Un proyecto de ley que se tramita en el Congreso, para reactivar la economía a nivel local, conlleva serios riesgos para las municipalidades, advirtió la Contraloría General de la República (CGR).
En un criterio enviado al Congreso, la CGR señaló que la iniciativa amenazaría los ingresos de los gobiernos locales, empeoraría sus deficiencias e, incluso, podría llevarlas a un cierre técnico.
La Contraloría advierte sobre las consecuencias de un artículo que permitiría a los municipios prestar, arrendar, dar en garantía o enajenar su patrimonio.
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El proyecto del diputado liberacionista, Roberto Thompson, autorizaría “el traspaso por donación o permuta de bienes demaniales entre las municipalidades y entre estas y otros órganos o entes de derecho público, cuando el nuevo uso de dichos bienes vaya dirigido a alcanzar un interés jurídico prevalente o superior”.
El ente contralor consideró que esa iniciativa no toma en cuenta “que, de fracasar tales contratos, la entidad podría afrontar graves y permanentes problemas económicos que podrían conducir a un cierre técnico de la entidad municipal”.
La propuesta también plantea crear zonas especiales en el cantón para la atracción de inversiones, y que estas puedan ser declaradas de interés público cantonal o regional. Además, se construirían en conjunto entre varios gobiernos locales.
Para la CGR, esto llevaría a las municipalidades a actuar en territorio ajeno y rebasarían su alcance legal, establecido en la Constitución Política.
A su vez, el criterio cuestionó que la iniciativa autorizaría a los gobiernos locales a brindar incentivos fiscales, como descuentos en patentes de hasta un 50% durante cinco años, e incluso descuentos del 100% en el impuesto de construcción para quienes “emprendan nuevas actividades económicas de interés público cantonal”.
Además, en caso de crisis económica o emergencias por desastres naturales, los municipios podrían otorgar descuentos temporales del 100% en el costo de licencias o patentes para las actividades ubicadas en zonas afectadas.
En el criterio enviado a la Asamblea Legislativa el 10 de julio, la CGR señaló que “los efectos en materia presupuestaria de algunas de las reformas propuestas podrían afectar la liquidez real que manejan los gobiernos locales, siendo que ya, en muchos de ellos, la situación es deficitaria y presenta dificultades de recaudación”.
El informe añade que estas reformas agravarían las existentes deficiencias que sufren los municipios, como “cuantiosos y recurrentes superávits o déficits presupuestarios, sumas millonarias sin ejecutarse para la construcción de proyectos comunales y servicios destinados al desarrollo local”.
La CGR también cuestionó la idea de otorgar patentes provisionales, las cuales tendrían un plazo máximo de cuatro meses.
Para el órgano contralor, dicha propuesta no toma en cuenta las deficiencias municipales para vigilar que los patentados cumplan con sus deberes legales, por lo que sería complicado lograr una gestión efectiva.
Según el proyecto, presentado por el diputado liberacionista Roberto Thompson, durante los primeros tres meses de vigencia de la patente temporal, la persona deberá presentar los documentos necesarios para recibir la patente definitiva.
Con el fin de agilizar trámites, la municipalidad tendrá 30 días para responder esta solicitud; en caso contrario, se aplicaría el silencio positivo y se autorizaría la patente definitiva.
Al respecto, la CGR explicó que el silencio positivo no se puede considerar como una mera autorización para simplificar los trámites, sino que requiere estudios para poder aplicarlo.
El proponente del proyecto, Roberto Thompson, dijo que no ha revisado el documento de la CGR, pero manifestó que “será muy importante hacerlo (cambios al texto) con el propósito de mejorar la propuesta. Siempre existe margen de incorporar aportes y hasta eventualmente plantear un texto sustitutivo”.
En cuanto a la estructura de la iniciativa de ley, el criterio contralor es que “se observa una ausencia de una correcta técnica legislativa, ya que no existe congruencia entre el título, la exposición de motivos y el articulado”.
Esta iniciativa, tramitada bajo el expediente 21.839, se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Municipales.