Un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) revivió la comisión gubernamental que sirve de consultora para negociar convenciones colectivas en el sector público y que, en el gobierno anterior, funcionó para denunciar y revisar algunos cláusulas laborales abusivas.
La Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público fue creada en el 2001 mediante un decreto presidencial. Su principal función es emitir criterios técnicos y políticos para la negociación de las condiciones que tienen los empleados públicos.
Sin embargo, un criterio legal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) concluyó que dicha comisión debía desaparecer con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral.
Durante el gobierno anterior, este órgano se encargó de revisar y renegociar convenios como los de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
No obstante,entre julio del 2017 y abril del 2018, dejó de operar esta comisión integrada por autoridades especializadas como Hacienda, Servicio Civil y Presidencia.
Por nueve meses, el gobierno perdió la posibilidad de recurrir a esta comisión por un criterio legal del Ministerio de Trabajo, que es la autoridad rectora en convenciones colectivas.
De acuerdo con los asesores jurídicos del MTSS, la Reforma Procesal Laboral derogó el Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público.
En la reforma, los diputados no incluyeron la comisión, por lo que el Ministerio interpretó que esta dejaba de existir.
"Consideramos que la Comisión debe desaparecer a partir de la vigencia de la reforma y, como es lógico, no podrá ejercer como consultor en los procesos de negociación consultiva que involucre instituciones públicas", concluyó el pronunciamiento DAJ-AER- OFP-178- 2017, del MTSS.
"Al existir una nueva norma que reúne e incluye de manera especial los mismos temas que regula el reglamento de marras, y que a su vez excluye la aplicación de la Comisión citada, somos del criterio que la intención del legislador fue precisamente derogar tácitamente esa figura", añade.
Sin embargo, ante la duda, el MTSS consultó a la Procuraduría que determinó que el decreto quedó parcialmente derogado por la nueva ley, pero que no se derogó expresamente la existencia de la comisión.
Este órgano recibe las solicitudes de renegociación de las convenciones y define las políticas del proceso tomando en cuenta las posibilidades legales y presupuestarias. Además, cuenta con la asesoría jurídica de la Procuraduría General de la República.
En la comisión, los jerarcas de Hacienda, Servicio Civil y Presidencia dan recomendaciones a los negociadores, patronos y sindicatos, sobre los lineamientos del convenio, según explicó la viceministra del Área Laboral del Ministerio de Trabajo, Nancy Marín.
"Con la entrada en vigencia de la reforma en julio de 2017, la dirección de Asuntos Jurídicos señaló que esa comisión deja de existir", señaló la jerarca, quien reiteró que las instituciones tienen autonomía para negociar las convenciones colectivas.
"Esa comisión existía mucho antes de esta administración y, aún así, las convenciones no fueron negociadas a la baja. Podría ser una herramienta, pero hubo administraciones que no la usaron con esos fines", señaló la viceministra.