Un proyecto de ley plantea destinar más de ¢1.000 millones del Infocoop y de Conape a la entrega de subsidios para los trabajadores afectados por la emergencia del coronavirus.
El plan lo presentó la diputada María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Ella plantea aprovechar parte de los recursos que el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) reciben de la banca.
El Infocoop se beneficia con un 10% de las utilidades de los bancos públicos y Conape percibe un 5% de las ganancias de todos los bancos comerciales del país y de las sucursales de los bancos extranjeros.
Para el 2020, al Infocoop le corresponden ¢8.900 millones y a Conape, ¢10.633 millones.
El proyecto de ley propone que, por un año, el Instituto Cooperativo entregue el 6% de sus ingresos y Conape el 5% de los suyos, para al otorgamiento de subsidios a los golpeados económicamente por el nuevo coronavirus.
Se trata de ¢1.065 millones entre ambas instituciones, según un cálculo hecho por el despacho de la legisladora rojiazul: ¢534 millones saldrían del Infocoop y ¢531 millones, de Conape.
El dinero alcanzaría para otorgar subsidios de ¢200.000, por mes, durante tres meses, a 1.775 familias.
La semana trasanterior, el gobierno anunció un plan para entregar, durante tres meses, ayudas de entre ¢100.000 y ¢200.000 mensuales a 575.000 familias afectadas por suspensiones de contratos de trabajo, reducciones de jornadas laborales o caídas en el ingreso mensual producto de la contracción económica, en el caso de los trabajadores independientes.
Para llevar a cabo esa iniciativa, el gobierno presentará, para aprobación de los diputados, un presupuesto extraordinario de ¢255.000 millones.
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El proyecto de ley de la diputada Monge, bajo el expediente 21.910, sería un esfuerzo adicional al plan del Ejecutivo.
Los recursos del Infocoop y Conape se destinarían al Programa Nacional de Empleo (Pronae), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), programa responsable de entregar los subsidios temporales, según lo establece un decreto publicado el lunes 30 de marzo.
“Costa Rica cuenta con una institucionalidad lo suficientemente sólida para hacer esfuerzos y sacrificios en medio de la emergencia en la que nos encontramos. Por ello, de manera balanceada y proporcionada, pienso que el Infocoop y el Conape, instituciones con presupuestos y carteras de crédito consolidadas, pueden hacer un esfuerzo de solidaridad para responder a la necesidad de los costarricenses”, manifestó la socialcristiana.
Solo en el sector turístico, se calcula que el 80% de los trabajadores directos podría sufrir suspensión de contratos de trabajo, reducción de la jornada o despidos.
Además, el gobierno estima que unos 500.000 asalariados verían reducidos sus ingresos.
La legisladora Monge espera que el Ejecutivo convoque el proyecto para discusión y aprobación del plenario legislativo durante las sesiones extraordinarias, que finalizan este 30 de abril.
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