Las nuevas propuestas para reformar la Constitución Política no han encontrado apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa.
A pesar de que el 4 de junio los jefes de fracción acordaron que evaluarían impulsar una pronta lectura en el plenario de tres proyectos, las bancadas aún no alcanzan consenso para avanzar en su trámite.
Estos textos consisten en elevar a rango constitucional el principio de paridad de género, reducir el aporte estatal a los partidos políticos, y convertir el Estado costarricense en laico.
Los primeros dos expedientes fueron presentados por las diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez y Carolina Hidalgo. El plan de Estado laico lo propuso María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y también es apoyado por la fracción del PAC.
Enrique Sánchez, jefe del PAC, afirmó que la agrupación pretende en los próximos días colocar los tres proyectos en agenda, gestión que requiere el apoyo de 38 de los 57 legisladores.
“El asunto es que para poder incluirlos en agenda y votar la moción de posposición para que se les haga la primera lectura, se necesitan 38 diputados. Entonces, prácticamente con que una fracción o dos no estén de acuerdo con incluir alguno de los textos, no se logra”, explicó Sánchez.
La primera de tres lecturas es el paso inicial de un extenso proceso que deben enfrentar las reformas constitucionales. Para modificar la Carta Magna, también se requieren cinco debates, en dos legislaturas diferentes.
El Partido Liberación Nacional (PLN), que cuenta con la bancada mayoritaria, había expresado su oposición a la reforma de paridad de género, la cual modificaría los artículos 1, 9, 33 y 95 de la Constitución Política.
El jefe del PLN, Luis Fernando Chacón, indicó el 8 de junio que el expediente “obliga a la paridad de género en el nombramiento de órganos uninominales y plurinominales. Los puestos de alcaldía, por ejemplo, que son uninominales, tendrían que garantizar la paridad de género, no solo en la fórmula, sino que si equis cantón elige un hombre, en cuatro años tiene que elegir una mujer”.
“Nos parece que en esos puestos es un tema de fuerza política local, más que de una imposición de género”, dijo Chacón.
El diputado también anunció la oposición a darle trámite al plan de Estado laico, debido a que la fracción se iba a tomar “el tiempo suficiente para conocer el fondo de esta reforma”.
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Aunque este texto fue presentado por una socialcristiana, la misma subjefa del PUSC, Shirley Díaz, manifestó que había temas más importantes en la discusión nacional, como la pandemia de la covid-19.
La fracción del PUSC señaló no haber definido posiciones aún frente a estos proyectos.
“En la reunión de jefaturas de fracción de la semana pasada no se llegó a ningún acuerdo para avanzar en el Plenario con el trámite de ninguna de esas reformas, por lo que en la fracción del PUSC el tema todavía está abierto y en discusión”, afirmó Díaz.
La socialcristiana agregó que el partido pretende avanzar con otras reformas, como la presentada en el 2018 por la ahora independiente Ivonne Acuña, que busca cambiar el artículo 21 de la Constitución para que diga: “La vida humana es inviolable desde la fecundación”.
Sobre el plan para cambiar el financiamiento de partidos políticos, Enrique Sánchez aseguró que existe total apoyo de las fracciones, sin embargo, este no ha avanzado porque su intención es que se lean varias reformas juntas.
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Dicha iniciativa establecería que una parte de los recursos se distribuya de forma equitativa entre las agrupaciones en campaña política mediante el “financiamiento directo”.
Esto significaría que el Estado brinde acceso a los partidos a medios de comunicación y otros servicios.
Asimismo, la deuda política bajaría del 0,19% del producto interno bruto (PIB) al 0,11%.
La Nación intentó conocer la posición del PLN sobre este proyecto, no obstante, al cierre de edición no hubo respuesta.