EscucharEn un criterio remitido a la Asamblea Legislativa, el pasado 7 de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR) no objetó el proyecto de ley que impediría al presidente de la República nombrar discrecionalmente al procurador general. No obstante, pidió a los diputados ajustar el texto.
La norma actual establece que este jerarca es propuesto por el Consejo de Gobierno, pero debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa para ejercer durante seis años. No obstante, la ley agrega que, si el Congreso rechaza dos veces los nombres propuestos por Casa Presidencial, en la tercera ocasión el órgano encabezado por el mandatario podrá nombrarlo directamente sin ratificación legislativa.
El proyecto de ley impulsado por los diputados Danny Vargas y Eliécer Feinzaig, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP), eliminaría esa última posibilidad, con lo cual, la ratificación de la Asamblea Legislativa continuaría siendo un requisito.
Al analizar esta reforma, la Procuraduría señaló: “Reconocemos que es un aspecto de discrecionalidad legislativa, propio y exclusivo de ese Poder de la República; el cual, ante una necesidad determinada del cuerpo social, puede escoger la solución normativa o regla de Derecho que estime más justa, adecuada o idónea para satisfacerla, dentro de un abanico o pluralidad de opciones válidas”.
El Congreso aprobó, el 6 de marzo anterior, dispensar de todo trámite la iniciativa de ley; se opusieron los diputados del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Para nombrar al futuro procurador general, el Gobierno de Rodrigo Chaves ha hecho dos postulaciones. Primero propuso a Cristian Arguedas Arguedas, no obstante, el abogado declinó.
Luego, propuso a Iván Vincenti Rojas, ex viceministro de Ambiente y Energía de la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y exprocurador administrativo. Ese planteamiento ya llegó a la Asamblea.
Los cambios sugeridos
El órgano procurador hizo varias observaciones en cuanto a la redacción del proyecto y sugirió a los diputados hacer cambios vía moción.
En el párrafo referido al proceso de remoción del procurador general, la PGR recomendó eliminar la frase “si su nombramiento hubiese sido ratificado la Asamblea”. El criterio considera esa parte resultaría “anacrónica e incongruente” debido a que, con la reforma, queda claro que el procurador general siempre será ratificado por la Asamblea Legislativa “y en consecuencia, su destitución también deberá serlo sin excepción”.
Además, sugiere dejar en claro que, en caso de ausencia del procurador general y del procurador general adjunto, la institución la dirigirá el Procurador con más años de servicio.
Esa disposición ya existe, pero fue omitida en el proyecto.
En criterio del abogado del Estado, ajustar esta parte constituye “una salvaguarda de continuidad del servicio público o del funcionamiento de la Procuraduría General ante situaciones anormales de ausencia temporal o definitiva de los jerarcas institucionales.
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En relación con la redacción del artículo 12 de la Ley Orgánica de la PGR, el órgano procurador recomendó eliminar la frase que dice que el procurador general adjunto “tendrá las mismas inmunidades y prerrogativas” del procurador general, debido a que un fallo de la Sala IV declaró inconstitucional esa norma que les atribuía las inmunidades de los miembros de los supremos poderes.
Estas observaciones fueron enviadas al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y a los jefes de las fracciones parlamentarias.
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Un proyecto de ley eliminaría discrecionalidad del presidente de la República y Consejo de Gobierno para nombrar directamente al procurador general en el tercer intento. Foto: (Cristina Solís)
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