Política

Programa para proteger bosques quedó eximido de la regla fiscal

Ley que libera de esa norma al programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) fue publicada en ‘La Gaceta’ el pasado viernes.

El programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) quedó oficialmente liberado del cumplimiento de la regla fiscal con la publicación, en el diario oficial La Gaceta, el pasado viernes, de la ley aprobada por la anterior Asamblea Legislativa con ese propósito.

Dicho mecanismo, distinguido por el príncipe William de Inglaterra y la Royal Foundation con el Premio EarthShot, en octubre de 2021, debido a su positivo impacto ambiental, remunera a propietarios de grandes terrenos para que mantengan sus bosques o para que reforesten sus propiedades.

Solo meses antes, el Banco Mundial también había premiado a Costa Rica con $60 millones, pagados durante cinco años, como reconocimiento por la protección forestal y reducción de emisiones mediante el PSA.

Sin embargo, según argumentó la exdiputada Paola Vega, impulsora de la ley, a pesar de que el programa ha promovido la reforestación del territorio nacional y ha recibido galardones internacionales por su éxito, la regla fiscal dejaría sin protección miles de hectáreas, que actualmente están resguardadas con dicho esquema.

“Los efectos presupuestarios de los recortes relacionados con el contexto de la pandemia y la aplicación de la regla fiscal para el 2020 se estimaron en la desprotección de 17.152 hectáreas de cobertura forestal que, incluso, la cooperación internacional ha colaborado para que ese impacto no sea mayor.

“Es por estas razones que el PSA debería estar fuera de la aplicación de la regla fiscal, los rendimiento de cuidar nuestro patrimonio natural son mayores que los beneficios de mantenerse con restricciones presupuestarias”, declaró la excongresista en la justificación de su propuesta de ley.

Además de los límites que imponía la regla fiscal a este programa, la legislación que se mantiene vigente abre la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda tome recursos destinados a este programa para cumplir con otras obligaciones fiscales, debido a los altos niveles de endeudamiento del país.

Eso ocurre, por ejemplo, con parte de los recursos recaudados mediante el impuesto único a los combustibles dirigidos a financiar los programas ambientales.

De hecho, según el Programa del Estado de la Nación, Hacienda dejó de transferir, entre el 2017 y 2020, cerca de ¢8.585 millones que inicialmente fueron recaudado para la conservación de bosques.

De acuerdo con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), 92% de los recursos destinados a la protección de bosques y reforestación provienen del 3,5% que se cobra en el impuesto único a los combustibles. Otro 6% lo aporta la recaudación del canon al agua, y el restante 2% se obtiene por medio convenios o acuerdos con empresas públicas y privadas.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.

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