Aarón Sequeira.   21 agosto
Welmer Ramos (derecha, con saco negro) conversó este miércoles con sus compañeros de fracción Mario Castillo (izquierda) y Luis Ramón Carranza, luego de hablar ante el plenario legislativo. También aparecen las diputadas oficialistas Carolina Hidalgo (de negro) y Catalina Montero. Foto: Aarón Sequeira.

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) concluyó que el diputado Welmer Ramos González habría acelerado, cuando ocupó el cargo de ministro de Economía, reformas a los reglamentos de comercialización del cemento de forma inapropiada, en favor del importador Juan Carlos Bolaños.

Así lo señala dicho órgano en el informe AEP-INF-020-2019, de 81 páginas, entregado este miércoles por la tarde a los legisladores.

“A criterio de la Procuraduría de la Ética, el señor Welmer Ramos González pudo haber incurrido en una violación al deber de probidad normado en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, concluye la entidad.

En el documento, se establece que las actuaciones de Ramos “permiten considerar con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procedimental que (...) incurrió en apariencia en actuaciones inapropiadas dirigidas a impulsar, acelerar y materializar la reforma parcial del Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos”.

Además, el ente defensor de la ética pública indica que esa reforma era requerida en tiempo y contenido por el empresario Juan Carlos Bolaños para iniciar con el negocio de importación del cemento chino.

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Bolaños figura entre las 19 personas que el Ministerio Público investiga, entre otros, por el supuesto otorgamiento irregular de créditos del Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular para que Bolaños comprara de ese material.

Por otra parte, la PEP establece que Ramos realizó esas actuaciones “utilizando para ello el poder de influencia derivado del puesto ocupado respecto de funcionarios subalternos del MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio)”.

Dichas actuaciones las acometió el ahora legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), entre diciembre del 2014 y marzo del 2015, según la Procuraduría en su investigación preliminar.

Pero no solo eso. La PEP determinó que, entre octubre y diciembre del 2015, Ramos “cometió en apariencia otras actuaciones inapropiadas”, para acelerar el trámite del proyecto de reforma integral del Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos.

En esa ocasión, era de nuevo Bolaños Rojas quien requería las modificaciones reglamentarias para formalizar un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) a su empresa, Sinocem Costa Rica, y recibir un desembolso de ese préstamo.

La idea del importador cementero era importar y nacionalizar ese material para comercializarlo, pero tenía su actividad detenida desde octubre del 2015, precisamente esperando que se reformara el reglamento.

Para esa ocasión, la PEP considera que de nuevo Ramos uso el “poder de influencia asociado a su cargo respecto de funcionarios subalternos del MEIC”.

Básicamente, el informe determina que las “actuaciones en apariencia inapropiadas" del funcionario pueden considerarse contrarias a los deberes éticos de la función pública exigibles a él como funcionario público.

“En particular el deber de probidad normado en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", señala el documento.

Dudas sobre la objetividad y transparencia de Ramos

La información recopilada durante la investigación de la Procuraduría fue suficiente, según dice el documento, para “generar dudas razonables sobre la objetividad y transparencia del actuar del entonces ministro de Economía a la hora de impulsar, en el tiempo y la forma en que lo hizo, las reformas aprobadas en marzo y diciembre del 2015 al Reglamento Técnico”.

“Permite considerar como posible que el denunciado haya respondido a los intereses particulares del señor Juan Carlos Bolaños”, indica el informe AEP-INF-020-2019.

Por otra parte, la Procuraduría manifiesta que Ramos impulsó la reforma parcial al reglamento del cemento “como si se tratara de un asunto ‘urgente’, sin que mediaran motivos objetivos aparentes que lo justificaran”.

También insiste en que esa iniciativa del exministro coincidía con el momento exacto en que Juan Carlos Bolaños había formalizado su intención de iniciar con el negocio de importación de cemento con fines de comercialización.

“El funcionario denunciado circunscribió el contenido de la reforma parcial que propuso de inicio, exclusivamente a la eliminación del principal obstáculo al comercio de cemento que podía afectar los planes comerciales del empresario”, destaca el informe.

Igualmente, la reforma integral que también promovió Ramos González “fue apresurada por técnicos subalternos del MEIC de una manera atropellada en varias de sus fases, sin encontrar una explicación razonable".

“La aceleración del citado trámite, nuevamente, es coincidente con una necesidad específica del señor Bolaños Rojas, la pronta aprobación del nuevo reglamento técnico que le permitiría la reactivación del procedimiento de formalización y desembolso del crédito otorgado por el BCR”, indica el informe de la investigación.

Uso del poder e influencia

Entre los hallazgos de la Procuraduría, la entidad indica que el entonces ministro giró instrucciones a sus subalternos para que apresuraran la elaboración y trámite de las reformas, tanto parcial como integral, del reglamento del cemento, como si se tratara de asuntos urgentes, sin que hubiera motivos objetivos para tal apuro.

“Les pidió recortar plazos a un punto tal que se pusieron en riesgo e irrespetaron etapas trascendentes del procedimiento para la emisión de reglamentos técnicos regulados en el ordenamiento jurídico”, dice el documento.

Por ejemplo, la confección del proyecto de reforma parcial aparentemente ocupó solo un par de días hábiles, además de que el entonces ministro redujo a un día hábil el plazo que le dio al Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) para revisar y emitir un criterio técnico, tanto de la reforma parcial como de la integral del proyecto de reglamento técnico.

También, Ramos les instruyó a publicar el anuncio de la consulta pública de dicho reglamento sin que hubiera vencido el plazo de consulta de ese órgano.

A criterio de la Procuraduría, el ahora diputado pudo contrariar el deber de probidad ante la posibilidad de que haya actuado respondiendo a intereses particulares de Juan Carlos Bolaños.

Eso se refuerza, según la PEP, porque Ramos instruyó a los encargados de preparar la propuesta de reforma parcial al reglamento que trabajaran junto con funcionarios del Departamento de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.

Dicha petición sucedió luego de que ya se tenía un texto definido por los especialistas en reglamentación técnica del MEIC y de que habían ocurrido las reuniones entre Bolaños y el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el entonces asesor jurídico de Zapote, Marvin Carvajal.

Es más, las modificaciones aplicadas al texto que habían definido los especialistas del MEIC correspondieron en su mayoría “a contenidos que venían siendo objetados por Bolaños Rojas”.

Tales modificaciones, además, se dieron en el periodo en que hubo comunicación entre los subalternos de Ramos en Economía y los funcionarios de la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial.

Por otra parte, Ramos firmó el decreto ejecutivo 38907-MEIC a pesar de que incluía una modificación que no había sido preparada por los técnicos de ese ministerio y con la que ellos no estaban de acuerdo.

La Procuraduría de la Ética determinó, al revisar correos enviados por Ramos a sus entonces subalternos y entrevistas con ellos, que el exministro tuvo actuaciones que no respondían a las exigencias de prudencia, seriedad, responsabilidad y rectitud que debía acatar conforme al deber de probidad.

“Es reprochable que el servidor Welmer Ramos haya ordenado que se indicara en los correos electrónicos citados que se brindaba un plazo de un día a los miembros del ORT para revisar y rendir su criterio técnico, haciendo hincapié en que se obedecía instrucciones de la Presidencia de la República y del propio ministro”, dice el informe.

La Procuraduría, entonces, considera que esa era evidentemente una indicación que pretendía presionar a los integrantes del órgano de reglamentación para que aceptaran la situación, en razón de la jerarquía de las autoridades que lo pedían.