única señal a las parejas gais ha sido el izamiento de la bandera de la diversidad sexual en entidades públicas el 16 de mayo.
Diversidad de criterios. La división también cala en las organizaciones del sector gay.
Por una parte, el Movimiento Diversidad defiende el plan para crear las sociedades de convivencia. Mientras tanto, la Coalición Nacional de Organizaciones y Grupos de la Diversidad Sexual de Costa Rica (Conovis) dirige todos sus esfuerzos al reconocimiento de las uniones de hecho mediante un cambio el Código de Familia.
Francisco Madrigal, líder del Conovis y asesor político del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (Cipac), afirmó que la diferencia no implica una pelea, sino una diferencia de estrategias.
Sin embargo, Marco Castillo, vocero del Movimiento Diversidad, dejó ver que las diferencia son más profundas.
Él considera como un paso necesario el aval a las sociedades de convivencia. No obstante, Madrigal anunció que Conovis hará todo lo que esté a su alcance para que la Sala IV declare inconstitucional esas sociedades, en caso de que se aprueben en el Congreso.
Otra divergencia nace de la propuesta de matrimonio igualitario.
Castillo afirmó que este es el momento de impulsarlo y abrir el debate, pero Madrigal considera que los prejuicios religiosos y el ambiente político impedirían que los gais desfilen hacia los altares para formalizar sus uniones.
En medio de las divisiones, los voceros de esas organizaciones coinciden en que el cambio de gobierno los alienta a continuar en la lucha por el reconocimiento de sus derechos sociales y civiles.