La Procuraduría de la Ética Pública reclamará ¢66,4 millones al exdiputado de Renovación Costarricense, Abelino Esquivel, a su esposa y a su hermana, investigados por delitos de corrupción.

A ellos se les atribuye haber exigido parte del salario a tres de sus asesores en el despacho que ocupó el congresista de 2014 a 2018.

Así lo confirmó la Procuraduría este domingo a La Nación, tras una publicación de Noticias Monumental.

Del reclamo, ¢60 millones corresponden al daño social y ¢6,4 millones por daño patrimonial.

Por el primero, producto de los presuntos hechos de corrupción, la Procuraduría cobrará ¢30 millones a Esquivel, ¢15 millones a su esposa, Xinia Cortés, y otros ¢15 millones a Wray Esquivel, hermana del excongresista.

Si son condenados, los tres tendrán que pagar los intereses que generen esos ¢60 millones. Estos se calcularán desde el momento en que sean verificados los hechos hasta que se haga efectiva su cancelación.

Además, tanto Esquivel como su esposa y su hermana deberán correr con los costos del proceso civil que se lleve en su contra.

En tanto, por daño patrimonial, la Procuraduría calculó un monto de ¢6,4 millones para los tres demandados.

Este última cifra responde a “los salarios mensuales devengados, así como al pago por concepto de aguinaldo y salario escolar recibidos mientras Xinia Cortés estuvo nombrada en las plazas de confianza en el despacho del exdiputado, y a cuyo puesto nunca se presentó a laborar”, asegura la entidad.

El origen de la denuncia

En junio del 2018, la misma Procuraduría denunció al exlegislador bajo el supuesto de que, siendo diputado, les exigía parte del salario a tres de sus asesores de despacho.

Asimismo, le achacó haber gestionado el nombramiento de su esposa como asesora, aunque ella no se presentaba a trabajar.

Los cargos por los cuales la entidad denunció a Esquivel y a sus familiares son enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y concusión.

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En abril de ese mismo año, tres empleados del exdiputado denunciaron que el legislador los obligó, durante varios meses desde el 2017, a entregarle a él una parte de sus salarios.

Se trata de los asesores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez, quienes le habrían entregado a Esquivel un monto fijo, todos los meses, por imposición y sin ninguna explicación.

Marín tenía que darle al diputado ¢50.000 al mes, a Rodríguez le quitaban ¢125.000 y a Oconitrillo, ¢400.000; en total, se trataba de ¢575.000 mensuales.

Así lo había revelado el medio digital Pulso.

La audiencia preliminar sobre el caso será el 23 y 24 de mayo, en el Juzgado Penal de Goicoechea, comunicó la Procuraduría.

Otra causa pendiente

Aparte de esta denuncia, el exlegislador de Renovación Costarricense enfrenta una acusación por el delito de tráfico de influencias, al haber intentado sacar de la cárcel a un pastor que descuenta prisión por violar a una menor de edad.

La acusación la presentó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 12 de diciembre del 2018. Le corresponde al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dar respuesta a la solicitud.

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