La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se apersonó como víctima, ante la Fiscalía General de la República, en caso de que avance una investigación sobre el funcionamiento de una oficina de análisis de datos de la Casa Presidencial.
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, le pidió a la Fiscalía hacer un peritaje técnico de las bases de datos que manejó la oficina asesora del presidente Carlos Alvarado.
La solicitud surgió luego de que, el viernes, trascendiera que un decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) pretendía darle acceso a datos confidenciales en manos de las instituciones públicas. El mandatario derogó el decreto ante las críticas.
La Procuraduría de la Ética informó de que su apersonamiento obedece al caso del “aparente acceso a datos o información sensibles y/o confidenciales de los ciudadanos”.
“El apersonamiento, en condición de víctima, le permite a la PEP participar en la investigación penal aportando pruebas y ejerciendo las acciones civiles que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que se estimen pertinentes, en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública”, informó la institución.
Con este paso, la PEP también tendrá acceso al expediente de la causa 20-5433-42-PE que tramita la Fiscalía General y el cual es contra ignorado, es decir, aún no se señala un posible responsable.