La Contraloría General de la República (CGR) advirtió de serios riesgos en un proyecto de ley que, al calor de la emergencia del coronavirus, pretende liberar a las municipalidades de diversos topes que le ponen freno al gasto público, incluyendo un escape indefinido de la regla fiscal.

El expediente 21.922, propuesto por la diputada liberacionista María José Corrales, fue impulsado por 40 diputados e incluido por el presidente Carlos Alvarado en la agenda de sesiones extraordinarias, las cuales concluyen el 30 de abril.

El plan se presenta como una “herramienta para la gestión financiera” de las municipalidades por el estado de emergencia, pero la CGR encontró “temas que van más allá de la necesaria atención del acontecimiento”, como reformas que debilitan el control interno y la transparencia en la operación municipal.

Según un criterio de la Contraloría, el artículo 11 del texto eximiría a las municipalidades de cumplir con la regla fiscal, un mecanismo incluido en la reforma fiscal del 2018 para limitar el crecimiento del gasto público si las condiciones económicas del país y la situación de la deuda pública son adversas, como ocurre actualmente.

Para este año, por ejemplo, el tope de crecimiento es de un 4,67% en el gasto corriente, lo que incluye salarios, transferencias y servicios.

La Contraloría recordó que el espíritu de la regla fiscal es materializar el principio constitucional de sostenibilidad de las finanzas públicas, es decir, que el gasto estatal esté realmente financiado, lo que es fundamental para asegurar a continuidad de los servicios.

El problema es que este proyecto, señala la CGR, ni siquiera hace una estimación mínima de las reducciones de ingresos que podrían sufrir las municipalidades, tanto por la desaceleración económica como por la moratoria de impuestos municipales que el mismo texto plantea, frente a los incrementos de gastos que a la vez permitiría.

Además, dice el criterio, tampoco toma en cuenta que, por consecuencia de la emergencia, algunas partidas presupuestarias de las municipalidades ya no serán necesarias, como las destinadas a realizar actividades. En otras palabras, pretende subir el gasto sin contemplar que existen posibilidades de ahorro.

“Una exclusión definitiva de los gobiernos locales y sus dependencias de la aplicación de la regla fiscal, sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios, podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo, sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objetivo de esta propuesta”, sentenció la Contraloría.

Más gasto administrativo sin justificación

La propuesta busca que, durante el 2020 y el 2021, las municipalidades y los concejos municipales de distrito puedan sobrepasar las reglas que le ponen límite al gasto administrativo.

El plan permitiría a las municipalidades aumentar de un 10% a un 40% el dinero del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pueden destinar a rubros administrativos.

Además, pretende subir de un 40% a un 50% el porcentaje de ingresos ordinarios que las municipalidades pueden destinar a gastos administrativos, según el artículo 102 del Código Municipal.

“No se encuentra la motivación para aumentar los gastos administrativos o generales en la atención de la emergencia, siendo que la prioridad sería orientar los recursos hacia los servicios de atención y en menor grado en partidas asociadas a gastos administrativos o generales, respecto de las cuales incluso podría presentarse un ahorro debido a las medidas de distanciamiento social y teletrabajo”, señala la Contraloría.

A la vez, el proyecto permitiría a las municipalidades crear "nuevas plazas, siempre y cuando estas sean de carácter urgente y temporal y estén relacionadas con la emergencia o la prestación de los servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerios”.

Al respecto, la CGR opinó que estas nuevas plazas deberían tener una justificación acorde con la emergencia "para evitar cualquier tipo de gasto innecesario de recursos”.

“Preocupa a la Contraloría General de la República que las normas que se pretenden aprobar, en este proyecto de ley, carezcan de elementos mínimos de discusión como datos, estimaciones, análisis o respaldo técnico que sustenten las posibles reducciones de ingresos y el incremento de los gastos, información vital para la toma de decisiones en momentos de crisis y de frente a los escasos recursos disponibles", continúa el criterio.

La CGR llamó la atención de los legisladores para que “consideren integralmente los impactos en materia de desequilibrios presupuestarios, así como la contribución de las medidas propuestas por los gobiernos locales en la atención de la emergencia por el covid-19”.

"Además, se recuerda que la disciplina fiscal es buena compañera de la generación de resultados para las comunidades”, agregó la Contraloría en su pronunciamiento.

Las moratorias

El proyecto introduciría moratorias hasta de nueve meses (tres trimestres) en impuesto de patentes por actividades lucrativas, de tasas, precios públicos, servicios municipales y tarifas de arrendamientos

También, el plan beneficiaría a quienes alquilen locales en mercados municipales, siempre que demuestren una afectación del 20% en sus ganancias.

Asimismo, se permitiría a los contribuyentes negociar arreglos de pago, con plazos hasta de 24 meses, sobre sus obligaciones municipales.

Quien posea una licencia de patente podrá solicitar a la municipalidad la suspensión de esta hasta por un año y no pagar el impuesto correspondiente en caso de emergencia. Podrá pedir la reactivación de la licencia en cualquier momento, y a partir de ahí se reiniciaría el cobro.

El proyecto de ley también considera aplicar una excepción para que los municipios y concejos municipales no transfieran, en el 2020 y 2021, el dinero que recaudan del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y para la Junta Administrativa del Registro Nacional.

“Respecto a este punto no se hace referencia en la exposición de motivos, sobre su conexión o afectación por la pandemia del covid-19. Tampoco se pondera el plazo tan extenso, que asciende a dos ejercicios económicos, 2020 y 2021”, replicó la Contraloría.

Además, la iniciativa de ley autorizaría a los bancos estatales y al Banco Popular a negociar una readecuación de as deudas que tengan los gobiernos locales con estas instituciones en las condiciones de los créditos vigentes.

La CGR consideró “importante” consultar a las entidades financieras sobre ese asunto, de manera que se vislumbren las posibles afectaciones que acarrearía esa disposición, principalmente sobre la capacidad de endeudamiento de las municipalidades.

Propuesta inconcebible

Otro artículo del proyecto autoriza a las municipalidades a realizar contrataciones sin necesidad de usar la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), “siempre y cuando estas contrataciones estén estrictamente relacionadas con la atención de la emergencia nacional producto del COVID-19”.

Para la Contraloría, esa propuesta no explica cómo la situación actual amerita excluir a las municipalidades de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa para realizar su aprovisionamiento de bienes y servicios, al tiempo que se contrapone a la Constitución Política.

El artículo le parece “inconcebible” a la CGR, en vista de que existen mecanismos legales para hacer compras de emergencia, además de que el monitoreo público que provee una herramienta como el SICOP “genera un efecto de alivio social” en términos de transparencia en medio de una emergencia.

Diputada justifica necesidad del plan

La diputada María José Corrales afirmó que “es necesario flexibilizar el sistema de gastos municipales ante la imperativa necesidad de asumir los gastos que se asocian a la emergencia”.

Alegó que, al tiempo que la recaudación de tributos bajará, los ayuntamientos están asumiendo por cuenta propia gastos adicionales para atender la crisis, como la coordinación de comités locales de emergencia, el cierre de espacios públicos y la desinfección de estos.

La legisladora citó también labores de entrega de medicamentos y asistencia a poblaciones vulnerables.

En criterio de la liberacionista, se requiere “fortalecer y flexibilizar el gasto administrativo para este año y el próximo, de manera que la labor operativa no se vea afectada en detrimento de la calidad de vida de los habitantes en los cantones”.

‘Resistencia a liberar límites de gasto’

Mario Redondo, alcalde electo de Cartago, se mostró de acuerdo con una parte del proyecto de ley; específicamente, el relativo a las moratorias.

No obstante, dijo ser “resistente” a la ampliación del gasto y, más bien, opinó que la coyuntura generada por la emergencia del covid-19 supone un desafío para las municipalidades en términos de reinvención.

“Creo que es necesaria una ley para dar un tratamiento especial a los patentados y a los usuarios de los servicios públicos”.

“Por lo general, yo soy resistente a liberar límites de gasto, entonces no estoy convencido aún de que eso sea necesario y conveniente. Por el contrario, creo que este es un momento para que las municipalidades se reinventen y que disminuya el gasto administrativo y se hagan mucho más eficientes”.